Confiamos en que el defensor de Pueblo reciba este mensaje de los consumidores como algo necesario, y que por tanto lo plantee al Tribunal Constitucional para tratar de conciliar intereses y acabar con el lucro privado de unos pocos sobre el trabajo y derechos de todos los que componemos la Sociedad de la Información: industria, administración pública, internautas, etc.
Con este la plataforma suma un nuevo paso para impugnar la reciente reforma de la L.P.I. que legaliza el llamado canon digital, tras haber solicitado la ayuda de la Comisión Europea.
