Que siga la fiesta.
10/02/2016 -
VALENCIA. La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá declarará sí o sí por el presunto blanqueo de capitales del grupo municipal del PP de Valencia esté aforada o no. Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de la investigación, tanto el magistrado instructor como el fiscal Anticorrupción preparan el suplicatorio al Tribunal Supremo para que Barberá declare como investigada por estos hechos tras el blindaje a su condición de aforada establecido este martes por el Grupo Popular en el Senado.
El citado blindaje ha situado a Rita Barberá en la Diputación Permanente del Senado, por lo que la exalcaldesa no perderá el aforamiento en el caso de que se disuelvan las Cortes por una nueva convocatoria de elecciones generales. Ello significa, básicamente, que si Barberá no renuncia a su aforamiento motu proprio, sólo el Tribunal Supremo podrá tomarle declaración como imputada.
Este hecho es algo que contemplaban los instructores del caso, por lo que no les resulta “extraño” tener que plantear un suplicatorio al Tribunal Supremo para que Barberá pueda declarar como investigada por el presunto blanqueo de capitales. De hecho, las mismas fuentes indican que “no les temblará el pulso a la hora de citar a Barberá a declarar, como al resto de personas investigadas en esta causa”.
Según las mismas fuentes, el juez y el fiscal simplemente aplicarán el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que dice: “Del mismo modo que en el artículo anterior se procederá cuando se impute un acto punible contra un Diputado o Senador, los cuales podrán ejercitar su derecho de defensa en los términos previstos en el artículo anterior, y todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.2 y 3 de la Constitución española”.
Este artículo bis hace referencia al 118 de la LeCrim, que explica que “toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa, interviniendo en las actuaciones, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento.”
Al Supremo sólo irá Barberá
En caso de que Rita Barberá no renuncie como senadora, sólo ella irá a declarar ante el Tribunal Supremo, ya que el resto de la pieza por presunto blanqueo de capitales se quedará en el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, según las mismas fuentes.
Se basan en un precedente reciente, que no es otro que el caso de los ERE de Andalucía. En dicho proceso, toda la causa siguió en Andalucía salvo la parte que afectaba a Chaves y Griñán, ambos aforados. En aquel caso, el Tribunal Supremo resolvió que tan solo podía atender a la parte que les afectaba personalmente puesto que el legislador así lo decía y, por tanto, el resto del sumario siguió en un juzgado andaluz.
Así, y siguiendo la jurisprudencia marcada por el propio Supremo, el Alto Tribunal sólo podría instruir la parte del blanqueo que afecta a Barberá, mientras que sus exconcejales y exasesores seguirían respondiendo ante el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
El PP lo justifica
Barberá formará parte como suplente de la Diputación Permanente del Senado, que es el que da continuidad al parlamento entre periodos de sesiones y entre legislaturas. Está compuesto por 35 miembros que conservan la condición de senadores aún después de expirado su mandato o disuelta la Cámara.
Según el PP, Barberá no está investigada ni ha sido imputada por ningún tribunal ni está relacionada con la operación Taula, en la que están implicados los concejales del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia.
El portavoz del Grupo Popular, José Manuel Barreiro, insistió en este hecho este martes y defendió la presunción de inocencia. Desde la dirección nacional del PP se deja claro también que la exalcaldesa no está imputada, pero se le exigen explicaciones públicas y se ha optado por no darle más visibilidad en el Senado.
En la pasada legislatura, el PP también dio un escaño en la Diputación Permanente a la a exalcaldesa de Jerez María José García-Pelayo, investigada por supuestas irregularidades en la contratación del stand de Fitur de 2004 a la trama Gürtel. Ahora es diputada en el Congreso y su caso sigue en el Tribunal Supremo.
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