GXY escribió:Blackfedora escribió:La degradación de los servicios públicos no es una consecuencia automática de la subcontratación o la privatización; el factor verdaderamente determinante es la calidad de la gestión.
no. el factor verdaderamente determinante es la prioridad de objetivos.
el objetivo de la gestion publica es proveer y garantizar el servicio y su calidad en la medida de lo posible.
el objetivo de la gestion privada es
ganar dinero.
no es ni remotamente comparable una cosa y la otra. y eso afecta a todo.
y yo no he dicho en ningun momento que ni adif, ni renfe, ni ninguna otra empresa publica, sea perfecta por ser publica. de hecho estan muy lejos de ser perfectas, pero su objetivo constitutivo sigue siendo proveer el servicio, aunque sea a perdidas de dinero. eso ninguna empresa privada lo asume sin riesgo para su propia supervivencia. esa diferencia, como ya digo, es determinante.
El factor determinante reside en la gestión como concepto general; la dicotomía entre lo público y lo privado carece de relevancia. Ambos sectores se rigen por los mismos principios universales, afrontan idénticos problemas y deben solventar parecidas contingencias al prestar un servicio. De hecho, una entidad pública puede acabar operando como una empresa privada (bien o mal gestionada), mientras que una privada puede adolecer de los mismos problemas de una pública cuando su escala o su posición de monopolio resulta equivalente.
Ninguna de las premisas planteadas es cierta; la simplificación, los sesgos y los errores resultan evidentes. La naturaleza pública o privada no define automáticamente la calidad moral, la eficiencia ni los costes de funcionamiento. Ni lo público posee mayor ética por principio, ni lo privado es intrínsecamente más eficiente por dogma.
Se incurre en un error ideológico al asumir que lo público es virtuoso por definición, bajo la premisa de q sus actores carecen de egoísmo al buscar el bien común y no el beneficio económico.
Esto no responde a la realidad. Tanto los directivos como los funcionarios pueden perseguir su propio beneficio político o personal de igual modo q en el sector privado. Ese supuesto objetivo de la gestión pública, definido como «proveer y garantizar el servicio», no asegura q el funcionamiento
real de sus gestores sea moral, transparente y eficiente. Los incentivos de dichos administradores no siempre se alinean con el bienestar ciudadano.
De forma análoga, la empresa privada también puede albergar otros objetivos más allá de la mera rentabilidad financiera. Se olvida por ejemplo de las cooperativas o las organizaciones no gubernamentales. Incluso en el caso de las corporaciones con ánimo de lucro, su actividad principal puede reportar notables beneficios a la sociedad.
Resulta improcedente juzgar a la gestión pública por sus intenciones declaradas (proveer el servicio) y a la privada por sus motivaciones para ganar dinero, cuando ambas estructuras están movidas por agentes humanos con intereses propios.
Es más: el dinero es la consecuencia y el indicador, no la causa, d q una organización está satisfaciendo una necesidad social. El capital se precisa para llevar a cabo la actividad y se obtiene cuando la labor se ejecuta adecuadamente. Intrínsecamente, tanto la entidad privada como la pública comparten el mismo propósito: resolver una carencia y generar valor.
Sin embargo, se continúa incurriendo en sesgos al asumir una visión maniquea de lo público, obviando que la lógica aplicada no es ni lineal ni exacta. la economía no lo es.
Por si fuera poco que sigan creyendo que lo público está lleno de angelitos, encima les otorgan aún más beneplácito. Para cualquiera:
Se suele pensar de forma simplista que, si el servicio cuesta 100 y el empresario quiere ganar 10, el precio total será de 110. En cambio, si es público, el costo total será de 100. Pero dicha lógica ignora que, con los incentivos correctos, la empresa privada puede reducir el costo base a 70 y, de este modo, incluso sumando el beneficio del empresario (70 + 10 = 80), obtener un precio menor que el público. La estructura de costes, tecnología, beneficio...no tienen q ser idéntica para todos. Esa posibilidad es completamente factible; sin embargo, se pasa por alto debido a ideas o preferencias políticas personales. Ni lo público ni lo privado ostentan la exclusividad en la reducción de costes.
También a la inversa, existen coyunturas excepcionales en las que tanto el sector público como el privado pueden permitirse el lujo de ofrecer servicios a precios más elevados q otros agentes de la misma actividad en otros mercados, debido, por ejemplo, a una manifiesta falta de competencia.
Y no solo eso; uno de los motivos que impulsa la externalización de servicios, tanto en el ámbito privado como en el público, radica en que resulta más ventajoso delegar ciertas funciones en terceros en lugar de asumirlas de forma interna.
Si el servicio se degrada, el origen de tal deterioro se debe a una mala gestión y no de forma implícita al acto de subcontratar.
El argumento habitual: ante la elevación de costes, la subcontrata recorta la calidad del servicio para no perder su margen. El responsable último que consiente esta situación es la empresa principal, a través de una dirección que lo permite. Esta circunstancia afecta por igual a las estructuras públicas y a las privadas.
Vuelvo a preguntar: ¿acaso una empresa privada q subcontrata ofrece obligatoriamente un peor servicio q otra dedicada a lo mismo q no subcontrata? Tal afirmación resulta insostenible.
Resulta más contradictorio aún si se considera q el incremento de costes (aspecto q tratas y centra tu preocupación) constituye precisamente una ventaja que beneficia puntualmente a la empresa contratante. Para esta última, dicha partida permanece constante, trasladando la variación del coste a las subcontratas sin que esto merme necesariamente la prestación en origen.
Obviamente, la subcontrata no podrá sostener indefinidamente tales condiciones. Sin embargo, en ambos casos el problema estriba en la gestión, tanto de la principal como de la adjudicataria. No se puede administrar ningún servicio sin prever la fluctuación de los costes; si una entidad permite que durante años la subcontrata degrade la prestación para preservar su margen, no queda eximida de responsabilidad en el declive del servicio.
¿Y qué ocurre, bajo su planteamiento, cuando una entidad privada subcontrata a una empresa pública?
La dinámica de recortar costes a expensas de la calidad para maximizar márgenes se da tanto en empresas públicas como privadas; no es un rasgo exclusivo del sector privado. ¿Acaso una entidad pública no ha recortado en ocasiones presupuestos de seguridad para reasignar esos fondos a otras partidas? Por ejemplo.
El ciclo:
"si no funciona bien otra la compra, asi funciona la competencia, no? ganan "las mejores".
el problema es que sigue habiendo mal funcionamiento despues de decenas y decenas de compras. y de hecho las muy grandes tienden a funcionar peor con el tiempo.
la exigencia de beneficio infinito es un cancer, y nosotros somos el cuerpo que esta muriendo."
Tales dinámicas son aplicables tanto al sector público como al privado. El monopolio, independientemente de su titularidad, genera idénticas externalidades negativas. El gigantismo corporativo, el deterioro operativo tras años de actividad y la imposibilidad de elección por parte del usuario acontecen en ambos modelos. En términos llanos: una organización enorme qe no rinde cuentas ante nadie terminará gestionándose mal en la mayoría de los casos. Sustituir el logo de una empresa privada por el de una entidad pública no resuelve mágicamente su ineficiencia interna.
Cuando una organización se torna gigante y elimina a la competencia (ya sea comprando rivales o por decreto), el incentivo para ofrecer un buen servicio tiende a desaparecer. El perjuicio lo asume de igual modo el ciudadano; la clave, insisto, no radica en quién es el "dueño".
Del mismo modo, la universalidad en el acceso no es exclusiva del sector público; un estado puede garantizar cobertura total valiéndose de empresas privadas. Existen modelos públicos que funcionan de forma óptima y esquemas privados de idéntica eficacia. La clave reside siempre en la gestión y en las circunstancias específicas de cada caso. La economía no es una ciencia exacta: una misma medida puede prosperar en un mercado y fracasar en otro.
Existe la creencia errónea de que, para garantizar el acceso universal a un servicio, el estado deba ser propietario y gestor directo de los camiones, tornillos y los hospitales de forma obligatoria. El estado solo necesita garantizar el derecho de acceso o financiarlo, cometido q puede ejecutar indistintamente a través de entidades públicas o privadas.
Por descontado, las empresas privadas pueden operar a pérdidas; de hecho, algunas lo hacen por razones de prestigio, por formar parte de un conglomerado mayor que subvenciona dicha unidad, cuota de mercado,... El estado puede aplicar el esquema: licita el servicio y la empresa privada adjudicataria queda obligada a dar cobertura en zonas no rentables, sufragando dicho servicio de forma como lo haría con una empresa pública.
Conviene no confundir la naturaleza pública de una organización con "tarifa plana" para generar pérdidas indefinidas; la propia legislación lo prohíbe. Cada euro malgastado por una gestión deficiente entraña un coste de oportunidad en otros servicios y lo satisface el ciudadano, pues los recursos son limitados. Esta premisa rige exactamente igual para cualquier modelo; un estado, un conglomerado privado o una empresa pública o privada.
Para finalizar con el tema de este hilo, la causa principal ha sido la mala gestión de una empresa pública. Esta no posee facultades especiales por su carácter público, ni las tendría de haber sido privada. Simplemente ha coincidido en este caso particular, se trata de una entidad pública.
Saludos
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