Durante la investigación los agentes comprobaron que aproximadamente un 60 % de los establecimientos inspeccionados, unos 1.200, ofrecía a sus clientes la emisión ilícita de partidos de fútbol cuyos derechos pertenecen a LaLiga. La forma más común de llevar a cabo esta actividad es la utilización de un decodificador con un firmware modificado “para poder decodificar la señal privada y acceder a su visionado”, según informa la Policía Nacional. En total, se intervinieron más de 800 dispositivos decodificadores.
Desde la Policía Nacional se afirma que el operativo se realizó “durante la emisión de los partidos de cara verificar los hechos denunciados”, pero lo cierto es que los días 11, 12 y 13 de diciembre no había partidos de LaLiga. Desde LaLiga se apunta que tienen un equipo de expertos dedicado a detectar establecimientos públicos que emiten sin licencia, pero lo cierto es que también recurre a su aplicación oficial para usar los micrófonos y el GPS de los móviles para espiar a los bares.
LaLiga dice que un 52 % de los establecimientos públicos que emiten el fútbol tienen licencia, mientras que el 48 % restante lo hace sin ella. De estos últimos un 33 % utiliza de forma irregular la señal residencial y un 66 % emplea un decodificador modificado. Los derechos para emitir LaLiga en bares y otros establecimientos públicos para esta temporada y las tres siguientes pertenecen a Mediapro, que ha abonado un total de 600 millones de euros por ellos. El cometido de la compañía catalana es revender el producto para que Orange, Vodafone y Movistar lo ofrezcan a sus clientes por 265, 338,8 y 395,67 euros al mes, respectivamente.
El sector hostelero denuncia que desde el pasado mes de septiembre se ha producido una "desproporcionada subida" del precio para emitir LaLiga. Afirman además que se ha creado una "situación de alarma", ya que en algunos casos la factura del fútbol es superior a la de suministros básicos como el agua y la luz.