Guerra de banderas en Cataluña. El simbolismo de la enseña nacional parece volver con fuerza en una tierra donde ha cobrado validez cualquier manifestación nacionalista que escenifique el rechazo al Estado, por pobre o ilegal que resulte. Los sucesivos Gobiernos nacionalistas de la Generalitat, antes a la izquierda y ahora a la derecha, han optado por condescender en la obligatoriedad de que todos los edificios gubernamentales vean ondear la bandera española, en otra demostración de que para estos la ley sólo es legítima en función de sus intereses más sectarios.
El primero en denunciar esta corriente que se mantiene impune fue el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, anunciando, el pasado fin de semana, que Cataluña “se ha convertido en una comunidad autónoma en la que el Gobierno central no hace cumplir la Constitución, las leyes y las sentencias a los partidos nacionalistas a cambio de tener su apoyo en el Congreso”. Rivera aseguró que en más de 100 ayuntamientos catalanes con alcaldes de CiU, ERC o incluso del PSC, incumplen la ley de símbolos, “lo mismo que ahora está copiando Bildu en el País Vasco”. Así, criticó que Rubalcaba y Zapatero sean “incapaces de exigir a la Generalitat el cumplimiento de la Constitución y de las sentencias judiciales al modelo educativo”, vinculando esta incapacidad voluntaria a la necesidad que tienen del voto nacionalista en la Cámara.
Dos meses atrás, cuando Solidaritat (SI) presentó una proposición de ley para evitar que la bandera española fuera visible desde el exterior de las instituciones públicas catalanas, Ciudadanos fue el único partido en advertir que velará para que la enseña nacional ondee en estos edificios. Sin embargo, en Gimenells, único municipio catalán cuyo alcalde pertenece a Ciudadanos, la bandera española está desaparecida desde que Manuel Pardos llegó al consistorio, mientras pueden verse las insignias catalana y local. La explicación que ofrece el ayuntamiento es que se han producido reiterados robos de la bandera. En Manlleu, por ejemplo, los dos representantes de Plataforma per Cataluña (PxC) solicitaron el pasado lunes la dimisión del alcalde de la localidad, Pere Prat (ERC), por incumplir “de forma continuada” y “consciente” la ley, cometiendo un “delito” cuando se niega a exhibir la bandera española en el balcón de la casa consistorial. El regidor Juan Miguel Márquez presentó en el pleno del ayuntamiento una maqueta de cómo debían colocarse las banderas por si el alcalde republicano tenía alguna duda.
Soberanistas
El alcalde de Sant Pol de Mar, Manel Mombiela (CiU), invitaba hace pocas semanas a un regidor del partido Juntos por Sant Pol a que le denunciara ante los tribunales por incumplimiento de la Ley de Banderas antes que poner la española junto a la señera.
Por su parte, el nuevo equipo municipal de Igualada, con 35.000 habitantes y liderado por el alcalde de CiU, Marc Castells (en coalición con ERC), ha retirado la enseña nacional. Desde hace casi 15 días, el balcón consistorial ha quedado libre de banderas: ni la señera ni la igualadina ni la europea ni la española; optando así por retirar todas las insignias antes que ver ondear la española. Aunque el alcalde no ha ofrecido explicaciones hoy por hoy, parece claro que ha dado cumplimiento a una de las condiciones de gobierno impuestas por ERC.
Este municipio de la provincia de Barcelona ya ha protagonizado actos reivindicativos no sólo para descolgar la bandera española, sino para izar la estelada, o sea, la bandera independentista. El pasado verano, una veintena de secesionistas radicales boicotearon el pregón de las fiestas y enarbolaron esteladas al grito de “fuera la bandera española” dentro del salón de plenos. En 2009, el Ayuntamiento de Igualada aprobó un homenaje a Lluís Maria Xirinacs, ex sacerdote y activista político por la “libertad de los países catalanes”, condenado por declararse “amigo de ETA” y que fue encontrado muerto, en 2007, en un bosque con evidencias de suicidio. El consistorio igualadino dio su nombre a una vía pública cuando gobernaba el PSC en coalición con ICV .
Los populares, por su parte, acusan a Zapatero de “mirar hacia otro lado” y no defender los símbolos del Estado, por lo que tienen previsto presentar una iniciativa que incluya sanciones como la inhabilitación de los cargos públicos que incumplan la norma.
Fuente
http://www.intereconomia.com/noticias-g ... tarlas-22- 
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