Casi seis meses después de que el Parlamento Europeo pusiera fecha al fin del roaming, la presidencia italiana ha presentado una propuesta que podría aplazar dicha medida. Inicialmente, la Eurocámara había situado la eliminación de los recargos dentro de la UE para el 15 de diciembre de 2015, afectando a llamadas, mensajes de texto y navegación por Internet.
La propuesta de aplazamiento espera llevar la medida más allá del último mes de 2015 con una introducción progresiva. Según reconoce la vicepresidenta y responsable de Agenda Digital, Neelie Kroes, la propuesta italiana carece "de la ambición del texto de la Comisión, pero es una buena base para más negociaciones".
El pleno de la Eurocámara aprobaba a principios de abril la fecha para el fin del roaming por 534 votos a favor, 25 en contra y 58 abstenciones. La decisión de los eurodiputados recibió fuertes críticas por parte de operadoras como Telefónica, France Telecom o Deutsche Telekom por la obstaculización de "la inversión y la innovación" y la limitación de "servicios a medida diferenciados según la calidad y el precio".
Según recoge Europa Press, el texto de compromiso presentado por Roma asegura que el fin del roaming "debe definirse y es una cuestión política significativa". Asimismo, el ejecutivo italiano considera que "para hacer frente a las preocupaciones de varios Estados miembros sobre la introducción de este principio en un futuro próximo", la legislación debe incluir un "mecanismo de salvaguarda", eliminando los recargos paulatinamente y garantizando que los clientes no abusen de la normativa bajo el principio de "uso razonable".
Con la presentación de la propuesta de compromiso italiana, los Estados de la UE deberán alcanzar un acuerdo sobre el texto y negociar la legislación final con la Eurocámara. En todo caso, el Parlamento ya ha sugerido que no se aceptarán cambios en la fecha propuesta.
Mientras tanto, la organización de consumidores FACUA ha manifestado que la fecha fijada por la Unión es "tardía e injustificada". Según comenta un portavoz de la asociación, "las grandes operadoras están presionando a las autoridades comunitarias para que retrasen la fecha", añadiendo que "una decisión de este tipo podría demostrar que las autoridades no trabajan por el bien común del ciudadano, sino por intereses espurios".
