Los proveedores de servicios de la Unión Europea podrán monitorizar las comunicaciones en busca de pornografía infantil

Alejo I
Este pasado martes el Parlamento Europeo dio luz verde a una normativa que permitirá a los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas monitorizar los contenidos de las conversaciones que circulen por sus sistemas con el propósito de detectar y eliminar pornografía infantil. La medida, bautizada por sus detractores como Chatcontrol, tiene carácter temporal (durará tres años) mientras se desarrolla una legislación más completa.

La medida, que fue aprobada por abrumadora mayoría (537 votos a favor, 133 en contra y 24 abstenciones) y entrará en vigor tras su próxima aprobación por el Consejo Europeo, ha generado una polémica considerable entre las organizaciones que velan por los derechos y la privacidad de los usuarios de Internet, puesto que en la práctica supone dar carta blanca a los operadores para esquivar las directivas relacionadas con la protección de las comunicaciones.

Del texto se desprende que la interceptación de conversaciones por medios electrónicos por parte de las empresas no se realizaría mediante métodos humanos sino usando tecnologías de filtrado como reconocimiento automatizado de imágenes o comprobaciones de hashes (algo que ya utilizan redes sociales como Facebook), pero también otros métodos que permitirían detectar no ya fotografías o vídeos, sino conversaciones como las utilizadas en el grooming.

Este tipo de herramientas basadas en algoritmos son imprescindibles para acelerar las operaciones y garantizar un cierto nivel de privacidad, pero si se utilizan de forma indebida podrían conducir a investigaciones y sospechas infundadas.

El Partido Pirata ha mostrado su rechazo frontal a la medida, que considera la primera ley europea de vigilancia masiva y que plantea interrogantes importantes en aspectos como la aparición de falsos positivos y el uso de listas de criminales o sospechosos con países fuera de la Unión Europea. Por su parte, la nota de prensa del Parlamento indica que la medida es de aplicación voluntaria y que las autoridades de protección de datos de cada país supervisarán las tecnologías implicadas en los procesos de detección.