El Consejo de Ministros ha aprobado y remitido al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, más conocida como la Ley de IA. De esta forma el Gobierno de España pone en marcha la trasposición del reglamento europeo aprobado en marzo de 2024 (y en vigor desde agosto de ese mismo año). Se trata de una norma armonizada y de aplicación directa en toda la Unión Europea.
La Ley de IA regula el uso de la inteligencia artificial estableciendo qué aplicaciones están prohibidas y establece un régimen sancionador. Por ejemplo, el reglamento prohíbe la introducción en el mercado, puesta en servicio y el uso de sistemas de IA que generen deepfakes sexuales, así como la clasificación biométrica indiscriminada de personas por raza u orientación política, religiosa o sexual. Con esta ley las imágenes alteradas por Grok, el modelo de IA de X, o una aplicación capaz de deducir la orientación política o sexual de un individuo mediante el análisis de sus fotos en redes sociales, quedan prohibidas.
También pasan a ser ilegales los sistemas que usan técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento y causan un perjuicio a la persona. Por ejemplo, queda prohibido un chatbot que identifica a usuarios con adicciones y les invita a entrar con estímulos visuales o sonoros imperceptibles a una plataforma de juego online. Tampoco se admiten sistemas que exploten vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o situación socioeconómica para alterar el comportamiento. En esta definición entra un juguete con IA que anima a los niños a completar desafíos que pueden producir daños físicos.
Entre los ejemplos de aplicaciones prohibidas que menciona el gobierno también tenemos los que puntúan a individuos o grupos basándose en comportamientos sociales o rasgos personales como método de selección. Esto significa que con esta ley no es posible denegar la concesión de una subvención o préstamo usando un sistema como el descrito.
Respecto al régimen sancionador, las multas pueden alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio en los casos más graves y hasta 500.000 euros o el 0,5 % del volumen de negocio en las más leves. El Gobierno asegura que la ley incorpora "mecanismos que priorizan la corrección frente a la penalización", como las reducciones de sanción por pronto pago o la adopción de medidas correctoras. También se tiene en cuenta el tamaño de la empresa para proteger a pymes y startups.
"España es el mejor ejemplo de que no compiten regulación y la innovación, al revés", ha dicho Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. “España es un país líder mundial en el desarrollo y la adopción de la IA, pero también es el líder mundial en la regulación de la IA”.