Google acaba de constatar la sabiduría del refranero, y tras ver las barbas de Apple pelar, ahora debe poner las suyas a remojar. Un grupo formado por los fiscales de 36 estados de Estados Unidos y el correspondiente a Washington DC (que se considera territorio en lugar de estado) han demandado a la compañía de Mountain View alegando infracciones en las leyes que regulan la competencia con sus políticas de la tienda Google Play.
Según la demanda, Google controla el 90 % del mercado de las aplicaciones para Android, y desde esa posición de dominio ha ejecutado una serie de acciones para evitar la aparición de rivales. Entre estas artimañas estarían la imposibilidad de descargar aplicaciones de tiendas de terceros desde Google Play, el bloqueo publicitario a dichas tiendas en el buscador de Google (donde aparecen, pero no pueden mostrar anuncios) y la imposibilidad de comprar publicidad en YouTube.
Tal vez de forma más arriesgada, relata Politico.com, Google también habría tomado medidas para evitar que la tienda de Samsung se afianzara y prosperara. Entre las alegaciones se indica que Google estaba lo suficientemente preocupada por la penetración de Samsung que llegó a ofrecer una suma de dinero indeterminada y una comisión posterior de las ventas de Google Play si el fabricante surcoreano dejaba de comprar los derechos para distribuir en exclusiva juegos como Fortnite, que de una forma u otra se encuentra en el ojo del huracán. Aunque ambas partes llegaron a reunirse, las negociaciones no llegaron a buen puerto.
La Coalition for App Fairness, que aglutina a empresas como Epic, Basecamp y Tile para coordinar las presiones de dichos desarrolladores para que Apple abandone sus actuales comisiones, ha mostrado su apoyo a la demanda a través de un comunicado donde asegura que las tiendas de aplicaciones llevan mucho tiempo haciendo y deshaciendo a placer.
Google, por su parte, ha respondido que la demanda "ignora la capacidad de elección" y que Google Play compite "justamente" con sus rivales, contribuyendo a la creación de empleos y reduciendo los gastos de desarrollo al evitar múltiples procesos de certificación y testeo.
