Tras el exiguo recorte de gasto público anunciado por el Gobierno –apenas 15.000 millones de euros adicionales en dos años–, al menos tres aspectos han quedado meridianamente claros: que todavía no se ha producido el necesario tijeretazo que precisan las cuentas nacionales; que la clase política pretende freír a impuestos al sufrido ciudadano; y que España necesita profundas reformas estructurales (trabajo, finanzas y pensiones) para incrementar su potencial de crecimiento.
La cuestión es que ni siquiera estamos empezando a experimentar el largo proceso de ajuste fiscal que aún queda por delante. Por poner un ejemplo, Irlanda y las economías del Este de Europa llevan más de un año inmersos en esta particular travesía y aún les queda mucho trabajo por hacer. Y lo peor de todo es que, por desgracia, el citado ajuste se está construyendo sobre un enfoque conceptual erróneo. Desde que Zapatero anunció los famosos recortes, numerosos analistas y políticos vienen lanzando propuestas de diversa índole, tanto por el lado de gastos como de ingresos, con el fin de evitar el precipicio (la quiebra del país) y garantizar el actual estado.
Pues bien. No es posible. Tratar de mantener el actual statu quo implicaría la supervivencia de un sector público sobredimensionado, hipertrofiado e ineficiente y que, por lo tanto, continuaría lastrando durante décadas la productividad y riqueza del conjunto de los españoles. La crisis ha de ser concebida como una oportunidad para el cambio y no como una excusa para reiterar los errores cometidos en el pasado, culpables de la actual situación. En este sentido, los recientes casos de Suecia o Georgia son ilustrativos.
España debe avanzar hacia la reestructuración del propio Estado. No obstante, miles de empresas y trabajadores e, incluso, sectores enteros se han visto obligados a reinventarse durante la presente crisis para poder sobrevivir. El sector público debe afrontar su propia reconversión. Sin embargo, el ajuste debe servir, no para garantizar, sino para deshacer el estado de bienestar.
La crisis ha destapado la realidad. España es, como mínimo, un 20% más pobre de lo que se pensaba. Y no sólo el sector privado, también el sector público. Así pues, es necesario y urgente recortar el gasto público de forma drástica, sin contemplaciones de ningún tipo; en cuanto a la reforma laboral se debería apostar por una flexibilización total del mercado de trabajo y la eliminación de la negociación colectiva; capitalizar las pensiones; y reestructurar el sistema financiero privatizando las cajas y permitiendo la quiebra y liquidación de entidades sin usar dinero público.
Con las medidas contenidas en el anterior párrafo, la actual crisis de deuda pública desaparecería por completo en el plazo de un año. España contaría con unas cuentas públicas saneadas, el marco laboral impulsaría como nunca la fundamental productividad económica y, por si fuera poco, los futuros jubilados (los trabajadores de hoy) contarían con una pensión media de 3.500 euros en términos reales (descontada la inflación).
Sin embargo, aún se puede ir mucho más allá. En un momento en el que muchos analistas y, sobre todo, políticos, están preocupados por la creciente fuga de capitales que sufre el país, el Gobierno tiene en su mano la posibilidad, no sólo de repatriar el capital nacional –sin hacer uso de falaces amnistías fiscales–, sino de atraer de forma masiva capitales foráneos. ¿Cómo? Simplemente, bajando y eliminando impuestos.
¿Por qué no convertir a España en un refugio fiscal? La ocasión, desde luego, es idónea. Los gobiernos de las grandes potencias le han declarado la guerra a los paraísos de los inversores (es decir, del capital y, por lo tanto, del capitalismo). Bajar el Impuesto de Sociedades al 1%, aplicar un IRPF lineal del 10% e, incluso menos, eliminar la tributación sobre plusvalías y sintetizar en apenas cuatro folios la farragosa y complejísima normativa fiscal provocaría, con efectos inmediatos, el desembarco en España de cientos de miles de millones de euros procedentes del exterior, así como la llegada de grandes multinacionales y empresas al estilo de plazas como Singapur, Hong Kong, Suiza o Luxemburgo, con el consiguiente aumento del nivel de vida de todos los habitantes. ¿Un sueño? ¿Pura utopía? No es imposible, otros países lo han hecho. ¿Por qué no España? Eso sí, antes de emprender esta última fase, acabar con el Estado del Malestar es condición sine qua non.
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