resumen: 37 competencias que, estando recogidas en el Estatuto de Gernika (que fue aprobado mediante Ley Orgánica el 18 de diciembre de 1979), aún se encuentran pendientes de transferir después de 27 años.
tocho entero, ya que nadie le ha echado un ojo.
Un compromiso social: Cumplimiento inmediato del Estatuto y desarrollo de sus potencialidades para lograr un nuevo Pacto, un nuevo punto de encuentro para la convivencia
1.- El Estatuto de Gernika
a) Fruto de un Pacto Político y Social
Artículo1º.- "El Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica".
Artículo 2ª-1.- "Alava, Guipuzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Así da comienzo el Estatuto de Gernika, aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979, coincidiendo expresamente con el 140 aniversario de la Ley de 25 de octubre de 1839, conocida como la primera ley abolitoria de los fueros vascos.
Estos dos primeros artículos recogen perfectamente los elementos sustanciales que en su día nos permitieron a la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas vascas considerar al Estatuto de Gernika como el punto de encuentro posible entre las diferentes sensibilidades políticas y sociales presentes en el seno de nuestra sociedad. En ellos se constatan los siguientes principios:
- La existencia del Pueblo Vasco o Euskal-Herria como una realidad socio-política con identidad propia, y sujeto de derechos políticos.
- Se afirma su consideración de nacionalidad diferenciada, en el marco de un estado plurinacional.
- Se considera al Estatuto de Gernika como la norma institucional básica del Pueblo Vasco para acceder al autogobierno.
- Se reconoce la territorialidad de Euskal-Herria, conformada por los territorios del Estado español que tienen derecho a formar parte de ella, es decir, Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra.
- Se reconoce y respeta la voluntad asociativa de cada uno de los cuatro Territorios para conformar una unidad común, si así lo desean sus ciudadanos y ciudadanas.
Estos principios, junto con el "haber competencial" que en el mismo se reconoce, así como la reserva expresa que se hace de sus derechos originarios en su disposición adicional, en la que se afirma textualmente que "la aceptación del régimen de autonomía no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que le hubieran podido corresponder en virtud de su historia"; constituyen el núcleo político de sustentación del Estatuto de Gernika, los ejes fundamentales sobre los que se articuló un verdadero pacto político y social, tanto en el seno de la propia sociedad vasca como entre Euskadi y el Estado español.
El Estatuto de Gernika, como expresión de la voluntad mayoritaria del Pueblo Vasco, constituyó la respuesta posible a una necesidad hondamente sentida por la sociedad vasca para acceder a su autogobierno, desde el reconocimiento de la identidad singular y diferenciada de nuestro Pueblo, como queda fielmente recogido en su artículo primero.
Se alcanzó un punto de encuentro representado por un marco institucional en el que, además de unos determinados contenidos competenciales, se contemplaba una potencialidad de realización de los diferentes proyectos políticos, a partir del desarrollo de su disposición adicional que permite la actualización y/o modificación del Pacto Estatutario, en función de que se alcanzasen las mayorías necesarias para ello.
Un punto de encuentro en el que, es preciso reconocerlo, no estuvieron todos. Quedaron fuera del mismo, tanto quienes decidieron rechazarlo porque no satisfacía sus aspiraciones de identidad nacional vasca, como los que lo rechazaron porque veían en el Estatuto de Gernika un riesgo para la unidad de España y un elemento de singularidad que suponía la ruptura de la uniformidad del Estado.
En aras del consenso y la convivencia, la mayoría de la sociedad vasca optó por alcanzar un punto de equilibrio que permitió incluir en el mismo, tanto a los que concibieron el Estatuto de Gernika como el punto de partida del reconocimiento y construcción de la identidad del Pueblo Vasco, como a los que lo interpretaron como un instrumento de descentralización política y administrativa dentro de un proceso de transformación racionalizadora del Estado.
b) Un punto de encuentro desdibujado
Este fue el punto de salida, hace ahora veintidós años, de una Ley Orgánica de obligado cumplimiento para todos. Un Pacto en el que se reconocían las peculiaridades históricas, culturales y sociales de este Pueblo. Un marco de autogobierno que, además, tenía la virtualidad de dotar formalmente al País de unas notables capacidades de actuación y de plantear, todo ello, con expresa reserva de los derechos históricos y de las posibilidades futuras de actualización de los mismos, a través de su disposición adicional.
Es necesario recordar estos principios cuando se cumple este 22 aniversario del Estatuto de Gernika para que todos seamos conscientes de lo que decimos cuando manifestamos a voz en grito -algunos con la fe del converso-, nuestro respeto y defensa a ultranza del Estatuto.
Lamentablemente, lo que en su día pudimos considerar como un punto de encuentro, se ha ido desdibujando a lo largo de estos veintidós años, hasta convertirse en un elemento de desacuerdo en relación con su cumplimiento y sus potencialidades.
Ha llegado el momento y la ocasión de hacer balance. De valorar muy positivamente las beneficiosas repercusiones que el Estatuto ha tenido para el crecimiento económico, el bienestar y la convivencia de la sociedad vasca. Pero, también, de poner de manifiesto las dificultades de crecimiento y las piedras que ha tenido que sortear, así como de constatar los efectos negativos, que su incumplimiento ha provocado.
Nuestra responsabilidad es tratar de corregir los errores del pasado y recuperar, mediante el diálogo y el respeto mutuo, el espíritu que presidió aquel acto constituyente. El objetivo no es buscar culpables, sino encauzar definitivamente el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y explorar las potencialidades que encierra para la normalización política definitiva de nuestro Pueblo.
Todos los partidos políticos, a excepción de Batasuna, hemos manifestado reiteradamente nuestro reconocimiento del Estatuto como fruto de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. Pero posiblemente, y quisiera equivocarme, algunos partidos políticos que dicen defender el Estatuto tendrían hoy muchas dificultades para ratificar los principios sobre los que se sustentó y el autogobierno que en el mismo se contempla.
Porque, si fuera cierto que tenemos una postura común de respeto al Estatuto de Gernika, a su significado, a su contenido competencial y a sus potencialidades como instrumento para la convivencia, ¿porqué a lo largo de estos 22 años se han suscitado tantos debates en cuanto a su interpretación?
¿Por qué este mismo Parlamento, en más de una ocasión, se ha visto en la necesidad de instar a su cumplimiento?
¿Por qué no ha servido para ensanchar los consensos básicos que teníamos en 1979?
¿Por qué no hemos sido capaces de avanzar en el proceso de normalización política?
¿Por qué, tras 22 años, está aún pendiente de cumplir una Ley Orgánica?
Estas, y otras muchas, son las preguntas que se pueden suscitar en los ciudadanos y ciudadanas vascas cuando se cumple el vigésimo segundo aniversario del Estatuto de Gernika.
Posiblemente, todos los partidos políticos tenemos nuestra propia interpretación sobre la responsabilidad que, por acción u omisión, corresponde a cada cual, en relación con el incumplimiento del Pacto Estatutario en su integridad.
Realmente, resulta muy complicado realizar una descripción desapasionada respecto a las razones que han contribuido a que aquél punto de encuentro inicial se haya convertido en un punto de encuentro desdibujado, hasta hacerlo prácticamente irreconocible para las expectativas que en él depositó una parte muy significativa de la sociedad vasca.
Puede resultar muy sencillo apelar a la culpabilidad ajena para justificar la incapacidad de profundizar en el Estatuto como punto de encuentro entre los vascos pero, lo cierto es que, tanto unos como otros, podremos coincidir, al menos, en que están rotos los tres consensos básicos que en su día configuraron el Estatuto de Gernika, como nuestro punto de encuentro posible.
Quiebra del primer consenso: Reconocimiento del Pueblo Vasco o Euskal-Herria como un sujeto político dotado de identidad y nacionalidad propia.
La hemeroteca y las manifestaciones que se han escuchado en este mismo Parlamento son el fiel reflejo de que se ha llegado a poner en entredicho, incluso, el propio concepto de la existencia y la identidad del Pueblo Vasco por parte de algunos partidos políticos.
Quiebra del segundo consenso: Reconocimiento de un "haber competencial" que no constituye ningún privilegio ni es consecuencia de una concesión unilateral y graciosa del Estado.
La realidad es que después de haber transcurrido 22 años, el "haber competencial" del Estatuto está sin desarrollar en muchos de sus contenidos, y la mejor muestra de ello es este mismo pleno monográfico y las reiteradas demandas de este Parlamento en este sentido.
Quiebra del tercer consenso: El Estatuto no supone un límite final a la voluntad de la sociedad vasca para avanzar y profundizar en su autogobierno, como se contempla en su disposición adicional.
La realidad es que algunos partidos políticos no quieren ni oír hablar de esta disposición adicional ni de los procedimientos de actualización que se contemplan en el Estatuto que lo configuran como un texto abierto, como un camino y no como una meta.
A este respecto, determinados partidos políticos no sólo entienden que el Estatuto no puede ser superado en ningún caso, sino que, incluso, consideran que su completo desarrollo constituiría una amenaza para el proceso de uniformización autonómica que plantean y, en consecuencia, para la propia identidad del Estado.
Estas son tres realidades sobre las que tenemos que hablar hoy aquí.
Me gustaría que estas reflexiones iniciales no respondieran a una descripción descarnada de la situación actual. No hay nada que me pudiera satisfacer más que constatar en este pleno que estamos en disposición de recuperar estos consensos pero, desgraciadamente, considero que los partidos políticos hemos manifestado una posición cada vez más divergente en relación con la interpretación del Estatuto y de su cumplimiento íntegro.
Como Lehendakari, no creo que es oportuno que los representantes políticos sigamos utilizando el Estatuto de Gernika como un arma arrojadiza para profundizar en el actual desencuentro. Al contrario, yo creo en la necesidad de recuperar los consensos básicos que se han ido rompiendo.
Quizá se ha hecho excesiva demagogia sobre la posición de los partidos políticos en relación con la defensa y el respeto del Estatuto de Gernika.
Todos podemos tener nuestra propia interpretación sobre si el Estatuto, o su actual grado de desarrollo, responden a las expectativas iniciales que depositamos en él.
Todos tendremos nuestra propia valoración sobre la falta de lealtad con la que se ha venido produciendo el traspaso de las competencias previstas en el Estatuto.
Todos, también legítimamente, tendremos nuestra opinión sobre la oportunidad o no de explorar las posibilidades que ofrece su disposición adicional para profundizar en nuestro autogobierno y modificar, en su caso, nuestro actual marco de relación interna entre los Territorios vascos y externa con el Estado y con Europa.
Pero, al margen de nuestras propias posiciones políticas, puedo manifestar, con satisfacción, que los tres partidos políticos que conformamos el Gobierno Vasco -PNV y EA nacionalistas e Izquierda Unida federalista-, tenemos una serie de principios compartidos en relación con el autogobierno y el Estatuto de Gernika.
Primero: Nuestro respeto a las decisiones, a las instituciones y a los marcos jurídicos construidos hasta ahora por la voluntad de la ciudadanía y, en consecuencia la exigencia inmediata de que se cumpla el Estatuto de Gernika en su integridad.
Segundo: Nuestro respeto a la legitimidad democrática de las opciones de cambio, modificación y actualización de dichos marcos jurídicos, en función de que se alcancen las mayorías necesarias para ello.
Tercero: Nuestro respeto, en suma, a la voluntad pasada, presente y futura de la sociedad vasca, libre y democráticamente expresada.
Estos tres principios no pretenden ser patrimonio del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Alkartasuna y de Izquierda Unida. Son bases democráticas a las que llegamos desde posiciones políticas legítimamente diferentes, y que nos deberían permitir a todos recuperar los consensos en torno a nuestros instrumentos de autogobierno.
Que alguien plantee profundizar en nuestro actual grado de autogobierno y actualizar el Estatuto de Gernika, no supone renegar de lo construido hasta ahora, ni debe ser tachado de ilegitimidad democrática.
De la misma forma, nadie debería de condicionar el pleno cumplimiento de una Ley Orgánica a que deje de existir la violencia de ETA, o a que determinados partidos políticos deban hacer dejación de plantear sus legítimas aspiraciones y proyectos políticos ante la sociedad.
Ningún planteamiento debe quedar excluido, tampoco los que pretenden rebajar el actual autogobierno porque lo puedan considerar excesivo.
Dejemos que sea la sociedad vasca quien tome la decisión. Sin amenazas y sin chantajes. Precisamente para eso estamos hoy aquí. Para intentar recuperar los consensos básicos que hemos ido perdiendo como jirones a lo largo del camino. Para contrastar los instrumentos que nos permitan impulsar el cumplimiento íntegro del Estatuto, y para evaluar y explorar las potencialidades que encierra en su seno, en orden a buscar nuevos puntos de encuentro que nos permitan encauzar el proceso de normalización política en la sociedad vasca.
Hagamos, por tanto, un esfuerzo y procuremos aprender de los errores del pasado. Reconozcamos, en sus justos términos, la repercusión extraordinariamente positiva que ha tenido en el bienestar de la sociedad vasca el autogobierno gestionado gracias al actual desarrollo del Estatuto de Gernika. Analicemos el camino que nos queda por completar. Pongamos los instrumentos y los esfuerzos políticos precisos para hacer cumplir íntegramente el Estatuto y, por último, evaluemos las opciones de cambio y actualización del mismo, como un ejercicio de democracia y de respeto a la voluntad de la sociedad vasca.
En definitiva, estamos aquí para recuperar de nuevo el consenso político y social sobre dos pilares fundamentales:
- El cumplimiento del Estatuto de Gernika en su integridad
- El respeto a las opciones de cambio y actualización del mismo, en virtud de la voluntad de la sociedad vasca
Tenemos que comprometernos todos en lograr un nuevo punto de encuentro para la convivencia, un nuevo pacto. Tenemos que explorar las potencialidades del Estatuto de Gernika como punto de partida y como instrumento jurídico abierto, flexible y dinámico sobre el que intentar construir un nuevo punto de encuentro para el siglo XXI.
2.- La historia de un Pacto incumplido
La vida y el desarrollo de nuestro Estatuto de Gernika ha estado marcada por una serie de etapas que han ido paralelas a la propia evolución del proceso de desarrollo autonómico del Estado. El cumplimiento de una Ley Orgánica se ha visto condicionado injustificadamente por intereses partidistas y por el mercadeo derivado de la correlación de fuerzas que en cada momento político ha existido en el ámbito del Estado. De esta forma, lo que inicialmente se concibió como un pacto político, se ha ido convirtiendo en un traspaso unilateral y discrecional de transferencias en función del interés, la oportunidad o la necesidad de las circunstancias.
Desde el 25 de octubre de 1979, fecha en la que se aprobó mediante referendum el Estatuto de Gernika, la Comunidad Autónoma Vasca asumió formalmente la responsabilidad directa de las competencias reconocidas en el mismo.
A partir de aquel acto constituyente, y sobre todo a principios de la década de los ochenta, asistimos a un proceso de transformaciones institucionales y de transferencias competenciales que nos permitieron contar con un significativo cuadro de políticas de actuación para comenzar a hacer frente a la recuperación económica, infraestructural, social y cultural de nuestro País.
Es preciso reconocer, que la voluntad política que se dio en aquellos años permitió un resultado estimable en la recuperación de nuestro autogobierno, tras el largo período histórico de la dictadura franquista que nos lo había arrebatado por la fuerza.
Sin embargo, aquel dinámico desarrollo institucional de estos primeros años pronto se vio truncado por una transformación profunda del contexto y de la concepción que hasta entonces habían tenido los partidos estatales del proceso autonómico.
El intento frustrado de golpe militar que se produjo el 23 de febrero de 1981 fue la llamada de atención del estamento militar a una democracia vacilante y todavía incipiente que no tenía la solidez suficiente como para abordar sin tutelas, y con determinación, el proceso de transformación de un estado unitario y centralista en un verdadero estado plurinacional que reconociera la singularidad e identidad diferenciada de las llamadas nacionalidades históricas.
Coincidiendo con este lamentable episodio, aquel modelo autonómico inicial dibujado en la Constitución, basado en la existencia de hechos diferenciales y singulares que debían tener un tratamiento específico, quebró como consecuencia de los pactos autonómicos firmados por los dos grandes partidos de ámbito estatal: UCD y PSOE, y de los efectos perversos de la Ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) que, si bien fue declarada en algunos aspectos inconstitucional, resultó aprobada en lo sustancial en 1983, y cuyos efectos prácticos se han hecho sentir hasta nuestros días.
En vez de dar encaje a los hechos diferenciales se apostó por una alternativa uniformizadora y homogeneizadora, con la esperanza de que las personalidades históricas se diluyeran en un régimen generalizado de 17 autonomías, en una especie de sano regionalismo basado en la mera descentralización administrativa de competencias.
Se optó por aplicar una alternativa uniformizadora, una especie de café para todos, cuyo espíritu ha pervivido, y me atrevería a decir que en los últimos años se ha visto agravado, en relación con el proceso de desarrollo autonómico en general y con nuestro Estatuto de Gernika, en particular.
A partir de la aprobación de la LOAPA, tuvo lugar la parálisis de los traspasos de transferencias durante largos años. Se inició el proceso de uniformización mediante la aprobación de leyes de bases que han venido recortando de forma unilateral el ejercicio de competencias ya asumidas. Se ha judicializado, hasta límites insospechados, el ejercicio de nuestro autogobierno con la inestimable colaboración del Tribunal Constitucional que siempre ha optado por la interpretación más restrictiva posible.
En definitiva, se ha procedido a homogeneizar las competencias y atribuciones de las Comunidades Autónomas mediante la política de rebajar, por la vía del hecho, los límites y posibilidades que, en derecho, se contemplaban para las denominadas nacionalidades históricas, estableciéndose nuevoscorsés al ejercicio de nuestro autogobierno a través de conferencias sectoriales de dudosa eficacia y practicidad.
Estas circunstancias han convertido a nuestro autogobierno y a nuestras instituciones en una especie de autogobierno flotante al albur de las decisiones unilaterales del Gobierno español.
Con esta actitud, a nadie se le oculta que culminar el desarrollo del Estatuto de Gernika se ha convertido en un problema estructural y en una demanda permanente de las Instituciones y partidos vascos, dadas las negativas y preocupantes consecuencias políticas, sociales, económicas y jurídicas que este incumplimiento ha venido provocando en el conjunto de la sociedad vasca.
Preocupación que ya fue puesta de manifiesto en 1988, hace ahora 13 años, en el propio Acuerdo de Ajuria-Enea, en el que todos los partidos políticos firmantes del mismo nos comprometíamos a desarrollar el Estatuto en su plenitud, de conformidad con los principios que lo inspiraron y respetando su singularidad.
El citado Acuerdo, en su apartado segundo, reconocía que el pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos del Estatuto contribuye de manera decisiva al reforzamiento de la confianza democrática y de la convivencia pacífica. O dicho de otra forma, que su incumplimiento pone en grave riesgo la convivencia.
Con posterioridad, en enero de 1992, se elaboró por el Gobierno el primer Informe de Transferencias, en el que se realiza una valoración general del proceso de desarrollo estatutario, un análisis de los servicios ya transferidos hasta ese momento y una identificación de los servicios pendientes de transferir.
En base a ese trabajo, el Parlamento aprobó, en julio de 1993, el Informe sobre el desarrollo estatutario, en el que se identifica el "quantum" de autonomía pendiente de desarrollar y los criterios políticos y jurídicos sobre los que orientar el trabajo de las Comisiones Mixtas para alcanzar un acuerdo en cada transferencia.
En igual sentido, el pasado 20 de abril de 1994, el Congreso de los Diputados acordó instar al Gobierno español "a completar el proceso de transferencias pendientes a las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el ámbito de autogobierno reconocido y garantizado en sus Estatutos de Autonomía".
Incluso el propio Senado, en su sesión plenaria de 28 de septiembre de 1994, dedicada a analizar el Estado de las Autonomías, aprobó una moción en la que "se insta al Gobierno para que cumpla las previsiones contenidas en el Estatuto de Gernika en materia de Desarrollo Autonómico, tomando como base el Acuerdo del Parlamento Vasco, de 1 de julio e 1993, en cuanto documento que expresa la voluntad de las fuerzas políticas vascas".
En relación, asimismo, con la necesidad de articular una posición común para la identificación y negociación de las transferencias pendientes que quedase al margen de planteamientos exclusivamente partidarios, el Parlamento Vasco, el 20 de octubre de 1995, ratificó, con los votos favorables del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista, Partido Popular, Eusko Alkartasuna, Unidad Alavesa e Izquierda Unida, el denominado Informe sobre prioridades de transferencias. En dicho informe
- Se identifican con fichas individuales cada una de las transferencias pendientes.
- Se establecen las prioridades de negociación de las mismas, según su orden de importancia económica y social.
- Se recogen expresamente los criterios de valoración y la metodología que debe utilizarse para su traspaso.
- Y se insta al Gobierno a continuar con la defensa del pleno y leal desarrollo del Estatuto, como expresión de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca.
Esta síntesis de acuerdos alcanzados, nos pone de manifiesto la existencia de un consenso político mayoritario en demanda del cumplimiento íntegro y urgente del Estatuto de Gernika. Demanda y consenso que, para asombro de propios y extraños, no ha tenido absolutamente ninguna virtualidad para transformar la situación.
El cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika es, por tanto, una asignatura pendiente 22 años después de haber sido ratificado.
Nada produce tanta frustración y deslegitimación como constatar la impunidad con la que se incumplen las leyes, sobre todo aquellas que, como el Estatuto de Gernika, merecieron la aprobación directa de la mayoría de la ciudadanía vasca y despertaron una esperanza de identificación con el nuevo marco político.
En este sentido, provocan un sentimiento de incredulidad y desconfianza en la sociedad vasca determinadas manifestaciones que reflejan el temor a la autonomía alcanzada y el miedo de ciertos responsables políticos a finalizar el traspaso de competencias previsto porque, según aducen, una vez finalizado el mismo, la sociedad vasca podría plantear la profundización en el autogobierno alcanzado. De esta forma, parece que abogan por mantener otros veinte años el goteo permanente de transferencias en una especie de ficción de historia interminable, a menos que la sociedad vasca no abjure para siempre de sus ansias de libertad y de nuevas cotas de autogobierno.
Traigo a colación a este respecto, dos declaraciones recientes:
"La existencia de competencias aún no traspasadas 22 años después de aprobarse el Estatuto de Gernika, se debe a la falta de acuerdos en materias que afectan al principio de igualdad entre todos los españoles. La mayoría de las reclamaciones pendientes no son susceptibles de traspaso".
Son declaraciones del Ministro de Administraciones Públicas a finales de Julio, haciéndose eco de un informe de la Secretaría de Estado de Organización Territorial. Declaraciones, por cierto, ratificadas esta misma semana, planteando, simple y llanamente, que el Gobierno español no está dispuesto a cumplir el Estatuto, que no respeta ni las competencias recogidas en el Estatuto ni su desarrollo en base a los derechos históricos. Es decir, que para el Gobierno español el "Estatuto es inconstitucional".
En definitiva, que el Gobierno español no acepta la voluntad de este Parlamento, ni escucha ni acepta ni respeta la voluntad de la sociedad vasca.
Además, en el mes de septiembre, el propio Presidente del Gobierno español ha "remachado" estas declaraciones, manifestando que "no admitirá más privilegios autonómicos", y que "se han terminado los tiempos de la financiación por reivindicación de recursos ajenos".
El Sr. Aznar habla de privilegios. Se trata de una expresión que produce una terrible desazón en muchos ciudadanos vascos, entre los que me cuento. Privilegio, en su acepción más común significa "ventaja concedida por un superior". Para la ciudadanía vasca, esta concepción es inaceptable, por no utilizar un calificativo más severo.
Aquí no hay ventajas ni superiores.
A los vascos nadie nos tiene que conceder nada que nos corresponde por derecho propio y que en su día nos fue arrebatado por la fuerza, como así lo reconoce expresamente la propia Constitución española en su disposición derogatoria segunda.
En lo que atañe a la reivindicación de recursos ajenos, interpreto que se referirá a las materias que el Estado financia con los recursos ajenos provenientes de las arcas del País Vasco y de Navarra, en virtud del Concierto Económico. Los vascos no financiamos nada con recursos de otros, es el Estado el que financia parte de sus gastos comunes con nuestros recursos.
Este tipo de declaraciones reflejan un cierto talante que, cuando menos, inducen a la preocupación y a la reflexión respecto a la actitud de quien tiene que culminar el proceso de transferencias pendientes y quien ostenta la responsabilidad de sentar las bases de un proyecto de convivencia para el Estado español, en el horizonte del presente siglo.
Sinceramente, condicionar el cumplimiento de una Ley Orgánica a que la sociedad vasca renuncie expresamente al derecho que le corresponde para actualizar o modificar su autogobierno, me parece ciertamente intolerable.
Si así fuera, ya no estaríamos sólamente ante un proceso de regresión autonómica sino de involución democrática.
En este sentido, debemos constatar que algunos no han avanzado, sino que han retrocedido. Al respecto, no puedo sino recordar que, ya en 1988, todos los partidos políticos reconocíamos que debe ser la voluntad mayoritaria del Pueblo Vasco, a través de sus representantes legítimos, quien debe juzgar en cada momento la validez o invalidez del Estatuto como instrumento de autogobierno, estando legitimado el mismo Pueblo para reivindicar cualquier derecho que le pudiera corresponder, de acuerdo con las disposiciones adicionales primera de la Constitución y única del Estatuto.
En definitiva, convinimos en reconocer que los instrumentos jurídicos no están pensados para imposibilitar acuerdos, sino que deben ser herramientas flexibles que posibiliten pactos. Por ello, y dentro de la más estricta legalidad, tenemos que ser capaces de reinterpretar nuestras normas y, con voluntad política, llegar a acuerdos, permitiendo a la sociedad vasca que sea lo que quiera ser.
Desde esta perspectiva, el marco legal vigente debe contemplar los mecanismos necesarios que nos permitan, primero garantizar el cumplimiento íntegro del Estatuto y, a continuación, actualizar el mismo, si la sociedad lo considera preciso, para alcanzar un nuevo punto de encuentro que favorezca la normalización social y política.
3.- El coste de la No-Euskadi "Profundizar en el autogobierno para mejorar el bienestar de la sociedad vasca"
La historia del Estatuto de Gernika es la historia de un pacto incumplido durante estos veintidós años, y es precisamente la ilusión de la sociedad vasca por lo que tenemos como fruto del Estatuto, lo que hace que estemos enormemente decepcionados por lo que aún no se ha cumplido y en derecho nos pertenece.
Este es el coste de la No-Euskadi. El coste del autogobierno que aún no disfrutamos y que nos permitiría mejorar muy notablemente el bienestar de la sociedad vasca.
El incumplimiento del Estatuto supone un coste político pero, sobre todo, representa un enorme coste en términos de bienestar para la ciudadanía vasca. Es el coste de una Euskadi incompleta. El coste de la No-Euskadi.
Evidentemente, sería un ejercicio de victimismo, contrario a la realidad negar que el autogobierno conseguido gracias al Estatuto nos ha permitido gestionar un amplio abanico de competencias propias que han redundado en el crecimiento económico y en la mejora del bienestar y de la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas.
Este justo reconocimiento no es óbice para constatar que, después de veintidós años transcurridos desde su aprobación, nos encontramos con un Estatuto atrofiado por la paralización de las transferencias que no encajan en la concepción homogeneizadora del Estado, y por la aprobación de leyes de bases claramente abusivas o sentencias restrictivas que limitan nuestro autogobierno, tratando de convertirlo en un autogobierno flotante, lo que genera en amplios sectores de la sociedad vasca un sentimiento de desafección y de frustración.
Pero es que, además, y como hemos comprobado, el desarrollo del Estatuto no ha seguido el proceso pacífico y normalizado que hubiera sido de esperar en la aplicación estricta de una Ley Orgánica y en el cumplimiento leal de un pacto político y social, sino que ha tenido que atravesar el tortuoso y largo camino del mercadeo y del capricho de los intereses partidistas que la coyuntura ha aconsejado en cada ocasión
La sociedad vasca ha podido tener la sensación de que ha sido preciso arrancar literalmente las transferencias al Gobierno Central con el pago de precios políticos.
Porque, no nos engañemos, cada renovación del Concierto Económico, la incorporación del IVA, la autopista A-8, las transferencias de formación profesional, sanidad, universidades…etc, se han convertido en moneda de cambio habitual que normalmente ha tenido que pagar el nacionalismo democrático en Madrid.
Ahora, que tanto se habla de precios políticos, resulta sarcástico que hayamos tenido que pagar periódicamente por un derecho que le corresponde a la sociedad vasca. Lamentablemente, en muchas ocasiones así ha sido, y no es necesario retrotraerse mucho en el tiempo para tener un ejemplo de esta práctica.
Este, y no otro, es el viciado ambiente que hoy respira nuestro Estatuto de Gernika, obligado a ser un objeto de deseo sometido, no a su propia letra y espíritu, sino a los intereses que la coyuntura aconseje. El cumplimiento del pacto estatutario ha estado condicionado a la voluntad de una de las partes y, por ende, nuestro autogobierno ha zozobrado en un marco de inseguridad jurídica.
De esta forma, una parte muy significativa de la sociedad vasca que en su día apostó por el Estatuto, se llena de dudas sobre lo acertado de la apuesta realizada.
Es precisamente este incumplimiento el que contribuye a deslegitimar el Estatuto como punto de encuentro para la convivencia porque no responde a los principios políticos que lo inspiraron.
a) La regresión autonómica
En los últimos tiempos estamos asistiendo a un verdadero proceso de regresión autonómica que, además de impedir el cumplimiento de las transferencias aún pendientes, es decir el Estatuto no-nato, ha desarrollado una política sistemática de ataque y recorte del autogobierno alcanzado, utilizando no solamente los instrumentos jurídicos y judiciales al servicio del Estado, sino, incluso, el propio proceso de construcción europea, como coartada para excluirnos de la toma de decisiones que afectan directamente a nuestra autonomía política.
El resultado de esta situación es un enorme coste político y social para la sociedad vasca y para el propio marco de convivencia que pactamos en 1979.
Reclamamos el cumplimiento íntegro del Estatuto, no sólo porque legítimamente nos corresponde, sino porque el autogobierno es para este País sinónimo de bienestar. La experiencia nos dice que desde que hemos gestionado nuestro sistema educativo, los índices de calidad del mismo superan ampliamente a los del Estado, y cuando, por ejemplo, hemos gestionado el sistema sanitario, la sanidad vasca -Osakidetza- tiene entre sus usuarios unos niveles de aceptación notablemente mejores de los de la media española, y así podríamos seguir con el resto de competencias asumidas.
En este sentido, planteamos el incumplimiento como un verdadero coste social, como el Coste de la No-Euskadi, al que antes he aludido.
No es posible realizar en esta comparecencia un análisis en profundidad de los costes políticos derivados de esta NO-EUSKADI -por otra parte, ya puestos de manifiesto en el Pacto de Ajuria-Enea y en este mismo Parlamento con motivo del informe de prioridades de transferencias de 1995- pero sí creo que resulta de enorme interés que la ciudadanía tome conciencia del coste económico y social que tiene para su vida diaria el incumplimiento del Pacto Estatutario.
Todas y cada una de las transferencias pendientes, todos y cada uno de los recortes de nuestro autogobierno, todas y cada una de las decisiones que se toman en Bruselas sin nuestra participación, tienen una repercusión muy directa en la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas.
El primer y más visible coste de esta "NO-EUSKADI" son las 37 competencias que, estando recogidas en el Estatuto de Gernika, aún se encuentran pendientes de transferir después de 22 años.
¿Cómo se puede decir hoy que estas materias no son transferibles?
Este es el mejor ejemplo del proceso de regresión autonómica y de involución democrática en que está inmerso el Gobierno español.
La sociedad vasca debe saber que el pleno y leal desarrollo del Estatuto no es una reclamación retórica de los partidos políticos o del Parlamento Vasco, sino que todas y cada una de estas 37 competencias pendientes tienen un efecto real en el crecimiento económico y en el bienestar de la ciudadanía.
A continuación, les trasladaré una serie de ejemplos que nos pueden dar una idea bastante cabal del "Coste de la No-Euskadi", para la sociedad vasca, a través, solamente de seis ámbitos en los que se percibe claramente esta regresión autonómica que afecta a todo nuestro autogobierno.
- Investigación Científica y Técnica
La representación de la administración del Estado ha proclamado torticeramente que no hay posibilidad de transferencia de una competencia de carácter exclusivo como la de Investigación Científica y Técnica que atribuye a la administración vasca el artículo 10. 16 del Estatuto.
El cumplimiento de este compromiso es aún más urgente, si cabe, habida cuenta del olvido institucional al que estamos sometidos en materia de investigación: De 117 centros e institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sólo 2 se encuentran ubicados en el Euskadi (Unidad de Biofísica y Unidad de Física de Materiales), cuando hay 10 en Valencia, 17 en Cataluña o 45 en Madrid.
A pesar de que hemos construido con nuestro propio esfuerzo un sistema propio de Ciencia-Tecnología-Empresa "pegado" a la realidad de nuestro tejido económico, la no transferencia de la competencia ha supuesto en los últimos diez años una merma de recursos cercanos a los 139.000 millones de pesetas, con los cuales podríamos haber mejorado aún más la posición de Euskadi como un país puntero en Europa.
- Empleo, Formación y Protección Social
El Estatuto contempla para los poderes públicos vascos unas amplias facultades en la aplicación y desarrollo de la legislación laboral, así como una capacidad total de gestión de todo el sistema público de protección social. En la práctica, sin embargo, esas potencialidades distan enormemente de haberse desarrollado.
En el ámbito laboral, las leyes elaboradas sin participación institucional ni social vasca no respetan, y de hecho impiden, el desarrollo de un marco autónomo de relaciones laborales, reservando actuaciones meramente gestoras a la administración vasca, en contra de lo previsto en el Estatuto.
En materia de empleo y formación se impide el cabal desarrollo de las políticas en tres aspectos esenciales: primero, porque se niega la capacidad de definir unos planes propios de fomento del empleo, queriendo reducir la competencia en políticas activas a la gestión de los planes elaborados a nivel del Estado. Segundo, porque se ha diseñado una legislación de formación profesional que asigna al Estado la definición completa de todos los planes de formación y la titularidad de los centros ubicados en Euskadi y tercero, porque ni se admite la transferencia de la formación continua ni se reconoce la autonomía de la Fundación vasca HOBETUZ, constituida al amparo del Estatuto de los Trabajadores.
En materia de protección social, la falta de transferencias impide la descentralización y la gestión compartida de la Seguridad Social. Esta circunstancia limita gravemente el diseño de una política vasca que permita garantizar una renta universal a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas, independientemente de sus situaciones particulares. De esta forma, en este momento se da una fragmentación de la protección social derivada de una variada gama de situaciones, como son los subsidios de desempleo, las pensiones no contributivas, los complementos de mínimos y la renta básica de inserción.
A pesar de los esfuerzos presupuestarios realizados por la Administración Vasca en materia de empleo y protección social, lo cierto es que el coste de la No-Euskadi se revela de enorme trascendencia en este ámbito, traduciéndose en la carencia de una administración laboral cercana a la realidad social, en la imposibilidad de establecer un diseño propio de la política de formación profesional adaptada a las necesidades de los trabajadores y las empresas vascas y, finalmente, en la dificultad para diseñar un sistema de renta básica universal para todos los ciudadanos y ciudadanas más justo y eficiente que evite la fragmentación de la protección social actualmente existente.
- Infraestructuras
La falta de aplicación del Estatuto de Gernika en materia de infraestructuras está suponiendo un recorte sustancial en el desarrollo del capital público de Euskadi.
La no transferencia de la Autopista A-68 y la prórroga de su concesión, sin consultar siquiera a las administraciones vascas, supone, no sólo una merma fundamental de ingresos o, en su caso, un coste añadido para los usuarios, sino que impide el que se pueda completar más rápidamente la red viaria de alta capacidad y también que se puedan ordenar mejor los flujos de tráfico y la utilización del Territorio.
Por otro lado, la no transferencia de los ferrocarriles en el ámbito vasco ha obstaculizado la ordenación del transporte en áreas tan importantes como el Bilbao Metropolitano, lo que ha supuesto un retraso considerable para la renovación urbana de Bilbao y la propia revitalización de la Margen Izquierda, crucialmente dependiente del ferrocarril.
Mención especial merece el hecho de la no transferencia de los puertos y aeropuertos de interés general, de conformidad con el Estatuto, toda vez que el Estado no se ha reservado su gestión directa.
Este conjunto de circunstancias, que afectan a algo tan inmediato como la gestión del territorio, hace que uno de los aspectos más llamativos del coste de la No-Euskadi sea, en definitiva, la dificultad para gestionar sin cortapisas la política territorial y el medio físico.
- Educación
La apelación que el artículo 16 del Estatuto hace a la Disposición Adicional de la Constitución permitiría conformar un sistema educativo propio a todos los niveles. Sin embargo, las sucesivas leyes estatales y los reglamentos que las mismas han habilitado, han acabado por sumir en la incertidumbre el alcance previsible de nuestro autogobierno en materia educativa.
La obsesión por introducir una regulación unitaria y homogénea ha llegado a su nivel máximo con los últimos proyectos legislativos estatales revisando las capacidades autonómicas en dos niveles educativos tan importantes como el de la formación profesional y el de la educación universitaria.
Por un lado, pretenden ignorar los progresos llevados a cabo con el Plan Vasco de Formación Profesional para volver a situar todas las capacidades en este ámbito en la administración estatal. Por otro, se plantean regular con todo detalle y concreción la organización y el funcionamiento de las Universidades, reduciendo su autonomía hasta límites incomprensibles y confinando a las administraciones vascas a ejercer un mero papel de financiador.
El sistema educativo debe ser el fiel reflejo del tejido social de un País, y la regresión autonómica en curso, amén de una vulneración del bloque de constitucionalidad, va a entrañar un considerable coste de inadaptación a las necesidades reales de la sociedad vasca.
La regresión en materia educativa, con una legislación universitaria que ha sido calificada por los rectores de todas las universidades vascas, de centralista, amenaza con convertir en papel mojado esta competencia exclusiva y lo que es más importante, introduce rigidez y no flexibilidad en nuestro modelo universitario, es decir supone caminar hacia el pasado en vez de avanzar hacia el futuro.
- Area Económica y Financiera
La falta de transferencia de las instituciones de crédito público y del sector público estatal ha privado a las administraciones vascas de instrumentos esenciales para la promoción económica y para la reordenación de sectores productivos.
La reforma y posterior privatización del Crédito Oficial a espaldas de las instituciones vascas, ha privado a éstas de un importante instrumento de intervención en el sistema financiero. De la misma manera, la falta de desarrollo de puntos de conexión eficaces en materia de seguros y banca, y la no participación en órganos fundamentales de control del sistema financiero, como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha vaciado, en la práctica, las amplias competencias del Estatuto, configurando un sistema unitario y fuertemente centralizado que es completamente ajeno al bloque de constitucionalidad.
Por otro lado, en el ámbito de la Autonomía Financiera, la Ley de Estabilidad Presupuestaria recientemente aprobada, constituye el mayor ataque a la autonomía financiera que es posible concebir. Rezuma fundamentalismo financiero, no entiende ni aplica el concepto europeo de estabilidad a lo largo del ciclo económico y, al proscribir la deuda en sí misma, va a impedir obras fundamentales en la esfera local (el Metro de Bilbao no hubiera sido posible con ella), devolviéndonos a una situación de tutela de los municipios similar al que ejercieron los gobiernos civiles en la dictadura.
- Area de Justicia
Es preciso reconocer que desde que las Instituciones vascas recibieron la transferencia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, este Servicio ha mejorado ostensiblemente en Euskadi.
Esto no es óbice para constatar que en este ámbito, mientras el Estatuto indica que la organización de justicia en el País Vasco culminará en un Tribunal Superior ante el que se agotarán las distintas instancias procesales, bien por razón del sistema de recursos judiciales, bien por razones del discutido mantenimiento de la Audiencia Nacional, no se cumple este extremo previsto en el Estatuto.
Pero más aún, a pesar de que el Estatuto de Gernika indica que corresponde a Euskadi la provisión del personal al servicio de la Administración de Justicia y de los medios materiales y económicos para su funcionamiento, la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al Gobierno Español facultades sobre gran parte de la organización judicial impidiendo, de hecho, que las Instituciones vascas dispongan de autonomía de funcionamiento en esta materia.
En este sentido, es de señalar el anacronismo que supone el mantenimiento de los cuerpos nacionales de funcionarios, y consecuencia de todo ello, la beligerancia del Estado contra el Gobierno Vasco para impedir la puesta en práctica de acuerdos colectivos firmados con las centrales sindicales en el ámbito de nuestra Comunidad, lo que de hecho se traduce en un impedimento para que puedan ser llevadas a cabo en toda su amplitud mejoras evidentes para la ciudadanía en general y para los trabajadores y trabajadoras del Servicio de Administración de Justicia en particular.
Por último, además, se niega por motivos estrictamente políticos la transferencia relativa a los centros e instituciones penitenciarias, aduciendo el Gobierno español que no se dan las condiciones para que pueda cumplirse el Estatuto de Gernika en esta materia, sin más explicaciones.
Todo este estado de cosas configura una situación de regresión autonómica en una materia tan sensible para el bienestar de la ciudadanía vasca como es el poder disponer de una Administración de Justicia rápida y eficaz en el ámbito de Euskadi.
b) La marginación de Euskadi en la construcción europea
El proceso de construcción europea se configura como un elemento fundamental que debe estar presente en cualquier reflexión política en relación con nuestro futuro. Nadie sabemos hoy como vamos a vivir, qué nivel de relación vamos a tener, por ejemplo, dentro de 20 años en el seno de la Unión Europea.
El diseño de nuestra autonomía política en 1979 no tuvo en cuenta esta variable y, sin embargo, los tratados de la Unión Europea y la utilización excluyente que está haciendo de los mismos el Gobierno español tienen un efecto importantísimo sobre nuestro autogobierno.
Europa influye cada día más en nuestras vidas, y afecta también a las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma Vasca. Competencias que abarcan desde la política monetaria hasta la pesca, pasando por la agricultura, la investigación, las infraestructuras, la política industrial y, en general, todos los ámbitos de nuestra realidad cotidiana.
Sabemos que no existen impedimentos legales ni interpretativos para que la Comunidad Autónoma del País Vasco tenga una presencia real y efectiva en el proceso de toma de decisiones en Bruselas. Prueba de ello es que el tratado de Maastricht, firmado en 1992, introduce la llamada "Lex Bélgica" que permite que acudan al Consejo los representantes regionales de los Estados miembros con facultades para comprometer al Gobierno de dicho Estado.
Una vez más, el marco legal contempla los mecanismos necesarios para hacer posible el encuentro y el respeto de todos los ámbitos competenciales y es la interpretación restrictiva del Gobierno español la que desencadena el conflicto político, la que genera desencuentro, insatisfacción y frustración.
Cuando en Bruselas se discuten temas que afectan directamente a competencias vascas, el Gobierno Vasco está ausente por el impedimento del Estado. Y esto no es un prurito político, sino que tiene un impacto real en la defensa de nuestros intereses y en el deterioro del propio funcionamiento democrático del entramado institucional de la UE. Por poner sólo dos ejemplos que puedan ser entendidos perfectamente por cualquier ciudadano o ciudadana:
¿Cómo es posible que la defensa de los incentivos fiscales de la Administración Vasca, tan importantes para nuestro desarrollo económico, fuera ejercida en Bruselas por el Ministro español de Economía y Hacienda, quien, a su vez, había recurrido esos incentivos a nivel interno?
Si el Ministro de Interior no es autoridad competente en temas policiales en Euskadi ¿quién representa a nuestro Pueblo en las reuniones europeas teniendo el Gobierno Vasco una policía integral a su mando?
Han pasado más de quince años desde la firma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Mucho tiempo, muchas oportunidades perdidas y muchos temas mal defendidos, o simplemente indefensos. Otros países en Europa ya han puesto remedio a esta situación. La mayoría de los Estados miembros de estructura federal como Bélgica, Alemania o Austria, modificaron sus constituciones para que las regiones o entidades subestatales pudieran representar los intereses de su estado en el Consejo. Asimismo, los procesos de descentralización recientes del Reino Unido, o el de Portugal, se acompañan del consecuente establecimiento de mecanismos de participación de sus correspondientes entidades regionales en el Consejo Europeo, para las materias de su ámbito competencial.
Sin ir más lejos, miremos, por ejemplo, la actitud abierta de la actual presidencia belga del Consejo. El pasado 13 de julio de 2001 el Presidente de la región Wallona presidió el Consejo de Política Regional y de Ordenación del Territorio.
Se ha abierto el gran debate sobre el futuro de Europa. Nos parece, por tanto, urgente, redefinir los objetivos y los instrumentos de participación de las nacionalidades y regiones para dotar de mayor legitimidad democrática a este proceso de construcción europea.
Todos los actores de Europa deben de estar presentes, cada uno a su nivel y en el ámbito de sus competencias, para conseguir, entre todos, hacer más y mejor Europa, desde el respeto a la diversidad y a las distintas realidades políticas, nacionales y culturales existentes en su seno.
Es preciso que el País Vasco y otras naciones sin estado puedan participar directamente en la toma de decisiones de la Unión, de forma que se garantice la legitimidad democrática del proceso de construcción europea, sin sufrir, para ello, un menoscabo en nuestra capacidad de autogobierno.
Reclamamos, por tanto, de forma urgente, un acuerdo bilateral con el Estado español para definir y posibilitar las vías de la presencia directa de Euskadi en Europa en los asuntos de nuestra exclusiva competencia. Si en otros países europeos ha sido posible, ¿por qué en el Estado español no?
La conclusión a la que nos lleva la descripción de la situación de nuestro autogobierno y el recorrido que hemos realizado de su desarrollo a lo largo de estos 22 años, es bien clara: tenemos un Estatuto aprobado en 1979, que fue la respuesta posible a una necesidad sentida en la sociedad vasca, pero también un Estatuto incumplido en su letra y desnaturalizado en su espíritu. Un Estatuto pendiente de la transferencia de 37 competencias. Una autonomía política, en consecuencia, mermada por una estrategia de regresión autonómica.
Esta conclusión nos conduce al siguiente apartado de mi exposición, en torno a la necesidad de abordar el cumplimiento inmediato del Estatuto de Gernika, como una obligación urgente desde el punto de vista político y social.
4.- Una obligación urgente: el cumplimiento inmediato del Estatuto de Gernika, aprobado en 1979
Sólo cerrando la puerta del incumplimiento y la frustración seremos capaces de abrir la ventana hacia el futuro. Por ello, es hoy más necesario que nunca reivindicar conjuntamente el compromiso de respeto del marco de autogobierno existente mediante el cumplimiento urgente del Estatuto en su integridad.
Nuestra responsabilidad política es establecer los instrumentos más adecuados y sentar las bases y los principios sobre los que abordar este objetivo. Esta es una tarea urgente que no admite más demora.
Nos hemos comprometido para hacer del Parlamento el motor de la normalización política, el campamento base de todas las expediciones para resolver nuestros problemas políticos.
En este sentido, me considero en la obligación política de proponer a la Cámara la constitución de un instrumento específico que nos permita aunar las iniciativas que cada grupo parlamentario propone para dar cumplimiento a la voluntad de la sociedad, en relación con el grado de autogobierno deseado.
A este respecto, la propuesta que someteré a la consideración de todos los grupos parlamentarios es la constitución de una Comisión Parlamentaria de Profundización de nuestro Autogobierno.
Una Comisión Parlamentaria que analice la situación actual del proceso de transferencias, impulse el cumplimiento del actual pacto estatutario y que aborde, con talante abierto y democrático, las opciones de cambio y actualización del mismo, en función de la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas vascas.
Además, ya conocen la decisión adoptada por el Consejo del Gobierno Vasco del pasado 31 de Agosto, de solicitar al Gobierno español la constitución de una Comisión Política Negociadora para el impulso urgente del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y explorar sus potencialidades.
Proponemos un diálogo político sereno y maduro para dar cumplimiento urgente a las resoluciones que este mismo Parlamento ha realizado en numerosas ocasiones en relación con esta materia.
No nos podemos conformar con constatar el incumplimiento de los acuerdos de este Parlamento y, por tanto, la falta de respeto a la voluntad popular aquí representada. Ha llegado el momento de que la sociedad vasca sea consciente de la verdadera disposición política que, tanto unos como otros, tenemos para cumplir nuestras promesas, con plazos y compromisos concretos, más allá de las declaraciones retóricas sobre la disposición permanente que todos hemos mostrado para cumplir el Estatuto en su integridad.
En definitiva, mi propuesta, en relación con el cumplimiento de lo pactado por la sociedad vasca hace veintidós años, es clara. La urgencia es evidente y los instrumentos están sobre la mesa: Un informe de prioridades ratificado por el Parlamento Vasco el 20 de octubre de 1995, la constitución de una Comisión Parlamentaria específica para la profundización del autogobierno, y la puesta en marcha de una Comisión Política entre el Gobierno Vasco y el Gobierno español.
El Parlamento es el motor del proceso de normalización política que la sociedad vasca necesita. Es preciso que seamos capaces de encontrar una serie de consensos básicos, algunos de ellos aún no alcanzados, que nos permitan lograr un nuevo pacto, para la convivencia.
Este es un reto ineludible para el conjunto del Pueblo Vasco, y este Parlamento, a través de la Comisión de Profundización de nuestro autogobierno, no puede eludir este debate transcendental para nuestro futuro.
En mi responsabilidad como Lehendakari, me siento en la obligación de poner encima de la mesa, a continuación, una reflexión abierta en relación a cómo podemos abordar con normalidad democrática el reto ineludible de alcanzar un nuevo pacto, un nuevo punto de encuentro para la convivencia.
5.- Un reto ineludible: Desarrollar las potencialidades del Estatuto para lograr un nuevo Pacto, un nuevo punto de encuentro para la convivencia
Si admitimos que el Estatuto es un Pacto, si respetamos ese pacto que vincula a todos los poderes públicos y a la ciudadanía, cumplámoslo y utilicemos sus propias potencialidades para la búsqueda de un nuevo punto de encuentro para la convivencia.
Me importa menos como califiquemos nuestras legítimas divergencias en torno al grado de autogobierno deseado, a las distintas concepciones de identidad nacional, a la soberanía, a la territorialidad o a la propia concepción de la estructura del Estado. A estas divergencias las podemos llamar como nos parezca oportuno, conflicto, contencioso, problema o desencuentro político, me da igual, pero el hecho es que existen, y tenemos que hablar de ello.
Ha llegado el momento de realizar una reflexión sobre la necesidad de abrir un proceso de profundización de nuestro autogobierno, a partir del actual Estatuto de Gernika.
Tenemos que encontrar instrumentos sobre los que articular un nuevo consenso político y tenemos que ponernos de acuerdo sobre los procedimientos democráticos para que la sociedad vasca ratifique el consenso alcanzado o bien tenga la oportunidad de dilucidar sobre las diferentes alternativas propuestas.
Esta es la realidad, y no encararla, o sortearla buscando consensos semánticos que nos permitan mantenernos inmóviles en nuestras posiciones de partida, no va a contribuir a solucionar el problema político existente.
El problema, el desencuentro político o como quiera que queramos llamarle, ha sido explicitado recientemente el pasado 13 de mayo por los propios ciudadanos y ciudadanas vascas, y no es otro que la existencia de una parte muy significativa y plural, políticamente, de la sociedad vasca que reivindica el derecho a decidir libre y democráticamente su propio futuro.
Esta, y no otra, es nuestra responsabilidad. Lo tenemos que hacer desde el reconocimiento y el respeto mutuos y lo podemos hacer, si existe voluntad política, utilizando los instrumentos jurídicos que pone a nuestra disposición un estado de derecho, desde una interpretación abierta, flexible y dinámica de los mismos.
Por eso voy a plantear una propuesta de futuro. Una propuesta, como legítimamente se pueden plantear otras muchas, para abordar un proceso de normalización política que desemboque en un nuevo punto de encuentro para la convivencia. Mi intención es poner sobre la mesa los objetivos, los principios, las bases y los instrumentos para abordar esta tarea. Serán, en todo caso, los propios grupos parlamentarios quienes, en el seno de la Comisión de Profundización del Autogobierno, o en el órgano parlamentario que crean conveniente, deberán valorar los correspondientes proyectos políticos que cada cual presente, siendo la sociedad vasca la que, en última instancia, deba ratificar los acuerdos en su caso alcanzados o dilucidar sobre las distintas alternativas presentadas.
El objetivo de mi propuesta no es ser sometida a votación, sino plantear con transparencia una reflexión para un debate político y social que tiene que tener su propio proceso de maduración. La propuesta es la siguiente.
Mi planteamiento es el siguiente:
Un Compromiso:
Lograr un nuevo Pacto Político, un nuevo punto de encuentro para la convivencia que actualice y renueve el Pacto Estatutario para adecuarlo a las demandas de la sociedad vasca.
Dos Objetivos:
- Lograr futuros consensos básicos aún no alcanzados en Euskadi.
- Buscar un nuevo punto de encuentro para la convivencia que dé satisfacción razonable a las distintas sensibilidades políticas y sociales presentes en nuestro País, y en el que todos los proyectos democráticos puedan ser defendidos en igualdad y gocen de las mismas oportunidades para ser llevados a cabo.
Tres Principios:
- El compromiso de respetar y defender la libertad individual de todas las personas para que puedan expresar, sin límites y sin coacciones, sus legítimas aspiraciones políticas y sociales.
- El reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática de las instituciones y marcos jurídicos construidos hasta ahora por la voluntad de la ciudadanas y ciudadanos vascos, así como la legitimidad democrática también de las opciones de cambio y actualización de los mismos.
- La aceptación de que el Pueblo Vasco puede encontrar cauces pacíficos y democráticos para hacer valer los derechos que pudieran corresponderle, toda vez que en un proceso democrático la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, legítimamente expresada, debe encontrar su aplicación en el ordenamiento jurídico vigente en cada momento.
Siete Bases:
- Reconocimiento de la existencia del Pueblo Vasco o Euskal Herria, como sujeto político, como una realidad social y cultural con identidad propia.
- Reconocimiento del derecho que asiste a los Territorios de Alava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, ubicados en el Estado español, a establecer el marco de relaciones que consideren más adecuado, sin más limitación que la voluntad de sus ciudadanos y ciudadanas. Cuestión esta, posibilitada por las disposiciones adicionales de garantía de los derechos históricos que permiten establecer los cauces de relación asociativa, o incluso federativa, desde el respeto a la personalidad de cada cual.
- Posibilitar instrumentos políticos, sociales y culturales de relación entre los Territorios vascos situados en el Estado español y los Territorios vascos situados en el Estado francés, utilizando de forma amplia y flexible, la normativa comunitaria que propicia la cooperación entre territorios pertenecientes a distintos estados de la Unión.
- Afirmar el derecho que, como expresión de su nacionalidad, tiene el Pueblo Vasco a ser consultado para poder decidir libre y democráticamente su propio futuro, respetando la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de cada ámbito político y administrativo en el que éste se articula. Siendo este derecho un elemento fundamental de legitimación social del propio sistema democrático.
- Renovar y actualizar nuestro actual "haber competencial" adecuándolo a los nuevos escenarios económicos y sociales europeos y a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca, articulando para ello, los procedimientos pertinentes de pacto y de negociación con el Estado.
- Posibilitar un Pacto político con el Estado que garantice la presencia directa de Euskadi en Europa y en el mundo, en representación y defensa de nuestro autogobierno y de nuestra propia identidad, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea, y el derecho internacional.
- Arbitrar los instrumentos políticos y jurídicos precisos para articular un sistema bilateral de garantías que permita una estabilidad institucional del marco de relación pactado, e impida una restricción unilateral del nivel de autogobierno que se derive del pacto suscrito.
Los Instrumentos:
- Disposición adicional primera de la Constitución.
"La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía".
- Disposición derogatoria segunda de la Constitución.
"En tanto en cuanto pudieran conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogado el Real Decreto de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Alava, Gipuzkoa y Bizkaia.
En los mismos términos se considerará definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876".
- Disposición adicional del Estatuto de Gernika.
"La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico"
Estos son los instrumentos que puede permitir un gran Pacto de Estado que sirva para dar respuesta a las demandas de autogobierno y de la capacidad para decidir el futuro que tiene el Pueblo Vasco, como expresión de su nacionalidad.
Porque, admitámoslo de una vez, el problema no sólo consiste en determinar quién va a gestionar la seguridad social o la formación profesional, si el Gobierno español o el Gobierno Vasco. El problema estriba en asumir que el Pueblo Vasco no es una parte subordinada del Estado, sino un Pueblo con identidad propia, con capacidad para establecer su propio marco de relaciones internas y para incorporarse por voluntad propia al proyecto de un Estado plurinacional como fruto de una unión de voluntades "eque principale".
No estamos ante problemas jurídicos. Estamos ante una cuestión de voluntad política.
Diversos autores, por cierto muy reputados, argumentan a favor de explorar esta posibilidad desde la perspectiva de un constitucionalismo útil. También soy consciente de que existirá quien partiendo de la base de que "no se quiere", busque argumentos para el "no se puede".
El planteamiento está realizado. Era mi responsabilidad y a ella he respondido. He pretendido realizar una propuesta que suscite la reflexión y el contraste de opiniones, no sólo en los grupos políticos, sino, sobre todo, en el seno de la propia sociedad. En cualquier caso, es un planteamiento que no debería suscitar ningún temor a ningún demócrata.
En todo caso, y más allá de esta reflexión, realizada en términos de aportación abierta, soy consciente de que tenemos que ser capaces de sentar las bases mínimas para que este pleno monográfico sobre el autogobierno, pueda significar el inicio de un nuevo camino para la normalización política.
Terminaré, por ello, mi intervención, realizando una propuesta para comenzar a andar.
6.- Un mínimo común para iniciar el camino
Desde el respeto a las propias posiciones que cada partido político desee trasladar en relación con el Estatuto de Gernika, su grado de cumplimiento y su posible actualización, materias todas sobre las que hoy, y en el futuro, tendremos ocasión de cruzar nuestros argumentos-, nuestra obligación es intentar sentar las bases mínimas que sirvan de partida para avanzar en un proceso de normalización política.
En este sentido, considero que es mi responsabilidad someter a la consideración de los grupos parlamentarios una propuesta de resolución que busque un mínimo común denominador de partida. Que constituya el punto de encuentro más simple posible para poder avanzar.
La propuesta que deseo someter a la consideración de los grupos parlamentarios para ser asumida, en su caso, por esta Cámara de manera conjunta, es la siguiente:
Propuesta de Resolución:
Reivindicamos y exigimos, por respeto a la voluntad de la sociedad vasca, el cumplimiento íntegro y urgente del Estatuto de Gernika, de conformidad con los principios que lo inspiraron y de acuerdo con la propia posición manifestada por el Parlamento Vasco el 20 de octubre de 1995, en relación con el informe de prioridades de transferencias pendientes.
Asimismo, reconocemos la legitimidad democrática de los actuales marcos jurídicos y políticos construidos por la voluntad de la ciudadanía vasca, y reconocemos, también, la legitimidad democrática de las opciones de cambio y actualización de los mismos, en función de que en la sociedad vasca se alcancen las mayorías requeridas para ello.
Nos comprometemos a la constitución de una Comisión Parlamentaria de profundización de nuestro autogobierno en la que se aborde el respeto y cumplimiento del pacto estatutario y las opciones de actualización del mismo, en función de las potencialidades que contiene.
En todo caso, y al objeto de debatir y evaluar ante la sociedad el grado de cumplimiento de estos objetivos, considero fundamental que, tanto el Gobierno Vasco, a partir de la Comisión Política que se establezca con el Gobierno español, como la propia Comisión Parlamentaria de Profundización del Autogobierno, presentemos en este Parlamento, antes de la finalización del presente curso parlamentario, un informe que recoja el balance de los trabajos realizados, así como el avance logrado, tanto en el objetivo del cumplimiento íntegro del Estatuto como en las propuestas de actualización del mismo presentadas.
Final:
A lo largo de toda mi exposición he hablado reiteradamente de puntos de encuentro para la convivencia desde el respeto y el reconocimiento mutuo.
La identidad nacional no se puede imponer por decreto. Las normas jurídicas pueden establecer la condición de ciudadanía y los derechos y deberes que tal condición comporta en un país o en un estado determinado, pero los sentimientos de identidad y de pertenencia no se pueden imponer. A nadie se le puede obligar a aceptar patrias impuestas.
En nuestra propia Comunidad hay ciudadanos y ciudadanas que consideran que su patria es Euskadi, y otros que legítimamente consideran a España como su única patria.
La clave de la convivencia no es imponer por la fuerza un sentimiento de identidad nacional sobre el otro, sino el respeto y el reconocimiento mutuos. Porque, en uno y otro caso, cualquier proyecto de futuro deberá ser fruto de la libre adhesión y no de la imposición.
Es preciso, por tanto, aceptar y reconocer que en el Estado español conviven ciudadanos y ciudadanas que legítimamente consideran que su nación es Euskadi, Galicia o Cataluña, con otros que consideran que su nación es España.
Un estado plurinacional debe ser la estructura en la que conviven las diferentes naciones que lo conforman y que, en pie de igualdad, deciden libremente participar de un proyecto común.
Los nacionalismos sin estado no son anomalías temporales a absorber, a destruir o a eliminar por la imposición cultural o por la fuerza militar, como lo intentó Franco durante cuarenta años, sino realidades plenamente legítimas y permanentes con las que es preciso contar si se quiere construir en el futuro una historia común.
En los albores del siglo XXI, la historia nos ha enseñado que la clave de la convivencia entre los Pueblos no es subordinar o imponer, sino compartir libremente.
La base de la democracia, de la justicia y de la paz en el mundo es el respeto y el reconocimiento mutuo entre los pueblos y las naciones. Desde este respeto y reconocimiento, la clave de cualquier punto de encuentro para la convivencia no es la imposición sino la libre adhesión a un determinado proyecto.
Este es el reto de la sociedad vasca y de la sociedad española. Tenemos que alcanzar un nuevo punto de encuentro para la convivencia en el marco de una Europa sin fronteras. Desde el diálogo y la profundización de la democracia.
El camino está abierto. Recorrámoslo sin temor al futuro.
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