Las quejas de los consumidores que sin saberlo han comprado objetos o mejoras en los títulos free-to-play se han vuelto bastante comunes, hasta el punto que la Comisión Europea (CE) va a tomar cartas en el asunto. La CE se ha reunido esta semana con Google, Apple y las autoridades nacionales responsables del cumplimiento de la legislación a fin de repasar sus preocupaciones sobre la protección al consumidor en este mercado.
“Debemos proteger mejor a los consumidores, y en particular a los niños, contra los costes inesperados resultantes de las compras integradas en las aplicaciones”, dijo el Comisario Neven Mimica, responsable de Política de los Consumidores. “Las autoridades nacionales responsables de velar por el cumplimiento de la legislación y la Comisión Europea estudian con la industria la manera de abordar esta cuestión, que no solo causa un perjuicio económico a los consumidores sino que puede comprometer la credibilidad de este mercado tan prometedor. La identificación de soluciones concretas lo antes posible traerá ventajas para todos”.
Los estados miembros junto a la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC) han publicado una lista (pdf) de posiciones comunes sobre el tema, donde se afirma que: “El uso de la palabra ‘free’ [gratis] como tal, y sin ningún tipo de cualificación adecuada, solo se autorizará para los juegos que son realmente gratuitos en su totalidad, o en otras palabras que no contengan la posibilidad de realizar compras dentro de la aplicación”.
Más allá de eso la Comisión Europea y la CPC quieren que los títulos no inciten directamente a los niños a que compren elementos de un juego o persuadan a un adulto para que se los compre. Además, las compras integradas en la aplicación no deben cobrarse automáticamente por defecto sin el consentimiento expreso del usuario, y en todas las aplicaciones deberá figurar un correo electrónico para que los consumidores puedan contactar con los desarrolladores en caso de preguntas o quejas.
Según la Comisión Europea el objetivo es pedir a la industria que se comprometa a ofrecer soluciones en un plazo determinado, y que garantice una protección adecuada de los consumidores que utilizan estas aplicaciones.
