La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha abierto expedientes sancionadores a las empresas de telecomunicaciónes (telefonía móvil, fija e Internet) en las que se han detectado infracciones tras las numerosas denuncias de los usuarios durante el 2004. Las principales causas de reclamación son el cobro de facturas por servicios no prestados, publicidad engañosa, dificultad para darse de baja y retrasos en las altas. Las sanciones podrían ascender hasta los 600.000 euros por expediente.
Esperemos que cunda el ejemplo en el resto de España y terminemos con la inseguridad y desprotección que sufrimos actualmente.
