La Comisión Europea investiga a Broadcom por prácticas contra la competencia

Alejo I
Qualcomm no es el único fabricante de chips en el punto de mira de la Comisión Europea por el uso de prácticas ilegales para arrinconar a sus rivales. Margrethe Vestager, máxima responsable de la oficina de Competencia, ha abierto una investigación para determinar si Broadcom está utilizando acuerdos de exclusividad dañinos para la industria y en última instancia para los consumidores.

La situación no parece particularmente halagüeña para la firma estadounidense, puesto que Vestager también ha propuesto medidas cautelares mientras se dilucida la situación. Todavía se desconoce si serán adoptadas y en qué consistirían.

Broadcom es uno de los mayores fabricantes fabless (sin factorías propias) del mundo y el principal proveedor de componentes para dispositivos de comunicación, abarcando desde el diseño de procesadores a tecnologías de comunicación inalámbrica, ya sean módems, antenas Wi-Fi o módulos Bluetooth. Asimismo, proporciona software y hardware especializado para infraestructuras de telecomunicaciones, y su sello aparece tanto en televisores inteligentes como en receptores y decodificadores.

Según cree el departamento encabezado por Vestager, Broadcom trató de librarse de la competencia imponiendo a sus clientes obligaciones de adquisición, ofreciendo descuentos asociados a compromisos de exclusividad y vendiendo sus productos de forma conjunta, todo ello al tiempo que habría abusado de su propiedad intelectual y "degradado de forma deliberada la interoperabilidad" entre sus productos y los de la competencia.

Las acusaciones son bastante parecidas a las presentadas durante la investigación abierta hace años contra Intel, que se saldó con una de las mayores multas jamás impuestas en la Unión Europea (la mayor, de hecho, hasta que Google tomó tan poco deseable testigo en 2018). Tiene además el muy reciente precedente de Qualcomm, castigada el año pasado con una multa de 997 millones de euros por comprar la lealtad de Apple.

La Comisión Europea, puede penalizar a las compañías que no respeten las normas con sanciones económicas de hasta el 10 % de su facturación global.