La Consellería de Vivenda e Solo considera probado que la empresa Vigolar cobró sobreprecios en la venta de viviendas protegidas en la zona de Navia (Vigo) y propone una multa de 3,6 millones de euros y su inhabilitación para construir este tipo de inmuebles de protección oficial durante seis años.
El departamento autonómico cerró el expediente de sanción abierto contra la promotora Vigolar SA el pasado mes de septiembre a raíz de la denuncia colectiva presentada por 41 demandantes. Cree acreditado que la promotora cobró un sobreprecio de algo más de 1,8 millones de euros en la venta de 49 viviendas protegidas en San Paio de Navia.
La Delegación Provincial de la Consellería de Vivenda en Pontevedra remitió a la empresa la propuesta de sanción, que consiste en la imposición de una multa de más de 3,6 millones de euros por
infringir el artículo 54.1 de la Lei 4-2003 de Vivenda por los 49
contratos de compraventa de sobreprecio que realizó con los denunciantes-adquirientes.
La multa planteada por Vivenda equivale al doble de la cantidad indebidamente cobrada por sobreprecio, tal y como establece la propia ley. Además, propone una multa de 9.015 euros por vulnerar el artículo 53.1 de la Lei de Vivenda, ya que en 15 de los casos denunciado la empresa promotora no cumplió con la obligación de avalar las cantidades entregadas a cuenta por los compradores de la vivienda protegida.
La sanción propuesta también incluye la inhabilitación de Vigolar SA para construir vivienda protegida durante seis años, la máxima que permite la norma, que empezarán a contar a partir del días en el que la resolución sea firme.
Igualmente el departamento autonómico impone la empresa la obligación de devolver cantidad indebidamente cobrada como sobreprecio a todos y cada uno de los denunciantes, que suma 1.820.000 euros, lo que implica una media de 37.157 euros por cada demandante -alrededor de un 30 por ciento de medio sobre el precio fijado por la normativa del Plano de Vivenda- con sobreprecios que en algún caso alcanzó la cifra de 61.577 euros.
Descargos > La Delegación Provincial de Vivenda, tras nueve meses de trabajo, remitió esta propuesta de sanción a la empresa, que tiene un período de 15 días para presentar las alegaciones y la documentación que estime oportuna.
Vivenda explica que si la respuesta de la Delegación Provincia a estas alegaciones no fuese satisfactoria para Vigolar, ésta puede presentar recurso de alzada ante la consellería como órgano unipersonal. Además, se estudiarían las alegaciones y la documentación. La respuesta emitida entonces por Vivenda cerraría la vía administrativa.
Los vecinos mostraron su satisfacción por la decisión del departamento gallego y lo consideraron como un paso más contra los abusos inmobiliarios.
Me alegro de que le haya caído la sanción. A ver si con un poco de suerte se va extendiendo y poco a poco paran los abusos de las constructoras.
