Según publica Reuters, que describe con palabras como "ira" el sentir de Apple hacia la resolución de la Comisión Europea, la firma de la manzana presentará un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para evitar el pago de dichos impuestos o al menos obtener una reducción. Así lo han confirmado a la agencia de noticias Bruce Sewell, máximo responsable legal de Apple, y Luca Maestri, director de finanzas de la compañía. Según Sewell:
Apple no es una excepción en ningún caso a efectos legales. Apple es un objetivo conveniente porque genera un montón de titulares. Permite a la comisaria convertirse en la danesa del año 2016 [en referencia al titular del diario danés Berlingske sobre la comisara de Competencia, Margrethe Vestager].
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Los irlandeses han ofrecido la opinión experta de un increíblemente respetado abogado irlandés especializado en impuestos. La Comisión no solo atacó eso (no lo argumentó hasta donde sabemos), posiblemente ni lo leyeron. Porque no hay referencia alguna [en la decisión de la UE].
Según Apple, la Comisión Europea erró cuando dijo que Apple Sales International y Apple Operations Europe solo existen en papel como mecanismo para desviar los ingresos de las filiales nacionales de Apple. Sobre esta aseveración, Sewell asegura que el hecho de que una compañía sea un holding sin empleados en sus libros no significa que esté inactiva, puesto que "cuando Tim Cook toma decisiones que tienen un impacto sobre ASI, la Comisión dice que no nos importa porque no es un empleado de ASI, es un empleado de Apple Inc. Pero decir que Tim Cook no puede tomar decisiones por ASI es absolutamente una mala interpretación de la ley empresarial, malentiende la forma en la que funcionan las corporaciones".
El jefe de finanzas de Apple también ha tenido algunas palabras para la comisaria de Competencia. Según Maestri, Vestager "argumenta que la base sobre la cual deberíamos pagar impuestos en Irlanda es esencialmente todos los beneficios que generamos en los Estados Unidos... en un lugar donde no se hace ningún trabajo de ingeniería y no genera ninguna propiedad intelectual para nosotros".
La postura de Apple es respaldada por el gobierno irlandés, que asegura que la Comisión Europea abusó de su poder.
Pactos especiales que equivalen a ayuda estatal
El debate sobre los impuestos adeudados por Apple tiene origen en el dictamen de la Comisión Europea en el que se determinó que Irlanda ofreció durante años un tipo impositivo singularmente bajo a Apple, permitiéndole reducir el gravamen sobre sus ingresos generados en Europa hasta el 0,005% alcanzado en 2014. Si bien Irlanda ofrece desde hace tiempo uno de los impuestos de sociedades más bajos de la Unión Europea para atraer a todo tipo de compañías, la Comisión Europea determinó que el trato ofrecido a Apple equivale a una ayuda estatal ilegal al no ser ofrecido con carácter general a cualquier empresa, sino negociado puntualmente con la firma de Cupertino.
Esta situación está también relacionada con las prácticas de precios de transferencia de Apple. En esencia, las filiales europeas facturan servicios a precios extraordinariamente elevados a Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE), de forma que la práctica totalidad de los beneficios obtenidos por las ventas en países como Francia, España o Alemania son enviados a estas divisiones, que apenas pagan impuestos por sus ingresos. Mientras tanto, las filiales locales reportan a final de año beneficios exiguos o incluso pérdidas a pesar de disfrutar de unas elevadas cifras de ventas. Aunque polémica, esta práctica no es ilegal.
A pesar de que Apple ha dominado las portadas de la prensa económica y tecnológica, otras compañías también están siendo investigadas por las autoridades europeas por prácticas similares. La Comisión también ha abierto una investigación a Amazon para esclarecer sus actividades en Luxemburgo, bajo la sospecha de que la compañía de Jeff Bezos obtuvo algún tipo de trato fiscal similar al de Apple. Otras, como Facebook y Microsoft, también podrían encontrarse con serios problemas legales dependiendo de cómo se resuelva el caso contra Apple e Irlanda.
