Rajoy sopesa eliminar la autorización previa para los despidos colectivos

Los tiempos están marcados y también la hoja de ruta para reformar el mercado de trabajo. Ahora, es momento de negociaciones entre los interlocutores sociales para acercar posturas y presentar en los primeros días del mes de enero acuerdos al nuevo Gobierno, decidido a emprender cambios que permitar frenar la escalada del desempleo y animar la creación de puestos de trabajo.

Como ya informó ABC entre los planes de nuevo Ejecutivo no está reducir el coste del despido, pero en el ánimo de Mariano Rajoy y su equipo económico sí está aclarar las causas del despido y desjudicializar el proceso, ahora costoso y largo, a la vez que eliminar la autorización previa para los despidos colectivos, para los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), un requisito que no existe en ningún país de la OCDE y que desde hace años reclama la patronal.


Control de la Administración

La legislación actual establece que los recortes de personal que afecten, al menos al 10% de la plantilla, sean controlados por la Administración; principalmente, la autonómica, que tiene transferidas las competencias. Sólo cuando la regulación de empleo afecta a varias comunidades, el asunto corresponde al Ministerio de Trabajo.

Cuando se presenta un ERE, la normativa da un plazo de entre 15 y 30 días, según el tamaño de la compañía, para negociar un acuerdo con el comité de empresa. Si no se logra, hay otro plazo de 15 días para que la Administración autorice o deniegue el citado expediente. Un proceso que las organizaciones empresariales llevan años criticando con dureza dado que, aseguran, las regulaciones de empleo se eternizan y, por el contrario, dicen, deben ser rápidos y sin necesidad de autorización.

La legislación actual provoca que gran parte de los despidos económicos acaben en los tribunales, siendo la mayoría de los fallos favorables al trabajador. Ante esta situación, las empresas prefieren esquivar el problema, evitar el coste, en tiempo y dinero, del recurso jurisdiccional, reconociendo su improcedencia directamente y pagar al trabajador la indemnización de 45 días por año.


Fracaso de Zapatero

En la última reforma laboral, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentó poner remedio a esta disfunción sin ningún éxito. El borrador inicial de la reforma supuso un acercamiento hacia las tesis sindicales. La reforma abría la vía a permitir a las empresas despedir con 20 días por año trabajado con solamente acreditar previsión de pérdidas, aunque posteriormente el Ejecutivo socialista acotaba esa posibilidad al exigir al empresario que demostrara que sus pérdidas no eran coyunturales. Y en una tercera rectificación de la norma, el Ministerio de Trabajo fijó como requisitos cuantificar las pérdidas que prevé la empresa y explicar «si tienen carácter permanente o transitorio».

Ahora, lo más inmediato es que los agentes sociales cierren un acuerdo. CEOE y Cepyme y los sindicatos UGT y CC.OO. buscan puntos de encuentro para presentarle Rajoy. Como ya informó ABC, el primero de los posibles pactos lo tienen ya encarrilado. Se trata de recuperar el principio de acuerdo que los agentes sociales lograron el pasado mayo sobre control del absentismo laboral y reforma de las mutuas de accidentes.

En la práctica, el ajuste de estas cuotas se traduce en una rebaja de las mismas, ya que año tras año, especialmente en los últimos ejercicios con la fuerte caída de la actividad constructora, se han generado importantes excedentes, pues el gasto en prestaciones es muy inferior a lo que pagan las empresas por cotizaciones profesionales. La rebaja se podría situar entre medio punto y un punto, según CEOE. El pacto sobre rebaja de cuotas será una de las medidas que probablemente se incluirá ya en los Presupuestos para 2012, que el PP quiere tener aprobados en marzo. La duda es la cuantía.

Junto con la rebaja de cotizaciones sociales, empresarios y sindicatos pactaron mejorar la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social y los servicios de salud para un control más eficaz de los costes derivados de los procesos de incapacidad temporal y el acortamiento del tiempo de recuperación, así como fijar objetivos e indicadores periódicos y medibles de la mejora de la gestión. También hay acuerdo en desarrollar la participación de los agentes sociales en los órganos de supervisión y control de las mutuas de accidentes de trabajo.