Google News podría cerrar en España si se aprueba el canon AEDE

Ricardo Cambre
El conocido sobrenombre para el canon AEDE de "tasa Google" podría estar a punto de perder cualquier sentido en España. Según recoge El Mundo, Google podría cerrar su servicio de noticias en suelo español si se aprueba la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que entre otras medidas introduce el cobro de tasas a agregadores.

De cumplirse la advertencia, España sería el primer país democrático del mundo donde Google News cierra sus puertas. La decisión de los de Mountain View depende ahora de la conclusión del Pleno del Senado que debatirá mañana la aprobación de la reforma de la LPI.

El encontronazo de Google con la LPI se centra en el polémico artículo 32.2, que establece el pago irrenunciable de un canon por parte de los agregadores a los editores de contenidos, a modo de compensación por el uso de estos. Esta medida se ganaba una réplica del gigante de Internet a principios de año, recordando que News aumenta el tráfico hacia los sitios web y mejora la interacción con los lectores.

De hecho, según estimaciones de El Mundo, el cierre de Google News en España representaría un descenso del 10% en el tráfico de las grandes publicaciones y del 30% en el resto, afectando de forma directa a los ingresos publicitarios. La propia Google asegura que su servicio canaliza más de 10.000 millones de visitas a editores de noticias de todo el mundo.

Por otra parte, la AEDE expresaba el pasado mayo que el servicio de noticias de Google "impone a los editores estar presentes en Google News, pues no hacerlo condicionaría su ventana de visibilidad en los resultados generales del buscador". Asimismo, la asociación de editores manifestaba su desacuerdo con un informe de la CNMC que tilda al canon como una barrera de entrada para figurar en agregadores.

Mientras la LPI sigue de camino al Senado, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha presentado una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por no haber incluido el canon AEDE en el proyecto de ley consultado a Bruselas.
Fuente: El Mundo