A lo largo de su historia Google se ha mostrado contraria en muchas ocasiones a
leyes y regulaciones propuestas por los diferentes gobiernos, incluido Estados Unidos. El último ejemplo es su
oposición formal a la propuesta en marcha de modificación del procedimiento penal federal de EE.UU.. Un escrito que, de aprobarse, permitiría a los jueces firmar órdenes de
hacking o seguimiento remoto fuera de su distrito judicial, incluyendo países extranjeros.
Actualmente, en Estados Unidos las órdenes federales son emitidas por jueces que sirven en cada uno de los 94 distritos judiciales federales y son únicamente válidas para esa jurisdicción en particular (salvo algunas excepciones). Precisamente en este punto radica el problema que ha generado una petición oficial del Departamento de Justicia, un cambio significativo en las normas de procedimiento que podría tener profundas implicaciones para los derechos de privacidad y la propia seguridad al usar Internet.
Con el cambio que se propone, esas excepciones que comentábamos se “extenderían” a casos relacionados con los ordenadores y las redes, de tal forma que el gobierno podría utilizar la futura ley para vigilar cualquier ordenador o dispositivo en el mundo, a través de una petición de orden de acceso remoto auspiciado en la creencia de que el sujeto investigado se “oculta a través de medios tecnológicos”. En la entrada del blog de Google, el abogado de la compañía, Richard Salgado, escribe lo siguiente:
Las consecuencias de esta expansión del poder de las órdenes son significactivas. El cambio propuesto amenaza con socavar la seguridad de los usuarios de Internet y los derechos de privacidad de los equipos personales. Por ejemplo, el cambio podría excusar los límites territoriales en el uso de las órdenes para llevar a cabo búsquedas de "acceso remoto”. La propuesta no define lo que es una "búsqueda remota" o en qué circunstancias y condiciones se puede realizar una búsqueda remota; simplemente supone un tipo de búsquedas, sean las que sean, sean constitucionales o de otra índole. Lleva consigo el fantasma de un gobierno llevando a cabo hacking sin ningún debate en el Congreso o proceso de formulación de políticas democráticas.
En definitiva, Google se opone a una propuesta que, como en tantas ocasiones, su redacción da pie a un amplio abanico de actuaciones por parte de los jueces (y por consiguiente de las agencias de seguridad). Detrás de la idea podría estar la búsqueda de
botnets o información que se encuentre en tráfico cuya ubicación se enmascara. Y aunque el objetivo esté en suelo estadounidense, podrían actuar en todo el mundo interceptando o espiando redes y dispositivos fuera de sus fronteras.
No sólo eso, la propia Google también ha explicado su preocupación por las redes VPN. Bajo el nuevo marco, aquellos usuarios que utilizan VPNs para la transmisión segura de información o la realización de transacciones, podrían ser objeto de búsquedas sin fundamento por el mero hecho de la forma en que la propuesta está redactada.
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