Si pensabamos que teniamos ya bastante con el más que discutible contenido de la nueva Ley de Internet, el PP acaba de ponerle la guinda al pastel. Hace unos días la Unión Europea aprobó una directiva para permitir a los gobiernos obligar a los proveedores de Internet a almacenar todos los datos de las conexiones de los usuarios por un tiempo prolongado cuando fuera necesario por motivos de seguridad nacional o para perseguir delitos, pues bien, el gobierno ni corto ni perezoso se ha apresurado a incorporar una nueva enmienda a la LSSI que obligará a todos los proveedores españoles a guardar todos los datos de las conexiones de los usuarios (destino de la comunicación, duración de la conexión o volumen de datos transmitidos entre otros) durante un año. Como alguien ha declarado ya, una medida desproporcionada que obedece al estado de excepción que el gobierno plantea para Internet.
