La "mejora del gobierno corporativo" -eufemismo que significa echar a los políticos de los órganos de administración de las entidades financieras- figura entre los objetivos de todas las reformas que ha sufrido el sector en los últimos años y, por supuesto, es una de las exigencias del Memorándum de Entendimiento del rescate bancario impuesto por Bruselas. Pero una cosa es predicar y otra dar trigo; una cosa son las grandes declaraciones de los preámbulos de los Reales Decretos y otra la realidad del poder en las provincias españolas.
Por ejemplo, en Ávila. El proceso de renovación de los órganos de gobierno de la caja provincial, una de las siete que componen la malhadada Bankia, ha dado como resultado el nombramiento como presidente de alguien tan alejado de la política como el secretario general del Partido Popular en la provincia, Pablo Luis Gómez Hernández. Al menos, acredita una experiencia de 35 años en Caja Duero -sobre todo al frente de la obra social-, algo de lo que adolecen la mayoría de los políticos que siguen copando el poder de las cajas españolas.
Es el caso de su antecesor en el cargo, Agustín González, plusmarquista nacional de pluriempleo político ya que llegó a atesorar 13 cargos, entre ellos los de presidente de Caja Ávila, de la Diputación provincial, alcalde del Barco de Ávila o miembro del ya mítico consejo de BFA (matriz de Bankia) que presidía Rodrigo Rato.
Y como vicepresidente ha sido elegido ahora otro 'independiente', Luis Sáachez Jiménez, secretario provincial de UGT, por aquello de repartir el poder de forma equilibrada y que nadie pueda quejarse. Salvo los clientes que han visto como su caja se ha ido a la quiebra, muchos de los cuales acudieron a la OPV de Bankia, con lo que acumulan cuantiosas pérdidas en bolsa (por no hablar de los titulares de preferentes).
Hay que reconocer que las cajas han perdido su negocio financiero -traspasado a Bankia en el caso de la abulense- y que van a transformarse en fundaciones. Además, la inyección de los 4.500 millones iniciales de dinero público (faltan 19.000 más) en BFA, presidido en la actualidad por José Ignacio Goirigolzarri, entregará el 100% del capital al FROB, con lo que Caja Ávila dejará de ser accionista y ninguno de estos cargos tendrá poder alguno.
Aun así, seguirá contando con un consejo de 13 miembros (eso sí, su tamaño se ha reducido desde los 17 anteriores, algo es algo), con comisión de control sin nada que controlar, y una asamblea general de 95 representantes. Y no se crean que estas cosas pasan sólo en provincias pequeñas: Caja Madrid -que tampoco pincha ni corta ya en BFA-Bankia- sigue teniendo un consejo de 22 miembros con seis comisiones que preside todavía el señor Rato. Todo sea para que no falte de nada a políticos, sindicalistas, friends & family, que con la crisis que hay no están los tiempos para bromas.
Otro prueba más de porque no hay justicia en este país.
