En días precendes he intentado explicar mi postura al respecto de este poco beneficioso acuerdo, asumo que mi falta de experiencia y conocimiento me ha limitado en dicha labor pero hoy en un diario local ví reflejado mi punto de vista en un artículo de opinión de Pablo A. Fernández Sánchez, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Huelva.
Aunque básicamente dice lo que yo intenté argumentar está bastante más documentado......cuanto me queda por aprender de gente como él. Aquí os lo dejo, su lectura es muy recomendada:
"Muchos periodistas y no pocos políticos han calificado el día 18 de septiembre como un día histórico por la firma en Córdoba del Acuerdo Tripartito entre los Gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar. Y desde luego que ha sido un día histórico, pero para Gibraltar. Ha conseguido, sin absolutamente nada a cambio, muchísimas de sus pretensiones políticas.
Voy a tratar de explicarme, pero antes debo decir que soy un ferviente defensor de la cooperación transfronteriza y que yo mismo hubiera llegado muchísimo más lejos, pero habiendo mantenido la posición jurídica que da argumentos internacionales a nuestras pretensiones en el caso.
El Acuerdo se ha hecho entre tres partes. Por eso es tripartito. Es decir, un acuerdo internacional, sometido al Derecho Internacional, en el que intervienen tres sujetos de Derecho. Lo de dos banderas y tres sillas no es creíble, porque para ello debería haber habido cuatro sillas (incluyendo, por tanto, la de la Junta de Andalucía) y haberlo fundamentado en el actual ordenamiento sobre cooperación transfronteriza, que no ha sido el caso. Es decir, justo lo contrario de la posición clásica española de atenerse al Tratado de Utrecht, donde sólo es posible una negociación a dos, que ambas partes aceptan. No había necesidad de este acuerdo, que sólo servirá para dar argumentos a Gibraltar y rebatir los españoles.
Permítanme que explique mis razones. Desde hace muchísimo tiempo podemos decir que tenemos institucionalización jurídico-internacional de la cooperación local y regional, hoy representada por el Congreso de los Poderes Locales y Regionales de Europa, en el marco del Consejo de Europa, lo que ha venido permitiendo desde hace tiempo una cooperación muy intensa de las regionales fronterizas europeas. Así, el 21 de mayo de 1980, precisamente en Madrid, el Consejo de Europa, cuando ya contaba con 21 Estados Miembros, adopta el Convenio-marco europeo sobre cooperación transfronteriza, en el que el Reino Unido y España son Estados Partes.
En el marco de la Unión Europea tenemos toda una pléyade de instrumentos jurídicos para llevar a cabo la cooperación transfronteriza, sin necesidad de alterar el clima político, como los programas Interreg, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, la Agrupación Europea de Interés Económico, la Sociedad Cooperativa Europea, la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza, etc.
Si analizamos los puntos acordados, ninguno de ellos merece para España un Acuerdo de las características del firmado en Córdoba.
Pero qué interés de contenido político tiene para España que se re-acuerde el uso conjunto del aeropuerto (recordemos, y valga la redundancia, que España y el Reino Unido ya habían firmado un tratado internacional, en toda regla, sobre este aspecto), acuerdo que, como se sabe, se ha incumplido, sin denuncia de ninguna de clase. Y, además, la octava potencia económica del mundo no se podía haber permitido el lujo de instalar un aeropuerto en Los Barrios o San Roque, si es que la demanda social y económica lo reclamaba. Tiene que ser el de Gibraltar, con sus dificultades técnicas y espaciales. Y, además, los gibraltareños, a los que felicito, han conseguido ejercer el control sobre el mismo, incluso hasta en el diseño de la terminal que en la parte española estará "flotando" para que no toque suelo español, como si el istmo no fuera territorio español, de conformidad con los argumentos jurídicos esgrimidos siempre, de forma ininterrumpida por España.
Las facilidades de tránsito y la concesión de líneas telefónicas, por cierto para que operen mejor las miles de empresas fantasmas que operan en Gibraltar, en contra del interés económico de España, podían haberse concedido de oficio, por actos unilaterales de España.
La actualización de las pensiones deberían haberse obtenido en los tribunales correspondientes, pero, en todo caso, estamos hablando de cuestiones nimias para el Estado, aunque importantísimas para los trabajadores. ¿Qué hubiera supuesto esto para un erario público, tan acostumbrado al derroche?
Por último, poner un Instituto Cervantes, instrumento clave de política cultural exterior. Tenía que ser el Cervantes, con la imagen institucional que tiene. No podía ser el Instituto Lope de Vega o el de Quevedo o cualquier otro inventado, pero no el Cervantes.
Desde luego, hay argumentos e instrumentos para la cooperación transfronteriza. Tenemos instituciones que tienen competencias para ello. La Junta de Andalucía es la que está abocada, de forma natural, para ello. Tenemos, además, muchos poderes locales que estarán encantados de negociar con el Gobierno de Gibraltar, para mejorar la situación de sus ciudadanos, como ocurre con los bebés portugueses que nacen en Badajoz, por acuerdos sanitarios entre comunidades.
Cualquiera que sea el tema, puede hacerse por la vía del Derecho vigente. Por qué había de hacerse rompiendo los únicos argumentos jurídicos internacionales de los que disponíamos. ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos perdido?
No sé si España va a seguir invocando sus argumentos jurídicos, como hasta ahora, de forma constante y uniforme, pero adelanto que generará problemas a nuestras posiciones, sin necesidad".
![[+risas]](/images/smilies/nuevos/risa_ani3.gif "más risas")
que no lo encuentro por ningun lao 
). Siempre me ha parecido fascinante este hecho. ![[666]](/images/smilies/nuevos2/masmalo.gif "maloso")
k ia toy harto d pelearme en los foros xD
![[Alaa!]](/images/smilies/nuevos/sorprendido_ani2.gif "Ala!")
