La policía ratifica que la letra de los papeles de Bárcenas es del extesorero
Un informe pericial atribuye al extesorero los apuntes de los llamados papeles de Bárcenas
El juez Ruz expulsa al PP de la acusación popular del ‘caso Gürtel’
Fernando J. Pérez Madrid 26 ABR 2013 - 21:27 CET
El extesorero del PP Luis Bárcenas es el autor de los 14 folios manuscritos que componen la contabilidad secreta de la formación conservadora entre 1990 y 2008. Los peritos calígrafos de la Policía Científica han remitido un informe al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, en el que certifican que las grafías y guarismos que se recogen en los papeles, publicados el pasado 31 de enero por EL PAÍS, “han sido realizados por Luis F. Bárcenas Gutiérrez”.
Las conclusiones del informe, remitido al magistrado este jueves, echan por tierra la teoría del PP —expresada en algunos recursos judiciales y seguida por algunos de sus medios informativos afines— de que los papeles de Bárcenas son “falsos de toda falsedad”. También desbaratan el intento del extesorero de falsear y forzar su propia letra, como hizo el pasado febrero en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción.
Los papeles de Bárcenas recogen los donativos de 7,5 millones de euros por parte de una decena de empresarios, la mayoría del ámbito de las obras públicas, y el empleo de ese dinero para sufragar distintos gastos ordinarios del partido y para el reparto de sobresueldos a distintos miembros de la cúpula de esta formación, especialmente para los cargos más elevados de los vicesecretarios y hasta el presidente. El cotejo de los asientos contables registrados por Bárcenas con la contabilidad oficial del partido, remitida al juez Ruz, desvela varios casos de supuesta financiación irregular de la formación en diferentes épocas.
Los expertos de la Sección de Documentoscopia de la policía —dos inspectores jefes— concluyen que el autor de la letra es Bárcenas, aunque en su informe hacen constar el hecho de que han tenido que trabajar con fotocopias y no han podido acceder a la contabilidad original.
El juez Ruz solicitó a la Policía Científica, en una resolución del pasado 15 de marzo, que realizara el análisis caligráfico. Los peritos cotejaron la letra de las fotocopias de la contabilidad que EL PAÍS entregó el pasado 5 de febrero a requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción con otros manuscritos cuya autoría correspondía inequívocamente a Bárcenas.
Entre estos documentos indubitados figuran las declaraciones de intereses y bienes patrimoniales entregadas por Bárcenas al Senado en las legislaturas de 2004 y 2008 —en las que el extesorero ocupó un escaño del PP por Cantabria—. También están los documentos bancarios remitidos por Suiza en el marco de la comisión rogatoria —procedimiento de auxilio judicial entre distintos Estados— o la prueba de escritura del pasado 6 de febrero en la que Bárcenas, según la policía, forzó su letra hasta el punto de lograr invalidar aquel primer peritaje.
En varios de los 14 folios manuscritos que componen su contabilidad paralela se aprecian varias firmas ilegibles, a modo de visto bueno, que son muy similares a las que estampó el antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta. Los peritos, en este caso, no llegan a una conclusión clara. Según los expertos, no es posible “determinar la autoría de las firmas cuestionadas de tipo ilegible”. En una providencia en la que acusaba recibo del informe y lo incorporaba al sumario de la pieza separada de investigación sobre los papeles de Bárcenas, Ruz anuncia que citará a los peritos para que ratifiquen su informe.
Tras la publicación de los papeles, el extesorero Bárcenas ha tratado por todos los medios de desmarcarse de su autoría. La contabilidad paralela, cruzada con la oficial, sirve para descifrar algunos episodios de supuesta financiación ilegal del PP y desvelar la estrategia para su ocultación.
Entre los años 2002 y 2007, Luis Bárcenas consignó en su contabilidad paralela ingresos de distintos constructores por valores que superaban los 60.000 euros, cifra máxima autorizada por la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Además de por la cantidad, las donaciones eran irregulares porque estaban hechas, en muchos casos, por empresarios cuyas compañías contrataban obras y servicios con las Administraciones públicas, lo que está expresamente prohibido por la legislación.
Para ocultar estas ilegalidades, Bárcenas supuestamente troceó los donativos con origen conocido en cantidades inferiores a 60.000 euros y los ingresó en la cuenta oficial de donativos anónimos del partido, en el Banco de Vitoria. En total, el extesorero realizó 56 ingresos de pequeñas cantidades que sumaban un total de 1,3 millones de euros. Con este mecanismo, el PP soslayó los controles de los auditores del Tribunal de Cuentas, que pudieron interpretar como donativos anónimos legales lo que supuestamente eran entregas de dinero excesivas de empresarios que tenían vetado dar dinero a los partidos políticos. Este mecanismo se prolongó hasta 2007, año en que entró en vigor una nueva Ley de Financiación de los Partidos en la que se prohibían de forma expresa las donaciones anónimas.
En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, Bárcenas llegó a señalar que era “de sentido común” trocear las cantidades donadas por los empresarios cuando superaban los 60.000 euros. “Si alguien llega con 300.000 euros, esa cantidad supera el límite que establece la ley (...) pues evidentemente siempre existiría una fórmula que es decirle al cajero: toma 50.000 que han venido como anónimos”.
De esta supuesta financiación ilegal conocida gracias a los papeles de Bárcenas se ha derivado una investigación de un fraude fiscal del PP a través de los donativos. Ruz y la Fiscalía Anticorrupción consideran que aquellas donaciones que recibió el partido hasta 2011 y que superaban el límite legal de 60.000 euros o que provenían de empresarios con contratos con la Administración tuvieron que ser declaradas a Hacienda y tributar por el Impuesto sobre Sociedades.
Tras publicarse los papeles de Bárcenas, varios dirigentes del PP y otros perceptores de fondos reconocieron haber recibido los sobresueldos que el extesorero recogió en su contabilidad paralela.
Sin embargo, las cantidades supuestamente entregadas por Bárcenas a estos antiguos dirigentes, como Santiago Abascal o Calixto Ayesa, no figuran en la contabilidad oficial del partido. Esto refuerza la idea de que Bárcenas manejaba fondos que escapaban a cualquier control y que repartía según las necesidades del momento sin declararlos.
El PP ha sostenido durante toda la instrucción del caso Gürtel, y especialmente tras la publicación de los manuscritos del extesorero, que sus cuentas y su financiación son limpias. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, calificó el pasado 15 de abril de “rotundamente falso” que la contabilidad del PP coincidiera con la de los papeles de Bárcenas. Cuatro días antes, el vicesecretario de Estudios y Programas del partido, Esteban González Pons, aseguró: “La contabilidad del PP responde exactamente a lo que la ley le exige y le exigía. Y no tiene nada que ver con los supuestos papeles del extesorero Luis Bárcenas”.
Acusación popular… en defensa de Bárcenas
El PP ha defendido en todo momento, con sus actuaciones procesales, al extesorero, actuando como si fuera su abogado
José Manuel Romero 26 ABR 2013 - 17:52 CET
El Partido Popular no solo mantuvo a Luis Bárcenas con el sueldo más alto del partido, gastos de Seguridad Social incluidos, cuando ya estaba imputado por graves delitos de corrupción y había abandonado el cargo de tesorero nacional, sino que ejerció en el caso Gürtel una acusación popular realmente estrambótica. En lugar de acusar a los que supuestamente habían hecho daño al partido y colaborar en la investigación “en defensa de la sociedad en su conjunto y no en nombre o interés propio y ajeno”, como marca la jurisprudencia, el PP defendió en todo momento con sus actuaciones procesales a Bárcenas, acusado de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho, y a su esposa, Rosalía Iglesias, imputada también en el caso.
El juez Pablo Ruz ha dictado un auto en el que sostiene que el PP, en un claro abuso de derecho o fraude de ley, defendió como acusador popular a su extesorero Luis Bárcenas, quien estaba siendo investigado por corrupción. Y cita algunos ejemplos:
Cuando todas las acusaciones populares, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado recurrieron el auto judicial que archivaba provisionalmente las actuaciones contra el extesorero, el PP impugnó todos estos recursos para que se mantuviera la decisión de retirar la imputación contra Bárcenas, como si fuera su propio abogado.
Cuando la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional resolvió los recursos sobre el archivo de la causa contra Bárcenas y decidió volverle a imputar, como pedían todas las acusaciones populares salvo la del PP, el abogado del extesorero presentó contra esa decisión un escrito pidiendo la nulidad de ese auto judicial. El PP, como acusador popular, también presentó un escrito reclamando lo mismo y manifestando su adhesión a los argumentos esgrimidos por el abogado de Bárcenas a la vez que argumentaba que no existían “indicios medianamente sólidos” para imputar a su extesorero. El acusado, Bárcenas, y el acusador, PP, volvían a ponerse de acuerdo.
El juez recuerda que los indicios racionales de criminalidad que obran en la causa abierta por delitos contra la Hacienda Pública, cohecho y blanqueo de capitales han sido negados reiteradamente por el PP en su condición de acusación popular. El juez entiende que las actuaciones judiciales del PP en el caso Gürtel no resultan congruentes con el objetivo que manifestó esta formación para ejercer la acusación popular: “Colaborar activamente en la investigación judicial de una enorme trascendencia en los que, en caso alguno, ha tenido participación directa o indirecta”.
Por si fuera poco relevante este abuso de derecho o fraude de ley practicado por el PP en su condición de acusador popular, el juez señala que de las actuaciones practicadas hasta el momento en relación con los denominados papeles de Bárcenas, la formación conservadora podría resultar responsable civil subsidiaria de supuestos delitos contra la Hacienda Pública. Esos delitos consistirían en no declarar a Hacienda como ingresos extraordinarios y, por tanto, obligados al pago del Impuesto de Sociedades, aquellas donaciones anónimas que superaron los 60.000 euros fijados como límite máximo por la Ley de financiación de partidos políticos. El 70% de los 1,3 millones de euros que Bárcenas anotó de su puño y letra en un cuaderno de ingresos y gastos incumplían esa ley.
Los papeles de Bárcenas —que el PP considera falsos, por lo que ha demandado a EL PAÍS, el periódico que los publicó— han sido avalados ahora por un informe pericial de la Policía, incorporado al sumario del caso, en el que señala que la letra de esa contabilidad b corresponde a la del extesorero.
El PP tiene un problema mayor: todo parece lo que los tribunales de justicia dicen que es.
Pero es que me sigue abriendo las carnes.