Discriminación del castellano en la CA de Cataluña

A. Población de Cataluña y normas legislativas generales



1. Población y lengua: dos comunidades lingüísticas. Antes de entrar en el fondo de los hechos objeto de este Manifiesto, conviene describir la panorámica sociolingüística de la población de Cataluña, así como el conocimiento de lo que establece la Constitución Española (norma suprema del estado) y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en lo referente a la lengua, sin cuya visión difícilmente se podrían comprender bien los referidos hechos.

La población actual de Cataluña está compuesta fundamentalmente por dos comunidades sociolingüísticas: una de habla catalana, integrada principalmente por ciudadanos de familias residentes en el territorio desde varias generaciones, y otra, de habla española o castellana, integrada en su mayoría por ciudadanos que, o bien han nacido en otras regiones españolas, o bien nacidos en el territorio catalán, proceden del seno de familias oriundas de otras regiones. Si bien estos límites no son precisos y las excepciones son muchas.

En términos demográficos, se pude afirmar con bastante precisión, y así lo confirman las estadísticas, que el reparto de la población entre los dos grupos antes descritos, es, aproximadamente, de un 50 por 100 en cada uno de ellos. De este modo, de los seis millones de habitantes que pueblan esta región española, tres millones son catalanohablantes y los otros tres son de habla española o castellana.

2. Derechos y deberes lingüísticos. Autonomía de Cataluña. En cuanto a los derechos y deberes lingüísticos, la Constitución Española de 1978 establece:

Artículo 3.1: «El castellano es la lengua española oficial del estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Artículo 3.2: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos».

Artículo 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social».

Artículo 149.1: «El Estado tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:

1ª. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales…

En cuanto al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, norma de segundo orden, después de la Constitución Española, establece:

Artículo 3.1: «La lengua propia de Cataluña es el catalán».

Artículo 3.2: «El idioma catalán es el oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano, oficial en todo el Estado Español».

Artículo 3.3: «La Generalidad garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas, adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y creará las condiciones que permitan alcanzar la plena igualdad en lo que se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña».



B. CONCULCACION DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS Y CULTURALES DE LA COMUNIDAD CASTELLANOHABLANTE

Entrando ya en el objeto concreto de este Manifiesto, procedemos a relatar sucintamente los hechos en que se observa de modo más manifiesto la conculcación de los derechos lingüísticos y culturales de la población castellanohablante de Cataluña por parte de las instituciones del territorio, en particular el parlamento de Cataluña (órgano legislativo de la región), la Generalidad de Cataluña (gobierno autónomo de la región) y, siguiendo normas emanadas de estos dos entes autonómicos regionales, las Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y otras entidades de derecho público, todo ello con el consentimiento, connivencia o tolerancia del Gobierno Central de España, último responsable de esta situación.

1. La coartada de la «lengua propia». Es preciso señalar que el «arranque del problema» tiene como cortada legal la misma redacción del Estatuto de Autonomía de Cataluña que, en su artículo 3, establece el discriminador concepto de que «la lengua propia de Cataluña es el catalán»; concepto que se traduce, en la práctica, como la «lengua única». Esta formulación legal viene a consagrar todos los atropellos posteriores que, a su vez cubren otras normas y disposiciones administrativas de rango inferior, desde la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, elaborada por el Parlamento de Cataluña, hasta los decretos y demás disposiciones del Gobierno de la Generalidad, todas manejando este mismo concepto de «lengua propia de Cataluña» exclusivamente para el catalán, ignorando que las lenguas sólo son propias d elas personas que las hablan y nunca de los territorios, como los tratados internacionales reconocen.

2. Manifestaciones concretas de la discriminación. Hecha la anterior reflexión, pasamos a relatar los hechos objetivos en que se observa más abiertamente la discriminación de la lengua castellana y de sus hablantes en Cataluña.

El parlamento de Cataluña, órgano legislativo de la región y que teóricamente representa a todos los ciudadanos, no utiliza nunca el castellano en sus debates, ni en sus resoluciones o comunicaciones internas o externa,s ignorando de este modo a la comunidad castellanohablante, de la que procede en parte y a la que se supone representa.

Todos los organismos públicos no dependientes directamente del Gobierno Central utilizan en sus relaciones internas y externas únicamente el catalán, ignorando la otra lengua, que es también oficial de Cataluña, como dicen la Constitución Española (artículo 3.1) y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña (artículo 3, apartados 2 y 3).

Toda la señalización e información que se ofrece a los ciudadanos procedentes de organismos oficiales dependientes del Parlamento de Cataluña, la Generalidad de Cataluña, las Diputaciones, los Ayuntamientos y otras entidades de carácter público, se hacen solamente en lengua catalana.

Los medios públicos de comunicación, emisoras de radio y televisión, dependientes de la Generalidad, de la Diputación o de los Ayuntamientos, realizan sus programas exclusivamente en catalán.

La Administración Pública de Cataluña pretende por todos los medios imponer la lengua catalana en la actividad privada, mediante subvenciones, consignas o normas al respecto.

3. La discriminación en el sistema educativo. El problema se manifiesta en su máxima gravedad en el sistema educativo y, particularmente, en el ámbito de la enseñanza primaria. Este segmento social, constituido por la población infantil, ha sido y es objeto de particular presión por parte de la Generalidad de Cataluña en cuanto a la implantación absoluta del catalán con la eliminación también absoluta del castellano de la enseñanza, sin tener en cuenta para nada cuál sea la lengua propia de cada niño ni el derecho que asiste a los padres de elegir la lengua en que han de ser educados sus hijos.

Esta es la situación en los distintos niveles educativos:

a) En la enseñanza primaria (de los 3 a los 14 años), el procedimiento aplicado para forzar el cambio lingüístico hacia el catalán ha sido y es llamado «método de la inmersión lingüística», consistente en que al niño, desde su primer día de colegio en el parvulario (3 años), se le habla y se le imparte la enseñanza únicamente en catalán. Sólo a partir de los nueve años, y solamente como asignatura, se le enseña el castellano durante dos o tres horas la semana (como si fuera una lengua extranjera), pero el resto de las disciplinas escolares se siguen exclusivamente en catalán hasta el final del ciclo educativo de primaria (14 años). Es preciso resaltar que esta «inmersión» se impone prescindiendo de cualquier tipo de circunstancias personales, sociales y lingüísticas de cada niño y sin consultar con los padres de los pequeños, ya que este es el método único y obligatorio para todos.

Para los padres que persisten reiteradamente en sus quejas contra tan bárbaro procedimiento educativo, se ha ideado la llamada «atención individualizada», que consiste en lo siguiente: Se les dice que se le va a atender su caso especial y se utiliza la argucia de sacar a estos niños de la clase de inmersión a un espacio distinto o a un rincón del aula, donde se les explica en español durante una media hora aquello que «no han podido entender» de la clase impartida en catalán. A continuación se les reintegra a la inmersión con el resto de los niños. Este trato, humillante y antipedagógico, atenta además contra la dignidad de los niños y de los padres, en cuanto a que ellos piden la enseñanza en español, del mismo modo que la tienen sin problema los que la desean en catalán para sus hijos, y no un trato marginal durante media hora.

Com reacción contra la inmersión obligatoria, se producen en el curso 93-94 multitud de protestas, y hasta 500 padres deciden, al inicio del curso, no escolarizar a sus hijos hasta que se les proporcione una enseñanza en castellano. pero esta y otras protestas sofocadas por las autoridades educativas, que no quisieron ceder en su postura. Posteriormente los padres, en su mayoría, han claudicado ante las presiones de todo tipo o se han ido de Cataluña.

En el curso 95-96, sobre una población escolar de 280.000 alumnos, solamente 89 padres, a pesar de las dificultades y de los inconvenientes que reconocen en el procedimiento, pidieron para sus hijos «atención individualizada». Este escaso número de solicitudes fue aprovechado por las autoridades catalanistas para argumentar la aceptación social generalizada del procedimiento de «inmersión» en Cataluña. Lo que es una falacia descomunal, porque a quien solicita enseñanza en castellano se le da «atención individualizada», es decir, una práctica pedagógica aún más aberrante y humillante, si cabe, que la inmersión misma, circunstancia que los padres conocen. Si solamente el 0,03 de los niños de Cataluña piden la enseñanza en castellano es porque ya saben que se les da; el otro 99,97 por 100 acepta la inmersión como mal menor, aunque no esté de acuerdo con ella y quiera la enseñanza en castellano para sus hijos del mismo modo que la tiene el niño catalanohablante: con todas las materias en su lengua materna. Las unanimidades del 99,97 por 100 son un claro signo de la falta de libertad de elección. ¿Cómo se va a elegir la opción educativa en castellano si se han suprimido las líneas de enseñanza en esta lengua?

De hecho, y según una encuesta de la Universidad Complutense de Madrid recogida en el documento «Sociedad Española. Año 1995», investigación dirigida por el catedrático de sociología de dicha universidad, D. Amando de Miguel, a la pregunta sobre qué opinan de la inmersión escolar en Cataluña, sólo la apoya en el conjunto de España el 19 por 100 de los encuestados, y en Cataluña sólo el 57 por 100, lo que no concuerda con la espantosa unanimidad del 99,97 por 100, referido y denota la falta de libertad de elección antedicha. Es significativo que dicha pregunta concreta sobre la inmersión en Cataluña la quisiera eliminar del cuestionario la Generalidad, para lo cual cursó una carta al rector de la Universidad Complutense de Madrid, com lo denunció el propio amando de Miguel en declaración a la cadena radiofónica COPE el 10-1-96.

La cobertura legal de este atropello que significa la inmersión obligatoria y general es el Decreto de la Generalidad de Cataluña 75/92, de 9 de marzo que establece lo siguiente:

Artículo 3.1: «El catalán como lengua propia de Cataluña lo es también de la enseñanza. Se utilizará normalmente como la lengua vehicular y de aprendizaje dela educación infantil, de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria».

Artículo 4.3: «A partir del segundo ciclo de educación primaria (8-9 años) se introducirá la enseñanza de las lenguas extranjeras que tendrá continuidad a lo largo de toda la educación obligatoria».

En este Decreto, como se puede ver, se concediera al español o castellano no sólo como «lengua no propia de Cataluña», sino, además, como lengua extranjera, lo cual supone un agravio a la población de Cataluña, que es bilingüe.

Este Decreto contradice incluso la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña de 1983, que en su artículo 14.2, dice: «Los niños tienen derecho a recibir la primer enseñanza en su lengua habitual, ya sea ésta el catalán o castellano. La Administración ha de garantizar este derecho. Los padres o tutores podrán ejercerlo en nombre de sus hijos».

b) El problema de la falta de libertad, por la eliminación del castellano o español del sistema educativo, no se circunscribe exclusivamente a la enseñanza primaria, sino que tiene su continuidad en las enseñanzas secundarias y superiores, si bien no se manifiesta con tanta virulencia como en aquélla.



C. Reacción de la comunidad afectada

Como consecuencia de los hechos antes relatados, la población de habla española o castellana de Cataluña se ve discriminada y marginada de la vida pública y social, teniendo que someterse a los dictados antes expuestos u optar, si le es posible, por emigrar hacia otras regiones de España, como lo han hecho ya más de 20.000 funcionarios y numerosas familias en toda condición.

Se han agotado ya todos los recursos jurídicos posibles que admite la legislación española, con un resultado global negativo para nuestros derechos, toda vez que, si bien la mayoría de las sentencias han sido favorables para nosotros, éstas no han sido cumplidas y aquellas pocas sentencias que nos han resultado contrarias han sido aprovechadas por la Generalidad para cometer nuevos desmanes.



D. CONCLUSIONES

Como consecuencia de los hechos relatados en el presente Manifiesto, Acción Cultural Miguel de Cervantes exige del Gobierno de la Nación dos leyes urgentes: a) una «Ley de defensa y protección de le lengua española» y b) otra «Ley de defensa y promoción de la cultura española común».

a) Ley de defensa y protección de la lengua española. Reclamamos que se desarrolle mediante la referida Ley el artículo 3.1 de la Constitución Española, que dice: «El castellano es la lengua española oficial del estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».

Dicha Ley tiene que establecer de manera expresa y concreta:

1) El deber constitucional de todos los ciudadanos españoles de conocer correctamente la lengua española, especificando el modo en que este conocimiento se ha de hacer efectivo.

2) El derecho que asiste a cualquier español a usar, de manera pasiva y activa, la lengua común española, en cualquier circunstancia y, en particular, en sus relaciones con las administraciones públicas (bien sean del ámbito del Estado, regionales, provinciales, locales, etc.). Este derecho será extensivo a todos los entes de carácter público de cualquier naturaleza.

3) El deber de todas las administraciones y organismos de carácter público de efectuar sus actividades en castellano (lo cual no obsta para que sena bilingües, en su caso), para que cualquier español pueda hacer efectivo e derecho reconocido en el apartado anterior.

4) El derecho inalienable de los alumnos de cualquier tipo y nivel de enseñanza a recibir la misma en lengua española, desde la entrada en el parvulario a la universidad, si así lo desean los propios alumnos o los padres, en su caso. Para ejercer este derecho la Administ ración debe reabrir en Cataluña las líneas de enseñanza en español, hoy clausuradas, en todos los niveles educativos, manteniendo, por supuesto, las de enseñanza en catalán.

5) El derecho que tiene todo ciudadano español a circular libremente o establecerse en cualquier parte del territorio del Estado, sin que exista ningún tipo de obstáculo o de barrera lingüística que menoscabe el ejercicio de este derecho, como reconoce nuestra Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos.

b) Ley de defensa y promoción de la cultura española común. La cultura española común debe ser también defendida y promovida en todo el ámbito nacional, ya que en la actualidad, igual que la lengua, se encuentra marginada en las actividades que se realizan en las comunidades autónomas.

Esta ley debe contemplar los siguientes aspectos:

1) Exigir en la enseñanza primaria y secundaria el estudio de la geografía del conjunto del territorio nacional como una unidad geopolítica, evitando la visión fraccionada, reducida al territorio de las respectivas comunidades autónomas, con que actualmente se aborda este estudio.

2) Exigir, así mismo, en los citados niveles educativos el conocimiento de la historia de España en su conjunto, así como su papel en el concierto internacional y su proyección universal, especialmente n los países de la comunidad hispana.

3) Del mismo modo, reclamar la intensificación del estudio de la literatura española común, tanto en lo referido al ámbito nacional como en su manifestación hispanoamericana.



Asociación Cultural Miguel de Cervantes