El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha autorizado a la fiscal de Sala encargada de criminalidad informática, Elvira Tejada, la apertura de diligencias para determinar si hay elementos de relevancia penal en el supuesto espionaje masivo de la NSA. La fiscal Tejada y su equipo realizaron una valoración jurídica previa para determinar si la jurisdicción española tiene competencia para perseguir los hechos en caso de que se confirmen.
La legislación internacional hace difícil la denuncia de estos hechos fuera del suelo estadounidense. Incluso aunque la confirmación del supuesto espionaje de la NSA violaría algunas resoluciones internacionales de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta el peso de los Estados Unidos, las medidas que se podrían tomar serían exclusivamente de naturaleza política. Como explica el abogado y experto en telecomunicaciones Sergio Carrasco para Alt1040, un ejemplo de esto podría ser el "fin de determinados tratados de intercambio de información, y la afirmación por parte del Parlamento Europeo de que se va a controlar más los nuevos Tratados que se firmen".
El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió ayer a los Estados Unidos que la confirmación de las escuchas podría provocar "la ruptura del clima de confianza" de ambos países. El mismo día que el embajador estadounidense en Madrid, James Costos, daba explicaciones en Madrid sobre el espionaje.
Costos se comprometió a despejar las dudas que hayan podido surgir tras la filtración de los documentos de Snowden al diario El Mundo. El embajador ha asegurado que mantendrá "comunicación abierta" hasta que se recopile toda la información de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.
En nuestro país, las presiones para esclarecer la situación y tomar medidas al respecto comienzan a ganar fuerza. El portavoz de IU en el Congreso, Jose Luis Centella, ha reclamado al Gobierno que "se plantee llevar este asunto ante los tribunales internacionales". Por su parte, el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, pedirá la comparecencia urgente del director del Centro Nacional de Inteligencia ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para que dé explicaciones respecto a la información que posee el Gobierno sobre las escuchas.