En la actualidad, el Pentágono tiene a seis militares en su propio corredor de la muerte, situado en los «barracones disciplinarios» de Fort Leavenworth, en Kansas tiene la firma de Sandra Riley, asistente del secretario del Ejército de Tierra, cargo ocupado por un civil bajo las órdenes de Donald Rumsfeld. Esta detallada revisión se centra en «establecer responsabilidades y actualizar la política y los procedimientos para cumplir sentencias de muerte impuestas por cortes marciales o tribunales militares en virtud del código uniforme de Justicia Militar y el manual para cortes marciales».
En la actualidad, el Pentágono tiene a seis militares en su propio corredor de la muerte, situado en los «barracones disciplinarios» de Fort Leavenworth, en Kansas. Entre estos presos, en su mayoría afroamericanos, se considera que el candidato con más probabilidades de ser ejecutado es Dwight Loving. Este soldado negro se encuentra condenado a la pena capital por el asesinato de dos taxistas en 1988 durante su destino en Fort Hood, Texas.
El último recurso de los abogados de Dwight Loving ante la Corte de Apelaciones de las fuerzas armadas ha sido rechazado el mes pasado. Decisión que, junto con las nuevas regulaciones fijadas por el Pentágono, según la agencia Reuters, presagian la próxima ejecución de este soldado acusado de doble asesinato. Es un rocedimiento que, en cualquier caso, tendría que ser aprobado personalmente por George W. Bush, ya acostumbrado a este tipo de trascendentales decisiones durante su etapa como gobernador de Texas.
En los anales de la Justicia militar de EE.UU., la última ejecución de un uniformado fue el 19 de abril de 1961. Un soldado del Ejército de Tierra, John Bennett, fue ahorcado en Fort Leavenworth por la violación e intento de asesinato de una niña austriaca de once años. El año pasado, tribunales castrenses con jurados militares dictaron dos sentencias de muerte: una contra el sargento Hasan Akbar, por atentar contra dos oficiales en Kuwait hace tres años, durante los prolegómenos de la invasión de Irak; y otra contra el soldado Andrew Witt, por asesinar a cuchilladas a un compañero de armas y a la esposa de éste.
En este peculiar contexto de penas de muerte militares -con el método de inyección letal- también se incluye la posibilidad de ejecutar en la prisión de Guantánamo a presos extranjeros procesados por terrorismo ante los polémicos tribunales castrenses organizados por la Administración Bush. En la actualidad, una decena de estos detenidos han sido acusados de diversos delitos no merecedores de la pena de muerte. Juicios que no han prosperado, al verse sometidos a diversas litigaciones sobre su legalidad.
La privacidad como excusa
Como parte de este intenso pulso judicial, un magistrado federal de Nueva York ordenó al Departamento de Defensa la publicación de todos los nombres y nacionalidades de los cientos de prisioneros retenidos en Guantánamo. Decisión que supone un rechazo a los argumentos de la Administración Bush, que insiste en que divulgar la identidad de estos «combatientes ilegales» es una violación de su privacidad que les dejaría expuestos a venganzas terroristas.
La sentencia del juez Rakoff se produjo por una querella interpuesta por la agencia AP, que bajo las prerrogativas del Acta de Libertad de Información aspiraba a tener acceso a las trascripciones de los procedimientos judiciales en la esfera militar para determinar si los retenidos en Guantánamo estaban debidamente clasificados como «combatientes ilegales». Información facilitada con todos los nombres pertinentes tachados.
WASHINGTON. Con muy poca fanfarria administrativa, el Ejército de EE.UU. fijó nuevas regulaciones sobre cómo aplicar penas de muerte en la jurisdicción militar. Una inquietante aclaración burocrática considerada como el primer paso para volver a utilizar la pena capital, no aplicada por la Justicia castrense del gigante americano desde 1961, pero que figura entre las posibles opciones de condena para algunos de los detenidos en Guantánamo.
Fuen: Diario Abc...
En fin.. lo llevan en la sangre..
