Apple y Samsung han tenido el honor de ser los primeros fabricantes del mundo en recibir una multa por obsolescencia programada. El responsable del castigo ha sido la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), organismo italiano que ha inicios de este año puso en marcha dos investigaciones separadas para determinar si Apple y Samsung había usado actualizaciones para reducir el rendimiento de sus teléfonos. Las pesquisas han terminado y ambos fabricantes han sido sancionados.
La AGCM impone a Apple una multa de 5 millones de euros por los problemas que sufrieron los iPhone 6 cuando se actualizaron a iOS 10. Esta versión optimizada para el iPhone 7 requiere de más energía, requisito que provocó apagados repentinos en varios modelos de iPhone 6. Para solucionarlo Apple lanzó una actualización (10.2.1) sin avisar de que su instalación reducía la velocidad del procesador, para así mantener la autonomía del terminal y evitar los apagones aleatorios.
De propina, Apple se ha llevado una segunda multa de 5 millones de euros por no haber informado correctamente a sus clientes sobre la duración de las baterías de sus teléfonos y ciertos factores que contribuyen a su deterioro.
El caso de Samsung, que también ha recibido una multa de 5 millones de euros, es similar al de Apple. La AGCM afirma que la compañía coreana distribuyó la actualización Marshmallow 6.0.1 de Android optimizada para el infame Galaxy Note 7, pero instó a los propietarios de un Galaxy Note 4 a instalarla sin avisar de posibles problemas debido a la mayor exigencia del nuevo software. El organismo afirma que los clientes afectados tuvieron que pagar los costes de reparación debido a que el Galaxy Note 4 (a la venta desde 2014) ya había superado los 2 años de garantía.
La conclusión de la AGCM es que Samsung y Apple violaron varios artículos del Código de los Consumidores italiano, "al proponer insistentemente la descarga de actualizaciones de software que sus dispositivos no podían soportar correctamente, sin informarles adecuadamente ni proporcionarles una forma efectiva de recuperar la plena funcionalidad de sus aparatos”. Apple pidió disculpas alegando un “malentendido” y ofreciéndose a cambiar la batería de los viejos iPhones fuera del periodo de garantía por 29 euros, cuando habitualmente cobra 89 euros.
En España, la FACUA pidió a la Fiscalía inspeccionar la ralentización de los iPhone, mientras que en Francia se investiga a los de Cupertino por fraude y obsolescencia programada.