La Proposición no de Ley aprobada insta al Gobierno a realizar cambios en la Ley de Servicios Digitales para garantizar la proporcionalidad y la protección de los derechos digitales frente a los bloqueos de IP ordenados judicialmente. ERC defiende que la lucha contra la piratería es legítima, pero sostiene que "no puede convertirse en un campo de daños colaterales contra la innovación, la libertad digital y los proyectos sociales". El partido catalán impulsó su iniciativa después de que un bloqueo ordenado por LaLiga afectase a Transporta’m, una aplicación que ofrece información en tiempo real sobre Rodalies, metro y tranvía.
"El bloqueo indiscriminado de servicios esenciales o sociales sin relación alguna con la
piratería constituye una vulneración del principio de proporcionalidad y afecta a derechos
fundamentales como la libertad de expresión, la libre comunicación y el acceso a la
información", defiende ERC. Los seis puntos de la Proposición no de Ley dicen lo siguiente:
- Coordinación interministerial para revisar los protocolos de ejecución de sentencias relativas al bloqueo de direcciones IP para garantizar que las medidas adoptadas no afecten a plataformas digitales legítimas ni a servicios esenciales para la ciudadanía.
- Establecer un mecanismo interministerial para evaluar el impacto de las órdenes de bloqueo en servicios y aplicaciones legítimas y promover soluciones.
- Reformar la Ley para incorporar el principio de proporcionalidad tecnológica y la responsabilidad subsidiaria de los titulares de los derechos en el control directo de los contenidos ilegales para evitar bloqueos masivos que afecten a terceros ajenos.
- Proteger el derecho a la información, la libertad de expresión y la innovación social digital frente a medidas tecnológicas indiscriminadas, especialmente cuando afecten a aplicaciones gratuitas, sin ánimo de lucro o de servicio público.
- Diálogo entre todas las partes para definir un protocolo de buenas prácticas.
- Adoptar una posición activa ante el poder judicial para garantizar que las órdenes de bloqueo cumplan con el principio de proporcionalidad y minimicen el impacto sobre la ciudadanía.