Hace algo menos de dos años el Gobierno de España aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, un texto en el que se especificaba la obligatoriedad de superar los 16 años para poder registrarse en redes sociales. Con esta medida ha sucedido a grandes rasgos lo mismo que con el controvertido (y desaparecido) sistema de verificación de edad para acceder a pornografía, pero hoy, Pedro Sánchez ha retomado esta iniciativa concreta como parte de un sistema de control digital más extenso.
Según ha señalado Sánchez en plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos, que se celebra en Dubái y reúne a jefes de estado y de gobierno de todo el mundo, próximamente se aprobarán en España una serie de medidas destinadas a proteger a la infancia en Internet. Uno de los puntos más destacados será la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, para lo cual se exigirá a las plataformas que adopten reglas "efectivas", haciéndolas responsables de las infracciones que se puedan cometer.
Al margen del acceso a las redes sociales, Sánchez también ha avanzado que su Gobierno creará un sistema de "rastreo, cuantificación y trazabilidad" para establecer "una huella de odio y polarización". También se tipificarán como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal; dos puntos potencialmente muy polémicos y cuyos textos serán sin duda inspeccionados con lupa.
El anuncio de hoy va más allá de lo propuesto por el Partido Popular en diciembre del año pasado, cuando propuso que las redes sociales bloqueen de 22 a 8 horas el acceso a los menores de 16 años.
A falta de conocer si las medidas avanzadas contarán con el apoyo suficiente en el seno del Gobierno para salir adelante, sabemos que desde la Moncloa se buscará avanzar a nivel europeo en esta misma dirección a través de una alianza con otros cinco gobiernos (por ahora sin identificar) que ha sido bautizada como "Coalición de los Dispuestos Digitales", y que tiene por propósito reforzar el control regulatorio sobre Internet.