Stop Destroying Videogames, una campaña que forma parte del movimiento Stop Killing Games y cuyo objetivo es que la Unión Europea exija a los editores de videojuegos que se pueda jugar a sus títulos cuando estos dejan de recibir soporte oficial, se ha dado de bruces con la Comisión Europea. La respuesta del órgano ejecutivo se resume en que ha decidido no apoyar la iniciativa y sus más de 1,3 millones de firmas debido a la legislación de la Unión Europea en materia de derechos de autor.
La Comisión Europea considera que, en esta etapa, no puede proponer la obligación legal de que los editores tengan que mantener jugables sus títulos una vez hayan dejado de comercializarse. "Esto se debe a los derechos de propiedad intelectual existentes", dice la Comisión Europea. "Con arreglo al Derecho de la Unión en materia de derechos de autor, los titulares de los derechos tienen potestad exclusiva sobre sus creaciones". Además de los derechos de autor, la Comisión asegura que hay otros derechos de propiedad intelectual relevantes que pueden proteger diferentes aspectos visuales y tecnológicos de un videojuego.
En su comunicado, la Comisión sostiene que la legislación vigente de la Unión Europea ya cuenta con importantes salvaguardas que protegen los intereses de los jugadores, como la obligación de los proveedores de informar a los consumidores sobre las condiciones para rescindir el contrato antes de que se hagan con el juego.
En lugar de apoyar la iniciativa Stop Destroying Videogames, la Comisión se ha comprometido a adoptar dos medidas que no parece que vayan a solucionar nada. La primera es iniciar un intercambio de impresiones con la industria del videojuego y los representantes de los consumidores para elaborar un código sobre la gestión del fin de la vida útil de los juegos. En segundo lugar, la Comisión trabajará con las organizaciones de consumidores y las autoridades para sensibilizar sobre los derechos que protegen a los consumidores.
Cuando la campaña Stop Destroying Videogames consiguió las firmas necesarias y llegó a la Comisión Europea, el lobby Video Games Europe que defiende los intereses de los grandes editores en Europa aseguró que se trataba de una iniciativa inviable a nivel económico. Video Games Europe dijo que dejar un juego sin servicio en línea debe ser una opción para las empresas cuando la experiencia deja de ser comercialmente viable. Lo que no comentó en su comunicado es la existencia de derechos de autor que respaldasen su postura.
A pesar de este revés por parte de la Comisión Europea, la iniciativa Stop Killing Games no se detiene. Su próximo movimiento pasa por trabajar en la Protect Our Games Act (o Ley POG) en el marco de la legislación de la Unión Europea.