Fake news que aparecen en el discurso unionista e independentista
VICENÇ NAVARRO
20/09/2018
Vicenç Navarro
Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
A raíz del conflicto entre el estado borbónico español por un lado y el gobierno independentista catalán por el otro, han aparecido en los discursos de los nacionalistas de los dos polos – el españolista y el catalanista – toda una serie de aseveraciones que distorsionan claramente la realidad que nos rodea. Es necesario y urgente, por lo tanto, que se muestren tales aseveraciones como mera propaganda política que se promueven para defender sus intereses puramente partidistas (la movilización de sus bases) a costa del bien común, que sale perjudicado por el aumento de tales tensiones. En este artículo citaré varias de estas aseveraciones realizadas por cada bando (el unionista y el secesionista) que – tal como intentan las fake news – confunden y desfiguran lo que, en realidad, está ocurriendo en este país.
I. FAKE NEWS DEL ESTABLISHMENT UNIONISTA ESPAÑOL
No hay presos políticos en España (?!)
Un argumento bastante extendido entre dirigentes del bando unionista (así como partes del aparato del Estado central y columnistas y articulistas afines a tal bando) es que no se puede hablar de presos políticos en España, ya que los dirigentes secesionistas que están en la cárcel o en el exilio no pueden considerarse como tal. Es más, incluso dirigentes de izquierdas que padecieron prisión en los calabozos de la dictadura franquista han señalado que tales personas “no son prisioneros políticos”, pues las condiciones a las que están sujetos en nada se parecen a las que ellos o ellas vivieron. De ahí su conclusión de que no sean presos políticos.
Pero no puede concluirse, ni por la desemejanza en las condiciones carcelarias (ahora y durante la dictadura) ni por el contexto político en el que se realizaron las detenciones ahora y las que ocurrieron durante la dictadura, que los secesionistas presos no sean presos políticos. Es cierto que llevan razón aquellos que critican los actos en la prisión Modelo de Barcelona – donde se encarceló a la mayoría de resistentes antifranquistas – que realizaron los gobernantes secesionistas de la Generalitat de Catalunya para intentar establecer un paralelismo entre las detenciones y los encarcelamientos de entonces y los de ahora. En realidad, cualquier persona que haya padecido la represión del régimen fascista puede distinguir claramente que hay una diferencia entre la situación de entonces y la de ahora. Pero ello no niega que tanto los detenidos como los exiliados independentistas estén donde están por razones políticas, como consecuencia de una falta de sensibilidad y cultura democrática del Estado español, que intenta resolver un tema político mediante medidas represivas y punitivas de carácter policial y judicial, medidas que han sido de una torpeza inmensa, a todas luces extremas, pues los secesionistas las han utilizado astutamente para movilizar a sus bases y desacreditar internacionalmente al Estado español, lo cual han conseguido con bastante éxito (ver mi artículo “El porqué de la pobre imagen que el Estado español proyecta al exterior”, Público, 22 de junio de 2018). Día tras día aparecen noticias del ridículo que está haciendo el Estado español y su judicatura, cuando tribunales europeos están señalando (y denunciando) el carácter político de la judicatura española. Solo esta semana hemos visto como en Bélgica un juez ha desestimado la sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo, contra el cantante Josep Miquel Arenas por “enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas”, concretamente a tres años y medio de cárcel en España, por las canciones insultantes hacia el Jefe del Estado español. Viví durante mi largo exilio en Suecia y Reino Unido (dos monarquías) y en Estados Unidos (una república), y no concibo que instituciones jurídicas homologables en aquellos países a las que han realizado tal sentencia se hubieran comportado como en España, de una forma tan represiva, claramente en contra de la libertad de expresión. Estuve trabajando en la Casa Blanca (en el grupo encargado de elaborar la reforma sanitaria de aquel país en la administración Clinton) durante el período del escándalo Lewinsky, que generó (con razón) una enorme avalancha de insultos hacia el presidente Clinton. Ni una persona en EEUU fue amonestada por tal comportamiento. Y en las monarquías sueca y británica los reyes recibían insultos sin que nadie fuera llevado a los tribunales. “Spain is different”, sin embargo. Aquí se los sanciona, y ello se debe a razones políticas, reproduciendo una cultura política heredera del régimen anterior de nula sensibilidad democrática.
Un tanto igual sucede con la acusación de rebelión a los dirigentes independentistas que hicieron los actos de desobediencia civil del 1 de octubre, acusándolos nada menos de rebelión violenta, acusación considerada sin mérito por tribunales alemanes homologables a los españoles. Tal acusación de rebelión responde a una cultura represiva de carácter político, imbuida del nacionalismo españolista, intolerante hacia una visión plurinacional de España. Es una sentencia claramente política, hecha por cuerpos e instituciones judiciales enormemente politizados. Está claro que la opinión más extendida en Europa es que estas decisiones judiciales en España tienen una motivación política y, por lo tanto, sus víctimas son presos políticos.
La desobediencia a la ley es un indicador de un comportamiento antidemocrático (?!)
Una constante en portavoces del establishment español es la acusación de que la desobediencia a la ley es un indicativo de un comportamiento contrario a la democracia. Esta confusión, asimilando ley y democracia, deriva de una visión profundamente conservadora a favor del statu quo. Pero la ley no es intrínsecamente análoga a democracia. Una ley puede dificultar el desarrollo democrático de un país. Por ejemplo, la ley que regula los procedimientos del sistema electoral español permite que un partido, con una minoría de votos notable, controle el Senado. El carácter sesgado de la ley española (que queda también reflejado en la ley electoral catalana) permite que una minoría tenga poder sobre una mayoría, y ello ocurre constantemente en el sistema representativo español (y catalán).
De ahí que desobedecer la ley no sea equivalente a ser antidemocrático. En realidad, la desobediencia civil ha sido una constante en el mejoramiento del sistema democrático. El hecho, además, de que tal desobediencia se quiera castigar con medidas represivas de tipo policial y judicial es, como indiqué en el párrafo anterior, característico de sistemas con una escasa cultura democrática. Dicha desobediencia debe tener una respuesta política y, si se da el caso, incluso administrativa (como las inhabilitaciones), pero no debe recurrirse a una respuesta policial, judicial o militar.
II. FAKE NEWS DEL ESTABLISHMENT INDEPENDENTISTA
Habiendo mostrado las falsedades que se reproducen en el discurso unionista dominante, paso a mostrar las falsedades en el discurso secesionista.
Hay un mandato popular para que Catalunya se separe de España (?!)
La proclamación de la independencia no puede basarse en la existencia de un mandato popular, como constantemente acentúan líderes independentistas. Ni las elecciones (que les dieron una mayoría en el Parlament – 70 de 135 escaños – que no se corresponde con una mayoría electoral – 47,51% de votos independentistas, frente al 52,05% de votos no independentistas –, debido a una falta de proporcionalidad en el sistema parlamentario catalán) ni las encuestas muestran que la mayoría de la población catalana desee la independencia. Todo lo contrario, la evidencia apunta que la mayoría de la población catalana no desea la secesión. Este es el punto débil de su legitimación y justificación: no hay un mandato popular para la secesión. La declaración de independencia aprobada en el Parlament, que considera establecida la República Catalana, es profundamente antidemocrática, pues no refleja la voluntad de la mayoría.
Según datos del barómetro del CEO de junio de 2017, en Catalunya, en general, las personas con un nivel de renta familiar superior a 1.800 euros quieren la independencia, mientras que no la quieren los que pertenecen a tramos de renta inferior. Por lo tanto, los datos muestran que son precisamente las clases populares en general y la clase trabajadora en particular las que están más en desacuerdo con la secesión. Los datos están ahí para todo el que quiera verlos. Es el punto más flaco del procés. Su proceso hacia la independencia es profundamente antidemocrático, y están utilizando todos los medios – incluyendo medidas antidemocráticas como el abusivo control de los medios de comunicación públicos de la Generalitat – para alcanzar sus objetivos.
El “referéndum” del 1 de octubre avala el mandato de secesión (?!)
Tal argumento parece desconocer lo que se requiere para que un referéndum sea considerado un referéndum. Una de las condiciones para que pueda hablarse de referéndum es que exista una pluralidad de opciones con plena capacidad de decisión y debate de alternativas, es decir, que se muestren todas las alternativas y que puedan ser debatidas. Debería estar claro que las condiciones en las que se realizó dicho referéndum – con control, utilización y masiva instrumentalización de los medios públicos por parte de la Generalitat – no garantizaron el debate y su credibilidad. Se confundió agitación con debate. Ahora bien, el hecho de que no pueda definirse como referéndum, no excluye que podría considerarse como un acto de protesta en contra en Estado central, como muchos participantes hicieron, siendo en este sentido un acto efectivo de denuncia de su nula vocación democrática. Ello no justifica, sin embargo, que se considere como un mandato popular para declarar la independencia. Incluso considerando como válidas las cifras dadas por la Generalitat, nos encontramos que solo un 38% del censo electoral votó a favor de la independencia en el día 1 de octubre. No puede tomarse este bajo porcentaje como muestra de un mandato popular. Es más, un número elevado de votantes votó para mostrar su oposición y desacuerdo con el gobierno Rajoy, situación que fue incluso más acentuada por la tarde de aquel día, cuando hubo gente, como yo, que salimos a la calle para votar como protesta frente a la brutalidad policial, que se había mostrado en las noticias del mediodía.
Los dirigentes independentistas representan a toda la población catalana (?!)
La posición de los independentistas, que estaban ganando la batalla ideológica a nivel internacional, fue debilitada cuando se supo de la ideología que alimentaba el secesionismo del Sr. Torra, elegido presidente, pasando a ser el dirigente del movimiento independentista. El hecho de que definiera a los catalanes no catalanoparlantes (la mayoría de la clase trabajadora) como ciudadanos de segunda categoría tuvo un impacto internacional muy denigrante para este país. Su etnicismo (casi racista) identificó al independentismo como un movimiento de ultraderecha xenófobo. Haber acusado al presidente Montilla de no ser merecedor de tal cargo al ser inmigrante y no suficiente catalán, fue un indicador de un pensamiento xenófobo que ha alarmado a la opinión internacional. Hay que subrayar que tal etnicismo, que ya se presentó en su día en el pujolismo, está asustando a gran parte de la opinión internacional, creando a la vez unas enormes tensiones dentro de Catalunya. Sin embargo, debe subrayarse también que este etnicismo, aunque característico de sectores dirigentes de la derecha catalana nacionalista, no es representativo de grandes sectores del independentismo republicano.
El procés estimulará las posibilidades de cambio en España (?!)
Esta aseveración, utilizada frecuentemente por secesionistas, tiene poca evidencia que la avale. En realidad, el procés ha dañado considerablemente las posibilidades de cambio en España, pues al presentarla como “incambiable” ha ayudado a facilitar el distanciamiento de los españoles en contra de ellos, dificultando enormemente la posibilidad de cambio en España. En realidad, no hay evidencia de que tal movimiento represente una amenaza al régimen de 1978. Todo lo contrario, lo está reforzando, pues al polarizar la situación, presentándola como un conflicto entre la España opresora (que roba a los catalanes) y la Catalunya victimizada, refuerza el apoyo popular de los españoles al Estado central, que se presenta como el defensor de la unidad de España, impidiendo que cristalice una resistencia popular frente al estado monárquico a lo largo del territorio español, canalizando el sentir popular hacia la monarquía, presentándola como garante de tal unidad.
Está claro que la monarquía y el gobierno Rajoy, al perder su apoyo popular, consecuencia del impacto negativo de sus políticas neoliberales impuestas a la población y de la amplia percepción de su corrupción, estuvieron utilizando el conflicto con los independentistas para recuperar tal apoyo. Lo mismo está ocurriendo, por cierto, en el bando secesionista. La conversión de Convergència – la derecha catalana – al independentismo es un claro ejemplo de oportunismo político para esconder su profunda corrupción y su complicidad en la implementación de aquellas políticas neoliberales.
Soberanismo e independentismo es lo mismo (?!)
En realidad, el gran error del independentismo es el de identificar el derecho a decidir única y exclusivamente con la independencia. Ello anula la posibilidad de conseguir la soberanía que representa el derecho a decidir, pues la mayoría de catalanes es soberanista pero no secesionista. El derecho a decidir es el derecho a escoger entre varias alternativas. Hoy el uso del soberanismo por parte de los independentistas está dañando el secesionismo pues la monopolización de su uso lleva a una excesiva identificación entre soberanismo e independentismo. Tal monopolización, dando siempre protagonismo al independentismo, dificulta la defensa del derecho a decidir y de la democracia. Esta monopolización aparece también en la defensa de los presos y exiliados que se utiliza para promover siempre el independentismo, bajo la fachada de defender la democracia.
Una persona puede ser soberanista y, sin embargo, no independentista. Soberanía quiere decir que la población decide. Y puede decidir compartir con España elementos importantes de tal soberanía, lo cual puede también ocurrir sin afectar negativamente al bienestar de las poblaciones que viven en el sistema político que reúna varias soberanías. La evidencia de que el Estado español está excesivamente centralizado es abrumadora (ver mi último artículo “Las consecuencias negativas de la excesiva centralización del Estado español”, Público, 30.08.18). De ahí que no solo deba descentralizarse, sino también redefinirse y cambiar su soberanía uninacional por una plurinacionalidad con distintas soberanías, que no quiere decir, como dicen los jacobinos, que se diluya la solidaridad entre las distintas poblaciones soberanas. El discurso y tensiones actuales están dificultando y obstaculizando el desarrollo de estas posibilidades. Y que ello ocurra se debe a intereses meramente partidistas de los dirigentes nacionalistas españoles y catalanes.
Solo hay dos soluciones: la unión o la secesión (?!)
Esta ha sido hasta ahora la postura de los dirigentes de ambos bandos, lo cual favorece la movilización de sus bases. Su enorme dominio de los medios de comunicación favorece tal polarización, acusando de ambigüedad a los que se oponen a esta. No hay, sin embargo, ninguna ambigüedad. Hoy la postura más valiente, necesaria y más sensible a las necesidades de la gente normal y corriente es la de, en primer lugar, denunciar al Estado monárquico central, heredero del sistema dictatorial anterior, que aun siendo distinto a él, ha mantenido una cultura y unos comportamientos que exigen su denuncia. Oponerse al comportamiento antidemocrático del Estado español en su relación con los independentistas es una exigencia de cualquier persona o formación política democrática.
Pero por mera coherencia democrática debe también denunciarse el comportamiento antidemocrático del independentismo catalanista, pues no tiene un mandato de la población que vive y trabaja en Catalunya para establecer un Estado independiente. Tal denuncia debe ir acompañada con una clara denuncia de la complicidad del partido de derechas que ha gobernado Catalunya durante la mayor parte del periodo democrático (primero con el apoyo de Unió Democràtica y después con el de ERC y la CUP) con el Estado español en el desarrollo de políticas que han dañado la calidad de vida y el bienestar de la mayoría de las clases populares, partido que, por cierto, no es menos corrupto que el PP en España. Hacer esta denuncia no es, como los independentistas subrayan, “equivalencia” en cuanto al comportamiento de los dos bloques. Cualquier crítica es ocultada respondiendo que es injusto atacar a las víctimas a la vez que a los victimarios. Este argumento – fake news – sirve para ocultar cualquier crítica. Y no puede tolerarse, pues, en contra de de lo que supone tal acusación, su victimismo les favorece desde el punto de vista partidista, además de olvidar que su comportamiento está victimizando a las clases populares, pues su atención sobre el tema nacional es una ocultación de su responsabilidad por haber creado la enorme crisis social en Catalunya, donde la mayoría de jóvenes ya no vivirá mejor que sus padres. Así de claro.
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