Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona a la que ha tenido acceso El País, le ha dado a Movistar Plus+ más poder para bloquear contenido pirata. Telefónica y LaLiga atesoran desde hace tiempo la potestad de bloquear direcciones IP que de forma ilícita transmiten partidos de LaLiga, y ahora esta capacidad se amplía a través de su filial Movistar Plus+ al resto de sus eventos deportivos, incluyendo la Champions League, el golf o el tenis. Estos asedios afectan a páginas legítimas, una situación que ahora podría empeorar.
El fallo judicial establece que Movistar Plus+ puede exigir a los proveedores de internet como Movistar, Vodafone, MasOrange o Digi, a colaborar activamente en el bloqueo directo y en tiempo real de cualquier contenido deportivo del que tenga los derechos. La resolución obliga a que la interrupción se ejecute en un plazo máximo de 30 minutos tras recibir la notificación. El Economista añade que esta capacidad se limita a "todos los días de emisión de eventos deportivos en directo". En el caso de las competiciones europeas como la Champions League esta facultad se extiende hasta la finalización de la temporada 2026/2027.
Hasta ahora LaLiga rastreaba las IPs y junto a Telefónica pedía su bloqueo a los operadores, pero con esta sentencia Movistar Plus+ pasa a ser la entidad que tiene la responsabilidad y capacidad operativa de proteger todos sus contenidos deportivos. Fuentes de la compañía han dicho a El País que el sistema de bloqueos empezó a funcionar durante las eliminatorias de cuartos de final de la Champions League de la semana pasada. El protocolo permite identificar y bloquear transmisiones a través de IPTV, streaming y P2P con el objetivo de impedir el acceso al contenido ilícitos mientras se está emitiendo.
El tribunal sostiene que los eventos en directo son especialmente vulnerables a la piratería debido a que su rentabilidad radica en la emisión en tiempo real, motivo por el cual justifica el sistema de bloqueos dinámicos. Además, el juzgado argumenta que los bloqueos no solo protegen los activos económicos, sino que también mejoran la calidad del servicio para los clientes legítimos debido a que eliminan tráfico pirata y reducen la congestión de la red. El problema (que el juez no parece apreciar) es que la interrupción es masiva e indiscriminada, motivo por el cual afecta a páginas web y servicios lícitos que nada tienen que ver.