El canon digital ya es historia y sólo queda que el gobierno elija el mejor momento para anunciarlo, según confirmaron ayer dos fuentes institucionales próximas al proceso de negociación. La resolución lleva cerrada varios días y es, en todo caso, anterior a que estallara el escándalo en la SGAE, pero se verá afectada por la onda expansiva del escándalo sobre la gestión en la sociedad de derechos digitales de la SGAE, lo que podría modificar el calendario que barajaba Moncloa para hacer pública y oficial la muerte del canon digital.
El acuerdo, que establecerá un mecanismo presupuestario para compensar a los autores, supone la eliminación de la tasa que ahora mismo se aplica a todo instrumento tecnológico susceptible de albergar cualquier tipo de contenido audiovisual, desde un disco duro a un teléfono móvil. La resolución, en la que se venía trabajando desde que la sentencia de Bruselas sobre el caso Padawan estableciera que es ilegal la aplicación indiscriminada que en España se está realizando del canon digital, hace tiempo que está lista, con el acuerdo de la industria tecnológica afectada y el de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuyos predecesores inmediatos, César Antonio Molina y Carmen Calvo, habían sido los grandes defensores de esta tasa que extendía la compensación por copia privada a prácticamente toda herramienta digital del mercado.
Entre las razones que pueden haber retrasado el anuncio de la decisión, y que ahora la mezcla inexorablemente con el colapso de SGAE, algunas fuentes apuntan la posibilidad de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero haya delegado en el vicepresidente y candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la decisión sobre el momento idóneo para hacerlo público, pero éste es un extremo sobre el que las fuentes gubernamentales disienten.
Aunque la medida era un triunfo político con el que compensar la impopularidad de la llamada Ley Sinde –que persigue las descargas gratuitas de contenidos sujetos a derechos–, su efecto se verá radicalmente afectado por el explosivo alcance de la operación Saga, contra la gestión de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) que instruye la Audiencia Nacional y que ha supuesto un nuevo revés político para la ministra González-Sinde, muy significada durante todo su mandato en favor del lobby de la creación cultural que encabezaba la poderosísima sociedad de autores, frente al de los consumidores digitales de contenidos culturales y las organizaciones de internautas, mayoritariamente contrarias a la ley.
La ministra anunció ayer que ha solicitado comparecer en el Parlamento para dar explicaciones respecto a lo ocurrido en la SGAE y a las responsabilidades que puedan derivarse de la gestión al respecto de su ministerio, aunque en realidad el PP ya había anunciado su intención de solicitar tal comparecencia y esta puede ser innecesaria si los populares, como confirmaba ayer José María Lasalle, portavoz de Cultura de ese partido en el Congreso, presenta una interpelación urgente que permitiría a la ministra responder en el próximo pleno del Congreso, el martes de la semana que viene.
Entre los socialistas ha causado gran malestar la posición del PP, dispuesto ya desde el domingo a hurgar en las responsabilidades políticas del Gobierno en el desvío de fondos de SGAE, y así lo expresaba ayer en la ejecutiva socialista Juan Fernando López Aguilar, ante Zapatero y Rubalcaba. Efectivamente, la actual ley de Propiedad Intelectual –también herida de muerte en el asalto del viernes al palacio de Longoria– no da potestades sancionadoras al ministerio de Cultura si aprecia alguna irregularidad en las cuentas que le presenta la SGAE –y en las del resto de sociedades de gestión–, pero sí que reserva al Gobierno la capacidad de conceder la licencia a estas sociedades para recaudar en nombre de los autores –de hecho algunas, como DAMA o Egeda, tuvieron que esperar, una vez formadas, a que Cultura las autorizara a comenzar a operar–, lo que permitiría también la retirada de dicha licencia en caso de que la sociedad de gestión hubiera incurrido en irregularidades como las que el juez de la Audiencia Pablo Ruz investiga ahora en las filiales digitales de la sociedad que preside Teddy Bautista.
El PP ha confirmado que va a proponer, sin menoscabo de las decisiones que adopte en su caso el juez Ruz, que, en tanto se despejan las dudas sobre el futuro de esta sociedad, se cree una gestora que permita que la institución siga funcionando durante la instrucción del caso Saga, pero bajo un estricto control del ministerio de Cultura, una gestora que muy bien podría estar compuesta por la misma junta directiva votada por los socios el pasado jueves, pero sin la capacidad para actuar de forma autónoma, como venía haciendo hasta ahora la SGAE. Sería una versión sui géneris de las intervenciones judiciales en la gestión de ayuntamientos o sociedades acusados de irregularidades. Siempre que no sea el juez el que decida una tutela judicial directa, claro.
Precisamente la junta directiva de la SGAE, recién conformada tras los comicios de la pasada semana que volvieron a dar todo el poder a los leales a Teddy Bautista, ha convocado a los medios de comunicación para ofrecer hoy sus reflexiones en torno a la gravísima situación a la que ha quedado abocada SGAE tras las detenciones y registros del pasado viernes y los graves cargos que imputa el juez a la cúpula de la organización. Tendrán entonces ocasión de responder a la provisional administración tutelada que propone el PP.
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