Industria dejará de subvencionar el recibo de la luz a más de 20 millones de hogares

Varapalo para los hogares españoles. El Ministerio de Industria planea restringir el “paraguas” del recibo de la luz que cobija actualmente a 26 millones de clientes mediante una rebaja de la célebre Tarifa de Último Recurso (TUR), que a partir de ahora se limitaría exclusivamente a aquellos hogares con una potencia contratada de menos de tres kilovatios. La opción alternativa sería extender la tarifa eléctrica regulada hasta los cinco kilovatios de potencia. Ya sean tres o cinco, en todo caso serán muchos los españoles que en un futuro inmediato deberán olvidarse de la tarifa regulada y contratar la electricidad en el mercado liberalizado.

La TUR fue concebida como una solución de carácter singular para aquellas circunstancias en las que se impone la defensa a ultranza del consumidor ante una posición de dominio del suministrador. Sin embargo, la etiqueta que tradicionalmente ha caracterizado al recibo de la luz como un icono de protección social en España desvirtuó el origen de esta tarifa regulada que actualmente cubre todos los contratos con una potencia de hasta 10 kilovatios.

La reforma energética ha abierto ahora en canal el debate sobre los precios de la electricidad, sobre todo a raíz del ajuste fiscal aprobado a mediados de septiembre por el Consejo de Ministros y que ha supuesto una vuelta de tuerca impositiva para todas las empresas generadoras. Previamente, en enero de este año, el ministro José Manuel Soria decretó una moratoria en las primas que subvencionan las energías renovables. Todo ello con el objetivo de eliminar el déficit de tarifa que en 2012 debería limitarse a 1.500 millones de euros aunque los analistas del sector estiman que alcanzará los 5.000 millones.

El agujero provocado por una tarifa que no cubre los costes del sistema eléctrico ha llegado a alcanzar la cota acumulada de 24.000 millones de euros en los últimos ochos años derivando en un problema financiero de alto riesgo para las cuentas públicas. Las tensiones entre Hacienda e Industria en la búsqueda de soluciones que permitan reducir este descomunal desfase han impedido a Soria arbitrar mecanismos que sirvan verdaderamente para una reforma estructural del mercado eléctrico. El ministro quiere ahora retomar la senda de los ajustes y ha advertido a las grandes empresas que el Gobierno no va a parar hasta encontrar un marco regulatorio adecuado para un sector que es estratégico en la actividad económica del país.

En estos contactos con las grandes compañías se inscribe precisamente la limitación de la Tarifa de Último Recurso en unas proporciones que todavía no están definidas pero que fuentes de las organizaciones de consumidores y usuarios entienden como una compensación del Ministerio de Industria en beneficio del sector eléctrico. Lógicamente, cuánto más se estreche el marco de la tarifa regulada mayor será el número de clientes obligados a negociar directamente con las empresas proveedoras, que son las que, a la postre, tienen la sartén por el mango.

Si la TUR se limita a menos de tres kilovatios, prácticamente el 80% de los hogares pasará al mercado libre. No en vano la dotación de la mayor parte de las viviendas construidas en España supera de largo dicha potencia eléctrica. Cualquier piso con una cocina eléctrica, electrodomésticos habituales y aire acondicionado está obligado a una potencia de, al menos, cinco kilovatios. Si el Gobierno abre la mano hasta un nivel equivalente, la mitad de los usuarios podrá seguir bajo el refugio de un precio político pero el resto, aproximadamente 13 millones de contratos, tendrán que renegociarse en el mercado libre.

En un ambiente de competencia efectiva el plan que estos días ultima el secretario de Estado de Energía, Fernando Marti, no tendría mayor trascendencia e incluso podría otorgar cierta ventaja diferencial en favor de una demanda acostumbrada a pagar el precio que impone el Gobierno. El problema en España es que los sectores supuestamente liberalizados no se caracterizan por una competencia real en la práctica y, en este sentido, la industria eléctrica ha venido funcionando de manera secular como un oligopolio natural y regulado, con las peores consecuencias para un erario público cada vez más deprimido. La TUR ha sido un oasis en medio del desierto pero pronto se convertirá en un espejismo para la mayor parte de ciudadanos acostumbrados al viejo y cada vez más oneroso recibo de la luz.