Por la boca muere el pez. Y por la lengua, algunos políticos. Lengua asimilada a idioma, por supuesto. Es lo que le pasa a la Generalitat de Cataluña, que ha desatado un sinfín de críticas por la decisión de dedicar casi 7 millones de euros fomentar el catalán en los medios de comunicación. Esto ocurre mientras se cierran quirófanos, se alimentan las listas de espera de los enfermos o se eliminan plantas de hospitales.
La situación en Cataluña es delicada: esta semana se anunció el cierre del Hospital de la Cruz Roja, en el centro de Barcelona, cuyos trabajadores han decidido acampar en la plaza de Sant Jaume, justo enfrente del despacho de Artur Mas y en el hospital de la Mutua de Terrassa los trabajadores y los ciudadanos salen a la calle a diario para protestar contra los recortes. Este hecho se añade al del cierre de quirófanos y de plantas enteras de los principales hospitales públicos, lo que ha tensado el clima social y laboral. Además, ayer mismo, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, pronunció una conferencia en la que pedía a los empleados públicos que trabajen un poco más por un poco menos. Todo porque “la situación es muy difícil”. Es la “cooperación solidaria” que se espera de ellos, lo que es considerado “indecente” por fuentes sindicales y de la oposición consultadas por este diario.
En esta coyuntura, la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística (ANLL) hizo público ayer un comunicado en el que deploraba las subvenciones. Muchas de éstas se han repartido, en los últimos años, a òmnium Cultural, la mayor asociación cívica catalana. En esta década, recibió casi diez de millones de euros para fomento del catalán. El tema ha sentado mal en Ciutadans, el partido que, con tres diputados, mantiene una lucha abierta en el Parlamento catalán sobre el tema. El pasado martes, Ciutadans presentó una moción en el Parlamento para que se deroguen los convenios de la Administración catalana con òmnium Cultural. Y no es por nada: la noche anterior, es decir, el lunes, la presidenta de esta asociación, Muriel Casals, propuso la insumisión fiscal con España. Es decir, no pagar impuestos hasta que el Estado español firme con Cataluña un convenio fiscal similar al del País Vasco. A esta petición se sumó el presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, aunque desde el Gobierno catalán se pidió más prudencia sobre el tema.
“Los mismos que tiran adelante los recortes sociales dan subvenciones a medios de comunicación amigos y a òmnium Cultural, a los que convocan referéndums y manifestaciones independentistas de manera gratuita. Debe ser que el trabajo sucio necesita dinero”, dice a El Confidencial Albert Rivera, presidente de Ciutadans.
La conexión Generalitat-òmnium
La buena sintonía de òmnium Cultural con el Gobierno es lógica. La asociación mimada por todos los gobiernos que ha habido hasta ahora tiene sus buenos garfios anclados en el Palau de la Generalitat. Artur Mas nombró el pasado 27 de diciembre a Joan Vidal de Ciurana su jefe del gabinete de gestión en Presidencia. Su nivel era el de funcionario del grupo A, nivel 30 y complemento salarial específico de 38.916,72 euros. Pero el 18 de enero, revocó este nombramiento y Joan Vidal pasó a ser jefe de la Oficina del Presidente, con rango de director general. Es decir, en sólo tres semanas pasó de cobrar alrededor de 70.000 euros anuales a algo más de 80.000, es decir, casi un 20% más.
La polémica en algunos círculos no es sólo esa fulgurante subida de salario en tiempo récord. Se da la circunstancia de que Vidal de Ciurana fue “general manager” de òmnium Cultural desde marzo de 2003 hasta abril del 2007, antes de incorporarse, también como “general manager” a la compañía de diseño gráfico Zero4. Desde algunos círculos políticos, pues, se alerta de las conexiones del equipo de Mas con los sectores más soberanistas de las entidades catalanas.
Las ayudas a la ‘prensa amiga’
Pero no son sólo los millones de euros que se pueden dar a òmnium. Este año, en medio de la tormenta de recortes, el Gobierno catalán destinará más de 6,8 millones más a “consolidar y fomentar el espacio catalán de comunicación”. ¿Cómo? Subvencionando determinados medios. Por ejemplo, para los proyectos periodísticos privados de editores de prensa en soporte papel (destinados exclusivamente a fomentar el espacio catalán de comunicación, es decir, a los publicados sólo en catalán) se destinan casi 2 millones de euros. Y otros 1,7 millones, a subvenciones estructurales periódicas en soporte papel.
Pero las ayudas a los medios amigos van mucho más allá. Para las emisoras de TDT, se destinan 667.250 euros. Para las empresas privadas de prensa digital, 624.900 euros. Para las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a fomentar ese espacio de comunicación se destinan 569.928 euros. Y para las emisoras de radio con igual objetivo, 493.700 euros. Y para las subvenciones estructurales a publicaciones informativas digitales, 328.458 euros. Y para las subvenciones estructurales a emisoras de radio con iguales fines, 229.622 euros. Y para las subvenciones estructurales a emisoras de televisión privadas, 280.545 euros. En total, pues, más de 6,8 millones de euros para fomento del catalán.
La situación se tensó ayer más cuando el portavoz del Gobierno instó a la insumisión civil. En otras palabras: Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, animó a los conductores a poner las siglas CAT encima de la E de España que hay en todas las matrículas. “Quien quiera, que se lo ponga. Jurídicamente, es posible hacerlo”, dijo Homs. Y eso porque lo que identifica a las matrículas son los cuatro números y las tres letras.
Pero se olvida de la Guardia Civil (o de los Mossos d’Esquadra en Cataluña), que, si aplican la ley, han de multar al ciudadano -y de hecho incluso algún coche oficial ha sido multado por llevar el CAT- que varíe lo más mínimo el contenido de la matrícula. A Homs le traicionó, en esta ocasión el subconsciente, ya que es uno de los exponente del sector soberanista de Convergència. Ante su sugerencia, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, saltó a la palestra de inmediato para pedir al presidente de la Generalitat, Artur Mas, su dimisión si no rectifica sus palabras, ya que “hace un llamamiento a la insumisión”. En declaraciones a El Confidencial, Rivera señaló que “nos parece indecente que se llame a los ciudadanos a secundar una petición de este calibre”. O sea, que es como si el consejero de Interior pidiese a los conductores que circulasen a 200 kilómetros por hora en las autopistas españolas sabiendo que el límite está en 120.
Ya se sabe, hay prioridades en esta vida.
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