"Atenta gravemente contra la legislación internacional", "conducirá a la criminalización de los usuarios", "inaudito que un grupo parlamentario proponga la supresión de un derecho que permite a los creadores vivir del fruto de su trabajo", "hará retroceder a los creadores en más de 200 años", "irresponsabilidad impropia en una democracia moderna basada en el respeto a las leyes y a los derechos individuales".
Son solo algunas de las declaraciones de AISGE, EGEDA, DAMA, AIE y un centenar de culturetas que no están dispuestos a renunciar a los 110 millones de euros anuales que esperan embolsarse gracias al canon digital.