Pussykitty escribió:Serkenobi escribió: Es lo que tiene que los examinadores sean profesores con plaza, que son un lobby que se cubre las espaldas entre ellos
Tengo plaza desde hace 16 años y he sido jefe de estudios, director y miembro de tribunal dos veces. Ya sé que es la percepción que se tiene desde fuera, pero ni de coña es así.
No es una mera percepción, guste o no, aunque no lo quieras reconocer, es la pura y cruda realidad. ¿Que no todos los examinadores actúan arbitrariamente? Cierto. ¿La mayoría? Ya te digo yo que sí, a fin de cuentas hablamos de personas que aunque sean remuneradas por ello, no desean estar en un tribunal, por tanto acuden con desgana, lo cuál no es precisamente el mejor escenario para obrar con rectitud y puntuar con justicia. Luego hay que tener en cuenta que los tribunales deben evaluar cientos de exámenes en un plazo sumamente acotado, lo que sumado a lo anterior, repercute en correcciones deficientes en el mejor de los casos, al no revisar con detalle los escritos que analizan y en el peor, a limitarse a leer por encima, cuando no obviar directamente la redacción y adjudicar una nota al azar. Total, como nadie inspecciona el procedimiento...
Por último, tenemos la ya comentada fase de cribado, donde aunque la mitad de los aspirantes hayan realizado pruebas objetivamente meritorias para acceder a la programación, les suspenden intencionadamente para limitar el número de aspirantes.
No estamos hablando de ninguna novedad, es un secreto a voces. Aquí tienes lo que se exponía hace 10 años, antes de que surgiera esta generación tan "inútil" e "incapaz":
El negocio que para la Administración suponen las oposiciones es curioso. El organismo que las convoca cobra 77 euros (Madrid, 2016) a cada aspirante. Sólo en Lengua y Literatura se presentaron este año unas 1600 personas. Muchas de ellas no tenían otra opción. Si habían aprobado anteriormente una oposición, pero no consiguieron plaza, están obligadas a presentarse a todas las convocatorias de su especialidad hasta que finalmente la consigan. La trampa se cifra en que muchos años es imposible conseguir plaza, incluso si el aspirante obtiene un 10. El endiablado cálculo de la nota final, que incluye un “baremo” relacionado con la experiencia, favorece siempre a aquellos que llevan más años como docentes, de modo que si -como ha sido habitual hasta este mismo año- la Administración tiene la desfachatez de convocar oposiciones y ofertar solamente 5 ó 6 plazas, miles de personas deberán pagar 77 euros solamente para no quedar fuera de la bolsa de trabajo de interinos, y corriendo además el riesgo de suspender y verse necesitados de aprobar la próxima vez para no pasar a una lista secundaria.
El sadismo de la Administración con los opositores es extraordinario. En primer lugar, las oposiciones se convocan por sorpresa: se anuncia en abril una convocatoria para junio cuando hace falta como mínimo un año para prepararse. Así las cosas, los opositores se pasan estudiando la mayor parte del tiempo sin saber muy bien para qué. ¿Convocarán este año? ¿Cuántas plazas? ¿Cuáles serán los criterios de evaluación? ¿Por qué hay “criterios ocultos”? Los criterios de evaluación del examen se hacen públicos en muchas convocatorias después de que se realice el examen.
El opositor no sabe qué penaliza y qué se valora, y hasta puede suspender si subraya palabras en su examen porque su tribunal considere eso “una marca”, es decir, una señal convenida con alguien que forma parte del jurado que lo evalúa (los exámenes son anónimos). Por si fuera poco desánimo, todos los años circulan rumores sobre personas que bordaron el examen como si supieran demasiado bien (“criterios ocultos”) qué les iban a pedir en él.
Lo más inquietante es que la oposición para profesor de Lengua y Literatura no tiene nada que ver con ser profesor de Lengua y Literatura, pues apenas considera la realidad del trabajo que está ofertando, que es una realidad exactamente opuesta a estar en casa encerrado estudiando diez horas al día. El trabajo consiste en entrar en un aula llena de chavales con vidas, muchas veces, enormemente problemáticas.
La exigencia rayana en la paranoia que encontramos en un examen de oposición -y que encima no impide que gente que no sabe nada acabe de profesor- resulta aún más ridícula si escuchamos a los propios miembros de los tribunales reconocer que ellos mismos no serían capaces de aprobar los exámenes que van a corregir.
En fin, que nos vemos todos en septiembre.
https://www.elconfidencial.com/cultura/ ... a_1238872/Que curioso y llamativo que todos los vicios y defectos señalados, ya se denunciaban hace una década. Y si me pongo a bucear en la hemeroteca, alguno se sorprendería...
Pussykitty escribió:De verdad que entiendo y comparto la mayoría de tus quejas, pero si nos ceñimos al tema del hilo, la realidad es que tienes faltas en casi todos tus mensajes. Creo que es algo que podrías solucionar fácilmente y que te daría mucha más tranquilidad a la hora de enfrentarte a las oposiciones.
No voy a pecar de prepotencia ni egocentrismo y afirmar tajantemente que nunca incurro en algún desliz gramatical, pero aseverar que peco de faltas ortográficas en casi todos mis mensajes... Es cuanto menos, muy osado. ¿Nos ponemos a revisar todas tus intervenciones, buscando cualquier mínimo error, para a continuación insinuar que no deberías estar ejerciendo la docencia (ya que supuestamente, un profesor debe disponer de un dominio del lenguaje perfecto)? ¿Te agradaría esa actitud? Porque para hablar sobre la limpieza de otra casa, tienes que tener la tuya absolutamente impoluta...
Eso por no mencionar tu presunción de que alguna vez me he visto penalizado ortográficamente en un examen, lo que demuestra que no sabes nada acerca de mi figura. Pero bueno, visto que, fruto de tus propios intereses, excusas a los miembros del tribunal, era predecible que comprarías el relato de que la mayor parte de los que "suspenden" las oposiciones, es porque no saben escribir, no porque el mero proceso sea sumamente irregular.
Supongo que es más fácil expandir la fabula de que el 95% de los titulados en España son idiotas, que no aceptar la vigencia de un sistema corrupto y roto.
PD: Por cierto, puestos a elucubrar, como has hecho conmigo, que tengas plaza no significa que hayas sido excelente en las oposiciones a las que te presentaste. Como me imagino que sabrás (aunque es un dato que seguramente obvias y ocultas interesadamente), la mayor parte de los que obtienen plaza, no son los que mejores calificaciones obtienen, sino los que más puntos acumulan. Dicho de otra manera: el grueso de las plazas las consiguen interinos que han acumulado muchos puntos de experiencia laboral, a la par que méritos académicos y que con obtener un mísero cinco en los exámenes, ya superan en puntuación a cualquier persona que se presente por primera vez a las oposiciones, aunque haya logrado un 10 en cada prueba.
PD2:
CCOO señalaba por la filtración de las preguntas del examen teórico de informadores de las oposiciones de RTVE a miembros del tribunal del proceso de UGT y al área de Recursos Humanos de la Corporación, pero también a quienes se podrían haber aprovechado de conocer esa información en el caso de que la prueba no se hubiese suspendido el 29 de septiembre. "Hay cientos de trabajadores que han participado, de una u otra manera, en este fraude, estamos hablando de quienes recibieron la filtración", indicaba el segundo sindicato de RTVE, que ha interpuesto una denuncia ante la Policía que se suma a la presentada por la dirección.
A pesar de que esta filtración haya sido una de las más sonadas por el volumen de candidatos a los que afectaba, se han producido otras en España que han llegado hasta el Tribunal Supremo. La Sala Segunda del alto tribunal confirmó en junio de este año una sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que condenaba a una candidata que se benefició de una filtración en las oposiciones de Facultativo Especialista y Medicina Preventiva y Salud Pública de febrero de 2018.
La aspirante, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo a la que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, "había tenido conocimiento previo del contenido del examen, así como de la plantilla de las respuestas correctas a cada una de las preguntas, por habérselo proporcionado, alguno de los miembros del Tribunal", formado por un presidente, tres vocales titulares y un secretario, que ostentan la condición de funcionario público o autoridad.
Ella contestó a todas las preguntas, excepto a dos para no llegar a la totalidad de la nota. Según las plantillas de respuestas, habría obtenido 98 puntos, pero gracias a diversas impugnaciones se anularon cuatro enunciados y se constataron dos errores, en la número 14 y en la 39, que fueron contestadas de forma incorrecta por la acusada. De esta manera, la opositora tramposa obtuvo una puntuación final de la relación provisional de aspirantes aprobados de 96,16 puntos, un total de 39,88 puntos superior a la segunda nota más alta.
Esa puntuación fue impugnada por la Conselleria de Sanidad y se incoó un expediente disciplinario, que se paralizó hasta que llegase la sentencia del procedimiento penal. "Como consecuencia de estos hechos, 12 opositores, que habían obtenido la puntuación de apto, no han podido acceder a las plazas convocadas", cuya provisión se encontraba suspendida a resultas del procedimiento, establece la sentencia.
https://www.worldcomplianceassociation. ... blica.htmlLa eterna polémica en las oposiciones a la Policía Local ha vuelto a poner en primer plano una situación que afecta a muchos Ayuntamientos de la geografía nacional: La falta de confianza en procesos selectivos relacionados con la Administración pública. Una de cuatro denuncias en la Agencia Antifraude tiene que ver con las oposiciones a la Policía Local.
La reciente sentencia de la Sección de la Audiencia Provincial en Algeciras lo confirma. El fallo condena al ex jefe de la Policía Local de Tarifa en 2020, quien era presidente del tribunal de oposiciones para diez plazas y encargado de la custodia de las respuestas solo conocidas por él y los restantes miembros del tribunal. Al tenerse conocimiento de que dicho ex jefe pudo haber filtrado las respuestas a un grupo de opositores conocidos, el resto del tribunal lo puso en conocimiento del alcalde, quien actuó de forma correcta: suspendió las pruebas y denunció los hechos por los que ahora se ha dictado sentencia condenatoria hacia el ex jefe por delito de descubrimiento y revelación de secretos. El procesado reconoció los hechos.
Casos parecidos se han dado en otras provincias. En Alicante hubo 60 aprobados de 92 candidatos que tenían algún vínculo con agentes, políticos o contratistas municipales que llevaron a suspender la convocatoria; en Granada, un juzgado de lo Contencioso-Administrativo anuló las oposiciones para cubrir ocho plazas de subinspector de la Policía Local de la ciudad al probarse que fueron un fraude porque cinco de los aspirantes se aprovecharon de una filtración del tribunal para obtener el aprobado, dejando sin validez el examen, cesando en sus puestos y volviendo a ser agentes. Igual sucedió en Sevilla años atrás, donde se juzgó a varias personas por estos mismos hechos.
La pregunta que está en la calle, aunque silenciada, es si existe limpieza en unas oposiciones en las que hay unos vínculos tan claros con personas con responsabilidades en el propio cuerpo o en la Administración.
En Algeciras, en las recientes oposiciones a 63 plazas de la Policía Local, cuando comenzó la fase de las pruebas parte del tribunal propuso la destitución de las dos psicólogas, también integrantes del órgano evaluador. Se acordó por decreto municipal su cese y se encargó a otra psicóloga, también empleada municipal, que revisara “todos los ejercicios realizados por los opositores que fueron declarados provisionalmente como no aptos en la prueba psicotécnica”. Esto es, no se suspendió la oposición de todas las plazas hasta nueva evaluación psicotécnica, sino a la de solo los escasos “no aptos”.
Desconozco, por no existir información oficial, si ha existido o existen procedimientos judiciales en marcha, Pero lo inexplicable es que solo se acuerde revisar a los no aptos y no a la totalidad.
En todos los casos citados queda la duda que, además, provoca un doble daño. Primero, para el ciudadano, que acaba perdiendo su confianza en la Administración, y, segundo, para el opositor que se ha sacado su plaza limpiamente, tenga o no algún tipo de vinculación con agentes o cargos públicos.
Para evitarlo, se podría sustituir el sistema para, en lugar de componer los tribunales con personal municipal, se designaran desde la Administración autonómica -que es en definitiva quien controla los procesos de todos los Ayuntamientos- a personal ajeno a la Administración local. Eliminaría el sesgo localista que actualmente tienen este tipo de pruebas. Y, por supuesto, y en todo caso, con abstención de quien sea amigo o pariente de un opositor.
Así podría empezar a generarse mayor confianza en los administrados y se cumpliría el axioma de que en la Administración solo se accede en base a los principios de igualdad, mérito y capacidad previstos en la Constitución y el Estatuto del Empleado Público.
https://www.europasur.es/opinion/articu ... 09409.html«Confiamos en acabar con la triste cultura del enchufe que hemos padecido durante muchos años y que se resiste a desaparecer». El Sindicato Médico ha manifestado este miércoles sus "sospechas de fraude" en las puntuaciones de la oposición de Urología, por lo que ha reclamado a la Conselleria de Sanidad Universal, dirigida por la socialista Carmen Montón , que investigue el caso "hasta las últimas consecuencias, incluyendo el recurso a la Fiscalía".
"Confiamos en acabar con la triste cultura del enchufe que hemos padecido durante muchos años y que se resiste a desaparecer en la práctica a pesar de las modificaciones implementadas en el modelo de concurso-oposición", han señalado desde CESMCV-SAE en un comunicado.
La organización sindical cuestiona además la eficacia de los exámenes propuestos por los tribunales en algunas especialidades, "pues de ellos podría derivarse el absurdo de que los especialistas que ejercen en nuestro sistema sanitario público no se encuentran preparados para ello", han advertido.
Según ha alertado, la relación provisional de aprobados para una de las plazas de turno libre convocadas en el concurso-oposición de Urología convocado el 29 de diciembre de 2016 "evidencia que las puntuaciones obtenidas por los participantes son, en extremo, bajas".
En este sentido ha explicado que la media, sobre un máximo posible de 100 puntos, se encuentra en 34,8 puntos, lo que a su juicio se explica en que " la prueba resultaba especialmente difícil al centrarse en aspectos no relevantes para la práctica clínica habitual".
https://www.abc.es/espana/comunidad-val ... gle.com%2FGiro en el caso de presunto amaño en las oposiciones al cuerpo de administrativos de la Seguridad Social. El Juzgado de Instrucción número 2 de La Coruña ha abierto diligencias para investigar las pruebas estatales que se celebraron en la provincia gallega en 2025 y en las que 33 aspirantes obtuvieron las mejores calificaciones de todo el país. Un hecho insólito y estadísticamente anómalo desvelado por THE OBJECTIVE, que el ministerio de Elma Saiz trasladó posteriormente a la Fiscalía Provincial de La Coruña para que iniciase pesquisas. Cinco meses después, sin embargo, el Ministerio Público apenas había registrado avances, advierten fuentes jurídicas.
Por este motivo, un grupo de opositores afectados —el ministerio no paralizó el proceso selectivo pese a la investigación en curso y otorgó las plazas por igual a todos los que aprobaron los exámenes— decidió interponer una denuncia directamente ante el juzgado para reactivar el caso. Ahora, según un escrito del fiscal jefe de La Coruña del pasado 2 de junio al que ha tenido acceso este periódico, la Fiscalía Provincial de La Coruña ha archivado las diligencias de investigación preprocesal iniciadas en enero y las ha remitido al juez que se ha hecho cargo del caso.
A esta denuncia por la vía penal se suman otras dos en juzgados de lo contencioso-administrativo, según revelan las mismas fuentes. Los opositores critican que la Fiscalía de La Coruña «ha tratado de dar largas» a la investigación para que los aspirantes que aprobaron las pruebas el año pasado pudiesen tomar posesión de sus plazas y «no perjudicar la próxima convocatoria de la oposición de la Seguridad Social», que, precisamente, se celebra este domingo en distintas ciudades españolas. El Ministerio, según anunció hace unos meses, extremará ahora la vigilancia para que no vuelva a repetirse un capítulo similar y podrá hacer uso de equipos de tecnología para detectar pinganillos u otros dispositivos electrónicos.
Estas medidas, sin embargo, no alivian el malestar de distintos aspirantes que se quedaron sin plaza en Galicia o que han tenido que irse a otros destinos, habida cuenta de que el número de vacantes en la comunidad autónoma fue menor del esperado y más de la mitad fueron presumiblemente para aquellos que obtuvieron irregularmente las mejores notas en la sede de La Coruña. «La realidad es que los que amañaron las oposiciones nos han jodido la plaza. Ellos son 33, y quedan otras 30 plazas para los que aprobamos en Galicia, que somos muchos más, claro», revelaba hace dos meses uno de estos funcionarios a este diario.
Los aspirantes afectados consideraron que el escándalo del presunto amaño ponía en duda la transparencia de la oposición. Por este motivo pidieron al ministerio que frenase el proceso —de 1.250 plazas por el sistema general de acceso libre—. Para la Seguridad Social, no obstante, las presuntas irregularidades en La Coruña no podían extenderse al resto de sedes y de opositores que en un principio han obtenido sus calificaciones de forma rigurosa.
Cabe destacar que la entonces subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Asacia Navarro, dimitió de su cargo el mismo día que rubricó la resolución de aprobados definitivos de las oposiciones presuntamente amañadas. La que fuera número tres del departamento dirigido por Elma Saiz firmó el documento el 6 de febrero, tal como figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Horas después, el ministerio informó internamente de la salida de Navarro y comunicó que su sustituta sería Blanca Breñosa, hasta entonces responsable de la Subdirección General de Relaciones Internacionales. Desde el ministerio siempre han defendido que su salida se debió a «razones personales».
Al margen de los sobresalientes de los 33 aspirantes de la misma provincia, Celanova —una localidad de Orense— se ha convertido en el centro de las pesquisas que ha realizado THE OBJECTIVE. 12 habitantes del municipio (de 5.700 vecinos), todos ellos con nexos comunes, lograron altas calificaciones en las oposiciones no solo de la Seguridad Social, sino también de Hacienda y ADIF, según los datos que pudo cruzar este periódico.
Por si esta concentración no resultase lo suficientemente anómala, siete de los aspirantes que superaron con nota la oposición de la Seguridad Social en Galicia figuraban también como aprobados en listados oficiales de distintos procesos nacionales, de acuerdo con las resoluciones revisadas por este diario. En otras palabras, estas siete personas, todas ellas examinadas en La Coruña, tenían una plaza de funcionario ya en el cuerpo de Auxilio Judicial, dependiente del Ministerio de Justicia; en ADIF; o en la Administración General del Estado (AGE).
Por otro lado, las irregularidades en los procesos selectivos esconderían detrás un supuesto entramado corrupto que vendería plazas en organismos públicos a cambio de grandes sumas de dinero. Todo bajo el mismo modus operandi: reuniones en hoteles, pagos de entre 20.000 y 60.000 euros dependiendo de la oposición y la entrega de pinganillos para el chivatazo de las pruebas, según han revelado fuentes conocedoras de estos hechos. La venta de plazas para ser funcionario del Estado no solo se limitaría a la Seguridad Social; entre la cartera de opciones se incluirían también Instituciones Penitenciarias, Hacienda y la Policía Nacional.
https://theobjective.com/espana/tribuna ... -fiscalia/Los datos, comunidad por comunidad, dibujan un mapa poco habitual. En la Región de Murcia, el porcentaje de no aptos en el Cuerpo de Maestros se sitúa en el 62,7%, según el balance oficial del Gobierno regional. En Asturias, la cifra alcanza el 63,3%, a partir de los datos oficiales de admitidos (5.911) y presentados (5.170) al Cuerpo de Maestros. En Castilla-La Mancha, la Consejería de Educación confirmó oficialmente una participación del 68,48% en la primera prueba (7.171 de los 10.471 llamados a examen para las 543 plazas convocadas), aunque el desglose de aprobados y suspensos por especialidad no está disponible en un formato consultable.
En Murcia, donde se ha convocado la oposición más grande de su historia con 1.607 plazas y más de 9.450 personas examinadas el pasado 20 de junio, el desglose por especialidad es aún más duro que el titular genérico. En Inglés, solo 207 de 844 opositores aprobaron la primera prueba: un 24,53%, el porcentaje más bajo de todos. En Audición y Lenguaje pasaron 169 de 605 (27,93%). Educación Física se queda en el 38,86% y Francés, en el 40,23%.
El sindicato ANPE, mayoritario en la región, ha calificado los porcentajes como los más bajos de la historia y ha hablado abiertamente de «descalabro». Entre sus propuestas para revertir la situación figura reducir a la mitad el número de opositores que corrige cada tribunal (actualmente 80) para evitar jornadas de corrección maratonianas que, según el sindicato, comprometen tanto la capacidad como la imparcialidad de quienes evalúan.
[...]
Cuando pidió la revisión de su examen, el propio tribunal se extrañó de que reclamara alguien que había aprobado. Pero para ella el problema no es solo el resultado, sino la falta de explicación: «No vuelven a corregir el examen; únicamente revisan la suma de los puntos. Y la carta de motivación que se recibe es, en la práctica, un texto genérico que se envía por igual a todos los aspirantes».
https://www.magisnet.com/2026/07/el-acc ... o-la-lupa/Incompetencia institucional y doble moral
Es indignante que la Consejería, incapaz de garantizar un procedimiento mínimamente eficiente, actúe como juez implacable frente a los aspirantes. Los continuos fallos técnicos en la plataforma de entrega de méritos, las correcciones caóticas en la composición de tribunales y los errores en la solicitud de copias de exámenes demuestran una improvisación inadmisible. Sin embargo, cuando se trata de evaluar a los opositores, la rigidez es absoluta: más de la mitad de los aspirantes en algunos tribunales han sido excluidos en la primera prueba por (supuestas) faltas de ortografía o detalles formales, muchos de ellos cuestionables.
¿Dónde está la coherencia?
Mientras la Administración amplía plazos por sus propios errores, niega a los opositores cualquier margen de rectificación. Se penaliza con la exclusión a quienes llevan meses —incluso años— de preparación, mientras los responsables del despropósito institucional no asumen ninguna consecuencia.
Invalidaciones masivas: ¿criba arbitraria o negligencia premeditada?
La invalidación masiva de programaciones didácticas y casos prácticos por «errores formales» raya en lo absurdo. Si bien es legítimo exigir rigor, resulta llamativo que estos criterios se apliquen con tanta severidad cuando la propia Administración es incapaz de organizar un proceso sin incidencias. Además, la falta de comunicación previa sobre la validez de las programaciones deja a los aspirantes en un limbo de incertidumbre: pueden llegar a la segunda prueba solo para ser eliminados «in extremis», sin posibilidad de defensa.
Esto no es un sistema de selección basado en mérito y capacidad, es una criba arbitraria que no beneficia a nadie, salvo a una estructura burocrática que prefiere descartar candidatos antes que asumir el coste político de una gestión competente.
La Administración educativa es opaca
CGT lleva tiempo exigiendo transparencia y garantías, pero la Consejería insiste en operar bajo un manto de opacidad. No se trata solo de errores puntuales, sino de un patrón de desprecio hacia los opositores y el profesorado interino, cuya estabilidad laboral depende de procesos rodeados de incompetencia.
¿Cómo puede exigirse excelencia a los aspirantes cuando la Administración es incapaz de proporcionar un sistema fiable? ¿Cómo se justifica que los tribunales, compuestos en muchos casos por compañeros docentes, se vean obligados a aplicar exclusiones injustas mientras la consejería evade su responsabilidad?
https://cgtaeducacion.org/critica-contu ... mpetencia/Un cero puede cerrar una puerta. Pero cuando los ceros se multiplican, cuando aparecen dudas sobre tiempos, instrucciones, recursos permitidos, criterios de corrección o consecuencias de reclamar, la nota deja de ser solo una calificación.
Se convierte en una pregunta pública. Y una pregunta pública no puede responderse empujando toda la sospecha hacia quienes se examinan.
La polémica de las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Asturias no debería convertirse en un juicio sumario sobre la preparación de los aspirantes. Sería una forma demasiado pobre de leer lo ocurrido. Y demasiado injusta. Quien oposita no llega a un examen por casualidad ni se presenta una mañana cualquiera a probar suerte. Llega después de meses con la vida aplazada, de fines de semana perdidos, de academias, preparadores, sustituciones, apuntes corregidos de madrugada y nervios contenidos como se puede. A veces llega incluso después de haber estado ya frente a una clase, con niños que conocen su nombre y familias que confían en su trabajo.
Nada de esto significa que baste el esfuerzo.
Ser maestro exige mucho. Debe exigir mucho. Nadie debería entrar en un aula sin demostrar conocimiento, solvencia, criterio y capacidad para enseñar. No hablamos de una profesión cualquiera. Hablamos de quienes van a acompañar las primeras preguntas de un niño, sus primeras dificultades, sus primeras formas de entender el mundo. Asturias no puede permitirse maestros mal preparados. Tampoco puede permitirse procesos de selección mal explicados.
Precisamente porque la docencia importa, la oposición debe ser ejemplar.
En inteligencia artificial se habla mucho de las cajas negras. Sistemas que reciben datos de entrada, procesan información mediante reglas difíciles de observar y devuelven un resultado que afecta a la vida de una persona. Una concesión. Una denegación. Una recomendación. Una clasificación. Un sí. Un no. El problema no es solo que la máquina acierte o se equivoque. El problema es no poder saber por qué.
Una oposición pública no debería parecerse a eso.
No puede ser un lugar al que entran una programación, una defensa oral, un supuesto práctico y años de preparación, y del que sale una cifra difícil de comprender. No se trata de aprobar a quien no alcanza el nivel. Se trata de poder explicar, sin sombra de duda, por qué no lo alcanza. En una oposición pública, corregir bien importa. Explicar cómo se ha corregido también. La exigencia sin explicación se parece demasiado a la arbitrariedad, aunque no lo sea.
Aquí la tecnología puede entrar por donde más falta hace. Fuera del lugar del tribunal, centrada en el rastro que deja su decisión. La inteligencia artificial no debe decidir quién merece una plaza ni convertir una oposición en una suma automática de puntos. Su valor, en un proceso público, sería encender la luz sobre el camino que lleva hasta una nota. Que se sepa qué criterio pesó, qué instrucción se aplicó, qué cambió tras una revisión y por qué alguien suspende.
No necesitamos máquinas que dicten sentencias. Necesitamos instituciones que, apoyadas en la tecnología, den razones.
En ciencia de datos hay una palabra poco vistosa, pero imprescindible: trazabilidad.
Significa dejar rastro. Poder reconstruir qué ocurrió, con qué criterios, en qué momento, bajo qué reglas y con qué cambios. En una oposición, la trazabilidad no deshumaniza la evaluación. La protege.
Permite que las rúbricas sean claras antes del examen, que la puntuación se desglose por criterios, que las instrucciones dadas a los tribunales queden registradas, que cada modificación de una nota tenga una motivación concreta y que una alegación no se viva como una amenaza, sino como un derecho.
La tecnología también permite detectar desajustes. Si un tribunal obtiene resultados muy alejados del resto, si una especialidad concentra notas anómalas o si un criterio altera demasiado las calificaciones, los datos pueden señalar dónde revisar con más cuidado. No deciden ni sustituyen al tribunal. Iluminan las zonas donde el sistema no debería avanzar a ciegas.
Esa es la diferencia entre automatizar y garantizar.
Automatizar es dejar que una máquina haga el trabajo. Garantizar es usar la tecnología para que el trabajo humano sea revisable, explicable y justo. La primera opción puede deshumanizar. La segunda puede devolver confianza.
Los tribunales también necesitan esa transparencia. Les da respaldo, ordena el proceso y protege su criterio frente al ruido. Cuando un proceso deja huella, el criterio se defiende mejor, la autoridad resiste el ruido y el aspirante no queda solo ante una cifra. Al contrario, gana legitimidad.
La inteligencia artificial nos está obligando a exigir algoritmos explicables.
Queremos saber por qué una máquina recomienda, clasifica, concede o deniega.
Exigimos que no discrimine, que no oculte sesgos, que no decida desde una oscuridad técnica inaccesible. Tal vez ha llegado el momento de pedir lo mismo a los procesos humanos que deciden el futuro profesional de miles de personas.
No porque sean máquinas. Justo porque no lo son.
Un sistema público debe poder mirar a los ojos a quienes evalúa. Debe decirles qué hicieron bien, qué falló y qué criterio inclinó la nota. Reclamar no es una insolencia. Es una garantía democrática. Y detrás de cada número hay alguien que quizá ya estaba impartiendo clase, alguien que soñaba con su primera aula, alguien que no pide compasión, sino una explicación.
Asturias no puede hablar de juventud, talento y progreso mientras quienes quieren quedarse a enseñar sienten que la Administración les responde con una cifra muda. En una región envejecida, que necesita retener a sus jóvenes y cuidar la escuela pública, cada docente que decide quedarse es una oportunidad. No podemos permitirnos convertir esa vocación en una carrera de desgaste, donde no siempre avanza quien mejor sabe enseñar, sino quien más años resiste el laberinto. Seleccionar maestros no es cubrir plazas. Es decidir quién acompañará a las próximas generaciones en un mundo lleno de pantallas, datos e inteligencia artificial. Si queremos una educación fuerte, el primer examen no lo hacen solo los opositores. También lo hace el sistema que los evalúa.
La opositora vuelve a mirar la pantalla. El número sigue ahí. Puede que sea justo. Puede que no. Pero ninguna nota pública debería obligarla a escoger entre callar o reclamar con miedo, entre esperar otros dos años o marcharse a la comunidad vecina. Nadie que quiera quedarse a enseñar debería salir de una oposición sintiéndose señalado, ridiculizado o abandonado por la Administración a la que quería servir.
Un cero puede cerrar una puerta. Muchos ceros deberían convertirse en la llave que abra esa caja negra.
https://www.lne.es/opinion/2026/07/24/c ... 88720.htmlCentenares de docentes se han concentrado esta mañana frente a la Consejería de Educación, en la Avenida de la Fama de la capiital del Segura, para exigir un cambio urgente en el modelo de acceso a la función pública docente. Convocados por la Federación de Enseñanza de CCOO, han denunciado lo que consideran un sistema de oposiciones “pernicioso, injusto y desfasado”, que este año podría dejar sin adjudicar hasta una cuarta parte de las plazas convocadas.
Nacho Tornel, secretario de la Federación Sectorial de Enseñanza de CCOO en la Región, ha sido tajante: “El actual sistema de oposiciones docentes, que data de hace ya algunas décadas, ha vuelto a provocar unas consecuencias no deseadas. La criba que se hace en la primera fase del proceso deja fuera de cualquier posibilidad a personas que en su inmensa mayoría están preparadas para superarlo”.
Según Tornel, la forma en que los tribunales están puntuando, unida a la “excesiva dureza” de las pruebas prácticas este año, ha generado una percepción de arbitrariedad e injusticia entre los aspirantes.
CCOO estima que el porcentaje de plazas que podrían quedar sin adjudicar en la Región de Murcia rondará el 25%, “incluso creemos que más”, advierte Tornel. Esta cifra es especialmente alarmante si se compara con los resultados de otros modelos de acceso: “Cuando el sistema no tiene pruebas eliminatorias, apenas un 1% de las plazas pueden quedar sin cubrir. Sin embargo, con el sistema actual, ese porcentaje ronda el 15%, y este año puede ser mucho peor en nuestra región”.
Desde el sindicato apuntan a consecuencias preocupantes a corto y medio plazo: la precarización del profesorado interino, el debilitamiento del sistema público y el avance de la privatización, especialmente en Formación Profesional.
“Si no se adjudican esas plazas, no se refuerza el sistema público educativo, no se afianzan profesionales estables, y se deja la puerta abierta a que los ciclos de FP pasen a manos privadas, que están haciendo un negocio redondo con ello”, ha lamentado Tornel.
Durante la concentración, bajo el lema “¡Por unas oposiciones justas!”, el sindicato ha exigido la modificación del Real Decreto que regula actualmente los procesos selectivos. En el cartel de la convocatoria se podía leer: “¡Basta de recortes y desprecios! Reivindicamos un sistema público fuerte, con suficientes docentes en las aulas y procesos de oposición dignos, que no ignoren el esfuerzo de opositores ni el compromiso de los tribunales”.
La Federación regional de Enseñanza de CCOO ha anunciado que seguirá movilizándose para que el Ministerio y las consejerías autonómicas escuchen las demandas del profesorado y de los aspirantes: un sistema de acceso justo, eficaz y que sirva realmente para reforzar la educación pública.
https://laprotesta.es/2025/07/04/ccoo-e ... de-murcia/Y llegamos al final: ayer acabó todo: vamos a ver las notas, y ¡zas!, suspensa con un 4 y pico sobre 10. Bueno, no pasa nada, esas cosas pasan. Pero entonces empezamos a ver más cosas aparte del suspenso global: la prueba que le salió mal, tiene mejor nota que la que bordó, donde le han puesto una nota horrorosa. En su tribunal, de unos 80 opositores (contando los que no se presentaron) solo hay un 20% de aprobados. Su nota es el suspenso con la nota más alta del tribunal. Y la puntuación que le han puesto en el primer examen es vergonzosa, porque no tiene ni pies ni cabeza en base a lo que ella hizo.
¿Conclusión que sacamos? Que el tribunal que le ha tocado ha hecho corte, cosa que sabemos a ciencia cierta que hacen, y han cogido a un puñado de gente aprobada y le han bajado la nota. Han decidido que más de X personas en la segunda fase es mucha gente, y claro, si pasan menos de X acaban su proceso como tribunal este viernes. Y ala, de vacaciones, ahorrándose el curro del lunes y el martes. Es lo único que nos encaja, porque probablemente le hayan bajado la puntuación del tema, y fuera. Y vale, ella tampoco iba a optar a plaza, pero pasar al siguiente examen le iba a permitir entrar en concurso de interinos con opciones de currar.
Y el problema es que en ningún otro ámbito que no sea este proceso de oposición he visto exámenes parecidos, menos en el sector público. En un examen de universidad puedes reclamar. Puedes llevarlo al rectorado. En la EBAU igual. ¿Pero aquí? Aquí el proceso de reclamaciones es a posteriori de la última prueba, y lo único que ocurre es que te mandan un papel diciendo por qué te han puesto esa nota, FIN. Estás en manos de un grupo de personas que lo único que piensan es en el coñazo que es hacer de tribunal y en acabar cuanto antes, con la complacencia de la Consejería que quiere liquidar el proceso lo antes posible. Estás vendido.
Lo más triste es que son compañeros que pasaron por el mismo aro los que te están jodiendo. Compañeros. Y dependiendo de quién te toque, estás jodido.
Lo peor es que las respuestas alrededor de conocidos y familiares son "ya, es lo que hay". Y joder. Es un sistema vergonzoso, que no entiendo que no se revise de una vez porque hay mil formas de hacerlo más justo. Se pueden grabar las lecturas. Se puede hacer un examen tipo MIR al menos para la primera fase. Se pueden dar periodos reales de reclamación. Yo qué sé, se pueden hacer muchas cosas en vez de seguir perpetuando esta mierda.
Pero ni sindicatos, ni el estado, ni la consejería, a nadie le importa una mierda que esto lleve así décadas.
Esto me toca la fibra, porque gente muy cercana a mí ha sufrido varias veces por el mismo proceso, y es injusto de cojones.
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Aún así, yo creo que un 10 no me merecía, pero si tenías dudas acerca de mi excelencia, que sepas que un tribunal soberano la acreditó en 2010. 
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