Acciones preventivas que pretenden determinar el alcance de la piratería; qué intereses esconde esta actividad; su relación con otras formas de delincuencia; el perfil de los consumidores de estos productos ilegales y las razones que le llevan a ello, así como el grado de conocimiento de aceptación por parte de la sociedad de las normas de propiedad intelectual.
La puesta en marcha de campañas de sensibilización social destinadas a concienciar al conjunto de la población del grave quebranto que supone la conculcación de los derechos de la propiedad intelectual.
Análisis de las herramientas e instrumentos normativos actuales desde la perspectiva del Derecho (normas estatales, autonómicas, locales y europeas, así como adecuación a la normativa española a las normas comunitarias) con las que cuentan las fuerzas de seguridad, así como jueces, magistrados y fiscales; y las modificaciones que habrán de llevarse en el ordenamiento jurídico español para dotarle de una mayor eficacia.
Establecer mecanismos de formación continua para los agentes públicos encargados de velar por el respeto de los derechos de la propiedad intelectual, es decir, acentuar la formación de policías y miembros de la judicatura en este campo.
El plan fue presentado frente a representantes de entidades de gestión y productores, los cuales no han tardado en darse palmaditas en la espalda.