La Agència Tributària de Catalunya será el organismo encargado de cobrar el impuesto cuya recaptación anual se prevé sea de 20 millones de euros. La ley aprobada prohíbe a los operadores repercutir el impuesto sobre los usuarios, algo que tanto el Partido Popular Catalán como Ciutadans ven “inevitable”. La recaudación del tributo se iniciará a partir de marzo de 2015, con efectos retroactivos a 1 de enero de ese mismo año.
Para el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, se trata probablemente de la “mesura de fomento de la cultura más importante que se ha tomado en los últimos 25 años”. Mientras que la parte interesada, la Acadèmia del Cinema Català, ha declarado mediante su presidenta Isona Passola que “a través de las operadoras telefónicas se vehicula muchísima piratería [...] las operadoras necesitan contenido y los contenidos los hacemos la gente de cine”.
La patronal tecnológica Ametic se ha mostrado en contra del impuesto que considera “no procedente” y buscará anular la tasa. Ametic también rebate la prohibición de repercutir el tributo al usuario: “algo así es simplemente una injerencia porque ninguna administración puede decir a una empresa cómo regular sus tarifas. Ni la catalana ni ninguna”.