La promesa de cubrir toda España con una red de fibra óptica mediante inversiones millonarias no es nueva, pero hasta ahora siempre había llegado desde la administración pública. Hoy es Telefónica, el sector privado, quien anuncia una propuesta para un Pacto Digital que presenta el compromiso de cubrir la totalidad del territorio español con su red de fibra óptica. Veremos si tenemos más suerte. La hoja de ruta del operador también incluye encabezar la implantación del 5G.
“En 2025 Telefónica habrá cubierto de fibra óptica el cien por cien de España y, además, ejercerá el liderazgo internacional en implantación de la tecnología 5G”, dice José María Álvarez Pallete, presidente ejecutivo de Telefónica. “Es nuestro compromiso, nuestra forma de servir a la sociedad". No estamos ante una promesa baladí ni sencilla de cumplir, especialmente si tenemos en cuenta la brecha digital que existe en España y los cientos de pequeños pueblos donde llevar fibra puede no ser rentable.
Sin embargo, el cambio de discurso es sustancial. En 2017 César Alierta, el para entonces presidente de Telefónica, dijo que el operador “no es una ONG” y afirmó que no existía la intención de llevar fibra óptica al 100 % de la población.
Para Telefónica la digitalización de todo el país, incluyendo la sociedad, pymes, autónomos y Administraciones públicas, es “esencial” para reactivar la economía y “reconstruir la vida”. Telefónica estima que la reinvención digital de España podría tener un impacto anual de aproximadamente el 1,8 % del PIB hasta 2025. “Las redes de nueva generación, fibra y 5G se revelan como críticas y un elemento crucial para avanzar hacia sociedades y economías digitales y sostenibles”, dice la compañía.
Sin embargo, en 2020 Telefónica sigue sin ser una ONG. El operador afirma que el acuerdo europeo alcanzado el 21 de julio y que concede a España 140.000 millones de euros del fondo de recuperación, “asigna un papel crítico a la transición verde y digital dentro de la recuperación económica y social europea”. Además, Telefónica no pierde la ocasión para pedir “una competencia justa mediante la modernización de los marcos fiscales, regulatorios y de competencia”. Es decir, atar en corto mediante la ley, obligaciones e impuestos a compañías como Google.