Microsoft demanda a los EE UU por no poder decir a sus clientes que están siendo investigados

Benzo
Microsoft ha presentado una demanda contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, al considerar que es inconstitucional el hecho de que el Gobierno pida información sobre el correo electrónico o datos personales de un cliente y la compañía no pueda informar sobre ello al afectado. La acción podría desatar el enésimo enfrentamiento entre un gigante tecnológico y su gobierno.

En su demanda Microsoft afirma que entre septiembre de 2014 y marzo de 2016 recibió por parte del Gobierno de los Estados Unidos un total de 5.624 peticiones de datos de clientes. Casi la mitad, 2.576, fueron acompañados de una “orden secreta” que no permite a la compañía avisar al afectado ni a ninguna otra persona sobre la inspección. Microsoft incluso afirma que 1.752 de esas órdenes estarán bajo secreto para siempre.

Microsoft empieza esta guerra judicial porque cree que sus usuarios tienen derecho a saber cuándo el Gobierno pide poder leer sus mensajes de correo electrónico o acceder a otros datos personales. Sin embargo, la ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (ECPA) permite a los tribunales ordenar a Microsoft que no notifique esta circunstancia a su cliente, simplemente porque el gobierno dice tener una razón para creer que informar de ello podría obstaculizar la investigación.

"Estas órdenes secretas violan la Cuarta Enmienda, que otorga a las personas y las empresas el derecho a saber si el Gobierno indaga en sus propiedades", afirma el principal asesor legal de Microsoft. Añade además que este comportamiento también viola la Quinta Enmienda que garantiza el derecho de la empresa a informar a los clientes si las acciones del Gobierno afectan a sus datos.

Desde el gigante tecnológico dicen que esta situación “ha ido demasiado lejos” y que “salvo en contadas excepciones, los clientes y las empresas tienen derecho a saber cuándo el Gobierno accede a sus correos electrónicos u otro tipo de datos". También ven en esta demanda una oportunidad para adoptar una nueva regulación que establezca "límites razonables" en el uso de las órdenes secretas.
Fuente: El País