Otro decretazo. La Junta de Andalucía está preparando otra reforma del sector público que afectará de lleno al sector sanitario. La nueva estructura tendrá incidencia en 500 Unidades Clínicas de Gestión (UCG) que servirían
para “blindar” a directivos próximos al PSOE andaluz, según las denuncias del PP-A.Los
populares prevén llevar a los tribunales esta medida que conformará “una administración sanitaria paralela” sin control administrativo de la Consejería de Salud. Con este decreto los directores UCG tendrán
el poder absoluto en la planificación de los recursos humanos, selección de personal, retribuciones y firma de acuerdos para la financiación privada.
La decisión no sólo ha sido contestada por el PP. Los sindicatos también protestan y consideran que el proyecto de decreto de unidades de gestión pública (UGC) del Servicio de Salud
supone de hecho la desaparición del sistema sanitario público andaluz.
La bolsa regional de trabajo también se verá afectada. “Lamentablemente desaparece la posibilidad de que miles de trabajadores inscritos en la bolsa puedan trabajar en condiciones de igualdad y ahora se ven en la necesidad de plegarse a caprichos de dichos gestores”, indican en UGT Andalucía.
Ahora, tanto Comisiones Obreras como UGT no respaldan la medida. No ocurrió así con el decretazo del
enchufismo que propició un desencanto de los trabajadores de la Junta y la pérdida de representación de los sindicatos mayoritarios en la Administración General del poder autonómico, como
publicó El Confidencial el pasado 19 de mayo. Fue SAFJA (Sindicato Andaluz de Funcionarios de Andalucía) quien consiguió la mayoría absoluta en la Junta de Personal de los Servicios Centrales, con un porcentaje superior al 48% del total de los votos.
La Junta de Andalucía pretende
aprobar el decreto en diciembre para que las UGC empiecen a funcionar antes de enero, apenas dos meses antes de las elecciones autonómicas andaluzas, en principio previstas para el mes de marzo. La normativa podría entrar en vigor incluso tras la disolución del Parlamento.
El Gobierno andaluz ya aprobó este mismo año el decretazo del enchufismo que establece una administración paralela y
la entrada de 20.000 personas en la Junta sin haber opositado. El Ejecutivo socialista preveía
un ahorro de 118 millones de euros y la inmediata creación de diez agencias públicas. Además, si un funcionario se traslada a alguno de estos nuevos organismos podría perder sus derechos, según el colectivo de empleados públicos de Andalucía.
, gran chirigota 