El próximo 31 de julio entrará en vigor en Argentina una nueva
ley que obliga a los proveedores de Internet a almacenar los datos de tráfico de todos los usuarios durante 10 años, así como ponerlos de forma inmediata a disposición de cualquier juez o fiscal que los requiera. A parte de la tremenda dificultad tecnológica que implicaría almacenar y acceder a tal cantidad de datos, la ley viola varias normas de derechos civiles e incluso la Constitución Nacional, por lo que varios grupos políticos han manifestado su
rechazo. Recordemos que una medida similar se incluye también en la LSSI española, aunque el periodo de retención de datos es de 1 año.
