El caso hunde sus raíces en la legislación antiterrorista de 2016, que proporciona amplios poderes a las autoridades sobre los sistemas de comunicación cifrados. El 30 de agosto de 2017 el Servicio Federal de Seguridad o FSB, sucesor de la antigua KGB, exigió a Telegram que entregara las claves de su sistema de cifrado. La aplicación de mensajería se negó, recibiendo una sanción equivalente a unos 11.300 euros y llevando su pugna a un nuevo nivel.
La negativa de Telegram a abrir una puerta trasera a las autoridades rusas ocasionó la demanda de Roskomnadzor, que esta semana solicitó el bloqueo de las comunicaciones mediante la aplicación en Rusia. Tras una audiencia de 18 minutos y otros 40 minutos de deliberación, la jueza Yulia Smolina ha fallado a favor de Roskomnadzor y en contra de los intereses de Telegram.
Pavel Durov, fundador y máximo responsable de Telegram, ordenó que los abogados de la compañía no asistieran al juicio para evitar "legitimar una insolente farsa" después de que el tribunal programara la vista en 24 horas sin informarles. Telegram intentará apelar la decisión.
Según explica el sitio Meduza, una vez que Roskomnadzor tenga una copia física del veredicto podrá comenzar a bloquear enlaces de Telegram, así como dominios y direcciones IP de usuarios rusos. También podrá solicitar la retirada de la aplicación de las tiendas de Google y Apple. Era una decisión esperada, por lo que numerosos medios rusos con canales de Telegram llevan tiempo tratando de migrar a sus usuarios a otras plataformas de difusión.
Poco después de darse a conocer el veredicto Durov se ha dirigido a sus seguidores en Telegram:
El poder que tienen los gobiernos locales sobre las empresas de las tecnologías de la comunicación se basa en el dinero. En cualquier momento un gobierno puede hundir sus acciones amenazándoles con bloquear sus fuentes de ingresos en sus mercados y forzar a las compañías a hacer cosas extrañas (recordemos cómo el año pasado Apple movió servidores de iCloud a China).
En Telegram tenemos el lujo de no preocuparnos por fuentes de ingresos o ventas de publicidad. La privacidad no está a la venta y los derechos humanos no deberían verse vulnerados por miedo o avaricia.
Según recoge la agencia de noticias nacional TASS, la sentencia debe ser aplicada inmediatamente. "La prohibición de acceder a información estará activa hasta que las demandas del FSB sean satisfechas y se proporcionen las claves para descifrar los mensajes de los usuarios", ha señalado la magistrada.
