La anunciada reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos y varios representantes de la industria del videojuego tuvo lugar la pasada madrugada, dejando a su término aproximadamente la misma vaga impresión que causó tras su apresurada programación.
El presidente Trump había expresado públicamente su preocupación acerca del papel de los videojuegos en incidentes violentos pocos días después del reciente episodio de Parkland, Florida, reavivando una conversación que se ha agotado numerosas veces durante anteriores administraciones y que contribuyó hace décadas a la puesta en marcha del sistema de clasificación por edades ESRB.
El asesino de Parkland empleó un rifle para matar a 14 de sus excompañeros y a tres miembros del personal de la escuela pública de la que había sido expulsado meses antes, hiriendo con sus disparos a otras 17 personas. Antes de cometer los hechos el joven, de 19 años, había hecho saltar las alarmas en el entorno de la escuela y del departamento de menores de su estado por sus preocupantes declaraciones en redes sociales y a las amenazas a sus compañeros, factores que no le impidieron adquirir legalmente un arma de fuego en febrero de 2017
Desconfianza inicial en la ESA
Además de poner en duda las intenciones de una reunión que se anunció públicamente días antes de notificar a sus supuestos asistentes, representantes de la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA) y otros miembros de la industria criticaron la búsqueda cíclica de una relación directa entre violencia en los videojuegos y violencia en la vida real. Uno de los argumentos más habituales de los críticos más vocales de la iniciativa estriba en la disponibilidad de los mismos videojuegos en todo el mundo y la práctica limitación al territorio de los Estados Unidos de este tipo de incidentes.
A la reunión asistieron la presidenta del ESRB Patricia Vance, el presidente de la ESA Mike Gallagher y los consejeros delegados Strauss Zelnick (Rockstar Games) y Robert Altman (Zenimax e indirectamente Bethesda) como representantes de la industria. En el lado de los consejeros se encontraban conservadores como Melissa Henson (dedicada a proteger los valores familiares frente a contenidos televisivos lascivos), el teniente coronel Dave Grossman (instructor de tácticas militares para las fuerzas policiales) y el "vigilante de los medios" L. Brent Bozell junto a dos congresistas republicanos.
Según medios que pudieron entrevistar a los asistentes, la reunión se inició con un montaje de escenas violentas en títulos relativamente recientes, tras lo que el presidente preguntó "¿esto es violento, verdad?". A partir de ahí, la conversación se centró en las medidas que los miembros de la industria podrían tomar por su cuenta para regular de forma más estricta sus contenidos, incluyendo la posible revisión del peso que tiene en el ESRB la presencia de violencia.
La autorregulación de la industria sigue vigente
Aparentemente en el orden del día no se contemplaban medidas que el gobierno del país pudiese tomar para participar en estos mecanismos de regulación, una propuesta que habían recuperado tras el anuncio de la reunión los partidarios más vocales de la censura institucional, pero que choca frontalmente con el mismo muro que protege a los productores de contenidos literarios o cinematográficos: los videojuegos son arte según el Tribunal Supremo y por tanto están sujetos a las provisiones de la Primera Enmienda.
Tampoco se tocó la para algunos escabrosa relación entre la industria del videojuego y los fabricantes de armas de fuego que conduce a una mutuamente beneficiosa promoción cruzada en los títulos que reproducen modelos reales.
Para los representantes de la industria del videojuego, la reunión proporcionó una oportunidad más para esgrimir los varios estudios científicos que no han podido encontrar una relación entre los videojuegos y la violencia en la vida real. Sin haber llegado a ningún acuerdo concreto, el encuentro concluyó con la esperada falta de conclusiones dejando la puerta abierta a posibles conversaciones posteriores entre gobierno e industria.
