Arturo Fernández (CEOE): Negro + Impago al Estado por presunta ocultación

WAKAWAKA escribió:¿Qué más da que no aparezcan en ningún certificado, si estás obligado como contribuyente a declarar todos tus ingresos?

Jajajaj que la obligación no desaparece nunca dice. Mira tengo que decírtelo, me da pena, pero es así, a nivel fiscal eres un ignorante. Si la empresa no me retiene, y yo presento mi declaración con todos mis ingresos, y con retención 0, me saldrá a pagar obviamente, ya que no me han retenido. Lo pagaré, y punto, ahora ¿Qué le reclamamos a la empresa? Me interesa que contestes a esto.

WAKAWAKA escribió:Inaudita la explicación de las diferencias con el certificado. No puedo dejar de editar porque son tantas las falacias que estás mezclando con patrañas, que me da miedo que alguien piense que porque en su certificado de rentas ponga 25.000 euros, puede dejar de declarar los 50.000 que ha cobrado realmente.

La Fiscalía de Madrid investigará los presuntos pagos 'en negro' de Arturo Fernández

El presidente de los empresarios madrileños desmintió esos supuestos pagos.
Afirmó estar "sorprendido y muy preocupado" y anunció una auditoria interna en la empresa para analizar las "posibles irregularidades en convenios".
Empleados de Arturo Fernández le acusan de pagar 'en negro' las horas extra.

EFE. 12.02.2013

La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias para investigar los presuntos pagos en 'negro' realizados por el vicepresidente de la CEOE y presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, a los empleados del Grupo Cantoblanco, han confirmado fuentes fiscales.

Las diligencias se abren después de que la Cadena Ser aludía a supuestos pagos en B a trabajadores y antiguos empleados de la empresa Cantoblanco, de la que Fernández es presidente.

Esta información "perjudica enormemente a la empresa". El presidente de los empresarios madrileños desmentía esta información. Afirmó estar "sorprendido y muy preocupado" y anunció una auditoria interna en la empresa para analizar las "posibles irregularidades en convenios y en las formas del pago de las nóminas o de las pagas extraordinarias".

Asimismo, Fernández sostuvo que esta información "perjudica enormemente a la empresa" y por ello van a "pedir también una inspección de trabajo" para que compruebe la situación del Grupo porque se trata de nóminas "muy complicadas".

El Congreso estudia las contratas adjudicadas

Además, el Congreso de los Diputados está estudiando "la situación" del grupo Arturo Cantoblanco, que tiene las contratas de las cafeterías de la Cámara Baja. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha confirmado, en declaraciones a los periodistas, que los servicios jurídicos de la Cámara están "haciendo un estudio para saber cuál es la situación".

Posada ha recordado que la empresa del vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña (CEIM) lleva "mucho tiempo" con las contratas del Congreso y "dando un buen servicio". Pero ha añadido que "todo debe estar adecuadamente" y por eso los servicios de la Cámara van a hacer el citado informe.

Siempre hay "una comisión de vigilancia" que lleva "años existiendo"

Un paso más allá ha ido la portavoz del grupo socialista, Soraya Rodríguez, quien ha pedido a Posada que si se confirman las acusaciones de que el vicepresidente de la patronal pagaba en dinero negro parte de los sueldos de sus empleados, la Mesa revoque "de forma inmediata" la contrata.

La Izquierda Plural ha solicitado a Posada, a través de una carta, que promueva la intervención de Inspección de Trabajo para que investigue si son verdad o no estas acusaciones. En caso de que así sea, el firmante de la carta, el portavoz del grupo, José Luis Centella, pide a la Mesa de la Cámara que rescinda la concesión al grupo Cantoblanco y se licite de nuevo la adjudicación del servicio de restauración.

Recuerda en el escrito que si bien el vicepresidente de la patronal ha negado todas las acusaciones, la Tesorería General de la Seguridad Social presentó en la Asamblea de Madrid, donde también tiene la contrata de la restauración, un embargo de facturación por 418.566,82 euros en diciembre pasado. Lo hizo, según explica, por deudas contraídas por la empresa de Arturo Fernández, con la Seguridad Social y se remontan a marzo de 2012.

En la Asamblea, el PP, grupo mayoritario, no tomará ninguna iniciativa hasta que las acusaciones sobre Arturo Fernández se sustancien en un proceso judicial o salvo que la Inspección de Trabajo las acredite. El contrato de gestión de la cafetería y el comedor de la Cámara, informaron fuentes parlamentarias, vence el próximo mes de abril.

LAS SANCIONES SUMAN 544.215 EUROS

Arturo Fernández acumula 16 reclamaciones de la Seguridad Social por el impago de cotizaciones

José María Olmo 12/02/2013 (06:00)

El grupo hostelero del vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández, acumula al menos 16 reclamaciones administrativas de la Seguridad Social por cantidades que suman 544.215 euros, según consta en estos momentos en el Registro Mercantil. Los procesos sancionadores afectan a seis compañías en las que Arturo Fernández figura como administrador único y que han recibido embargos, ejecuciones y notificaciones por el impago o el retraso de cotizaciones laborales de sus empleados.

La más alta de todas las reclamaciones corresponde a un embargo de la Dirección General Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social contra Grupo Cantoblanco Colectividades S. L., una de las compañías del conglomerado empresarial de Arturo Fernández. En concreto, Grupo Cantoblanco Colectividades S.L. ha sido sancionada con una cantidad de 418.566,82 euros por el impago de cuotas de trabajadores a la Seguridad Social. La noticia le fue comunicada a la firma el pasado 14 de diciembre.

Arturo Grupo Cantoblanco S. L., otra empresa de Arturo Fernández, se encuentra también sujeta a un proceso de embargo por el impago de cuotas. En este caso, la cantidad reclamada por la Seguridad Social asciende a 44.031,88 euros. El pasado 26 de diciembre fue comunicada la sanción a la empresa por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

Por su parte, Grupo Cantoblanco Areas Servicio S. L. está sujeta a cinco procesos de sanción administrativa por parte de la Seguridad Social por cantidades que oscilan entre los 502 euros y los 5.194 euros. Las sanciones corresponden a los últimos dos años. La más reciente de ellas es otro embargo que le fue comunicado a la compañía el pasado 15 de enero.

Asimismo, la sociedad Playa de Madrid S. A. se encuentra inmersa en otros cuatro procesos de reclamación administrativa, también por impagos a la Seguridad Social. El expediente más antiguo se remonta a junio de 2008 y asciende a 5.607,57 euros. Los otros tres fueron comunicados a la compañía los pasados meses de diciembre y enero con cantidades de 12.198,71 euros, 6.476,74 euros y 8.668,80 euros.

En situación similar se encuentra Hostelaredo 2000 S. L., propiedad también de Fernández, que ha recibido cuatro sanciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en los últimos dos meses por una suma total de 33.350,51 euros. Finalmente, Castellana Catering S.A. afronta un expediente de febrero de 2011, también de la Seguridad Social, por la cantidad de 194 euros.

Pruebas de irregularidades en 2009

Como informó ayer este diario, el presidente de la patronal madrileña se vio obligado en 2009 a regularizar el pago de los salarios a sus trabajadores, después de una denuncia de Comisiones Obreras (CCOO) ante la Inspección de Trabajo por la exclusión generalizada de las horas extraordinarias de las nóminas de los empleados de uno de los aproximadamente 90 centros de trabajo que Fernández tiene repartidos por toda España. En concreto, la denuncia de CCOO afectó a los empleados de las cafeterías del Tanatorio de la M-30, en Madrid. La amenaza de nuevas denuncias ante las autoridades laborales provocó, según el sindicato, que Cantoblanco accediera a terminar con el pago en negro en ese centro de trabajo y también en otros, como los restaurantes del Congreso de los Diputados y RTVE, y sus establecimientos en las sedes de las empresas Metrovacesa, Orange y Telefónica I+D.

La Cadena Ser reveló ayer que el vicepresidente de los empresarios paga a sus empleados parte de las nóminas en dinero negro. Se trataría de una práctica habitual que ha llegado a alcanzar la mitad del salario de los denunciantes, que no habrían hablado hasta este momento por el temor a perder sus puestos de trabajo. Según la emisora de Prisa, Fernández paga a sus cocineros, camareros y encargados parte del sueldo en un sobre y a mes vencido. Los pagos en 'B', que no aparecen reflejados en la nómina y no computan a la Seguridad Social ni a Hacienda, se realizan por dos conceptos: horas extras y complementos de responsabilidad.

El vicepresidente de CEOE se defendió negando que los pagos en negro sean una práctica generalizada en sus empresas. "Lo que no se puede consentir es que se diga que el grupo Arturo paga generalizadamente la nómina por B", denunció Fernández a Efe, aunque admitió que las nóminas de hostelería son "muy complicadas" y que puede haber habido "irregularidades a lo largo de los años".

Adjudicaciones públicas

El grupo de Fernández es adjudicatario de los servicios de cafetería de numerosas entidades públicas, entre ellas hospitales, colegios y altas instituciones del Estado, como el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid. Su presencia llega hasta la misma sede central de UGT, en la Avenida de América de la capital, y a la cafetería del Valle de los Caídos. Además, Arturo Cantoblanco posee su propia red de restaurantes y hoteles. Se trata de uno de los conglomerados empresariales del sector de la hostelería más importantes de España.

Las sanciones administrativas pueden ser incompatibles con adjudicaciones públicas, según la Ley de Contratos del Sector Público. Los expedientes abiertos por la Seguridad Social contra algunas de las empresas del grupo podrían motivar la nulidad de los contratos si las empresas afectadas por los expedientes sancionadoras son las encargadas de prestar el servicio a la Administración.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo ayer desde Bruselas que si se descubre que ha habido algún comportamiento contrario a la normativa laboral o fiscal en las empresas del vicepresidente de la patronal "se va a actuar aplicando la ley" y resaltó que en España el poder judicial, la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo "están funcionando y van a funcionar". "En un momento como el actual, la ejemplaridad de todas las instituciones es fundamental", remachó.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, dijo ayer que si se confirma que el vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández realizaba pagos en negro a los trabajadores de su grupo hostelero "habrá que revisar" los contratos que tenga con la Administración, aunque pidió “prudencia” para esperar el pronunciamiento de la Justicia. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, fue más lejos y reclamó que se retiren todas las concesiones administrativas al grupo Arturo Cantoblanco en la Comunidad de Madrid si se verifican las informaciones.

Por último, los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, coincidieron en afirmar que la situación del líder empresarial es "insostenible”.

La Seguridad Social reclama a Arturo Fernández 400.000 euros

El presidente de la CEIM pide el aplazamiento del pago pendiente del Grupo Cantoblanco
Le ha sido concedido y está garantizado por sus clientes y su grupo empresarial

José Marcos Madrid 14 ENE 2013 - 09:01 CET524

La Tesorería General de la Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo, presentó el pasado 14 de diciembre en la Asamblea de Madrid un embargo de facturación por 418.566,82 euros contra el Grupo Cantoblanco Colectividades, empresa perteneciente al presidente de la patronal madrileña y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, según consta en el registro del hemiciclo.

La diligencia de embargo preventivo se debe, de acuerdo con el expediente administrativo instruido, [b+por “las deudas líquidas y exigibles contraídas frente a la Seguridad Social” y que se remontan al mes de marzo de 2012, con una deuda de 78.610,75 (59.553,60 euros más un recargo de 11.910,72 y unas costas de 7.146,43). La Tesorería General de la Seguridad Social también reclama 57.466,28 euros en el mes de abril, 58.920,30 en mayo, 58.010,83 en junio, 58.052,93 en julio, 53.265,16 en agosto y 54.240,57 euros en septiembre, el último mes —en total son siete— al que hay referencia. De los más de 418.000 euros que se reclaman en el Parlamento madrileño, 63.419,22 corresponden a recargos y 38.051,53 a costas.[/b]

“El Grupo Arturo tiene 15 sociedades, 120 establecimientos y 3.000 empleados y de vez en cuando, como no se pueden pagar los seguros sociales con semejante crisis, se pide un aplazamiento. Es una costumbre normal a la que recurren en ocasiones los empresarios. Así lo hemos hecho y nos lo han concedido y lo devolveremos con un 20% de recargo”, se justifica Fernández, que recalca que ha pagado la cuota obrera y que el pago de la cantidad pendiente está garantizado por sus clientes y el Grupo Arturo. “Para garantizar mi pago aplazado lo han remitido a la Asamblea de Madrid”, añade, tratando de restarle trascendencia.

A través de la Dirección Provincial de Madrid, la Tesorería General de la Seguridad Social reclama que “se debe practicar la medida cautelar consistente en un embargo preventivo sobre los bienes relacionados ante la existencia de indicios racionales de que el cobro de la deuda puede verse frustrado o gravemente dificultado”. El documento así lo plantea según establece el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por R. D. Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por R. D. 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio).

De esta manera, el documento, sellado por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Madrid, declara embargada “toda la facturación que ahora, en el futuro y mientras no se levante el presente embargo, se deba abonar a la empresa deudora hasta el límite de la deuda pendiente”]/b]. Las cantidades retenidas se deberán ingresar en una cuenta del banco BBVA “indicando nombre y NIF de la empresa deudora; bienes que quedan afectos cautelarmente a la responsabilidad del deudor en el expediente citado por el importe total reseñado”.

[b]Fernández lleva las cafeterías del Senado, Congreso y Asamblea de Madrid

Fernández preside la CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, desde 2007. Su antecesor en el cargo durante cinco años fue Gerardo Díaz Ferrán, detenido el pasado diciembre por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero. Además, Fernández fue nombrado hace dos años vicepresidente de la CEOE, mientras Joan Rossell era elegido patrón de patronos sustituyendo precisamente a Díaz Ferrán. Fernández, conocido en los círculos de poder de la región como “el noveno consejero” por su relación con el Ejecutivo autonómico, lleva, entre otras, las cafeterías de la Asamblea de Madrid, del Congreso de los Diputados y del Senado. También de UGT Madrid, pese a la contradicción que supone que el jefe de la patronal lleve la cafetería del sindicato, como reconocen en la central.

La partida que la Asamblea de Madrid destina en los presupuestos de 2013 a la cafetería del complejo es de 364.630 euros (178.241 de aportación fija y 186.389 de aportación variable). La cantidad destinada en el ejercicio anterior fue menor, de 358.000 euros, de los que 175.000 correspondían a la aportación fija y 183.000 a la variable. La subvención con la que cuenta permite que el menú de la Asamblea sea de 3,55 euros en la cafetería y de 5,95 en el comedor que se encuentra a unos metros. Está disponible para el personal que trabaja en el hemiciclo, los periodistas que cubren el hemiciclo, los invitados y los 129 diputados regionales.

Arturo Fernández pudo engañar con sus cuentas para no pagar al Estado su deuda

La fiscalía vio indicios en 2012 de posible estafa en la deuda que Fernández había contraído desde 2005 con Turespaña, como ayer informó este diario. En noviembre se archivó la causa pero el pasado 13 de febrero un juez la reabrió.

La reclamación de la deuda entró en vía penal porque la fiscalía tenía sospechas de que el presidente de los empresarios madrileños estaba llevando una doble contabilidad con el fin de ocultar sus beneficios para pagar a su acreedor.

Este procedimiento guarda un fuerte parecido con el que se ha acusado a Gerardo Díaz Ferrán para no pagar a sus acreedores.

Belén Carreño

15/02/2013 - 21:53h

Arturo Fernández dejó de pagar facturas al Estado ya en 2005
Arturo Fernández sigue al frente de los empresarios y asegura que no han pedido su dimisión
Economía El Congreso conoció en 2009 los pagos irregulares en su cafetería, gestionada por Arturo Fernández

Arturo Fernández podría acabar en un banquillo como su concuñado, amigo, y anterior presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán. La deuda de más de tres millones de euros que el empresario generó en 2005, como informó el viernes eldiario.es, con la sociedad estatal Turespaña, puede tener orígenes delictivos. Según han relatado fuentes jurídicas a este medio, un juez ha reabierto la causa este mismo 13 de febrero para continuar con las investigaciones por la vía penal del caso.

La historia se remonta a 2003, cuando Fernández se quedó con la concesión de la cafetería del Palacio de Congresos de Madrid en un régimen de explotación que exigía un canon. Ya en 2005 comenzó a no atender a las facturas que le remitia la dirección del Palacio y la Abogacía del Estado entró a actuar. En aquel momento, no se vieron indicios suficientes de sospechas como para derivar el proceso por la vía penal y el caso se quedó en una reclamación administrativa. Sin embargo, en 2012, el juzgado número 15 de Madrid reabrió la causa porque la Fiscalía sospechaba que el empresario llevaba una doble contabilidad para evitar el pago de esta deuda.

El posible delito radica en que Fernández no lleva una contabilidad limpia de sus ingresos, con el fin de no tener que atender las obligaciones contraídas con Turespaña, que gestiona el edificio que forma parte de Patrimonio del Estado. Turespaña pidió un canon fijo de 1,2 millones de euros para los cuatro años de la contrata con un variable del 10% sobre la facturación anual. En total, el importe de adjudicación fue de casi 2,2 millones de euros, prácticamente toda la deuda que Fernández terminó por endosar al organismo, que se eleva hasta 2,7 millones de euros pero con los intereses de demora puede superar los 3 millones de euros. Esta adjudicación se la llevó la sociedad "Arturo Grupo Cantoblanco".

Aunque el empresario madrileño, amigo del rey y de Esperanza Aguirre, llevaba con la concesión desde al menos 1997, aunque en diferente régimen de explotación y con otra de sus sociedades, no se entendió con los gestores y en 2008 la cafetería volvió a salir a concurso. En este caso se la llevó su amigo, rival y también vicepresidente de CEOE, Joan Gaspart.

Sin embargo, la reclamación administrativa siguió su curso y la deuda aparece reflejada en las últimas cuentas publicadas por la sociedad, las del ejercicio 2011, como adelantó hace días El Economista. La causa entró en la vía penal en 2012, casi siete años después de que se generara la deuda. Llama la atención de que coincide en el tiempo con la filtración de las informaciones de que el grupo Cantoblanco, con otra de sus sociedades, debía a la Seguridad Social más de 400.000 euros.

El juez reabre ahora la causa para que la Abogacía del Estado en nombre de Turespaña aclare si quiere personarse en el proceso.

Cabe recordar que el anterior presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, está en la cárcel por un posible delito de ocultación de bienes para no hacer frente a las deudas de sus acreedores tras la quiebra de sus empresas.

Arturo Fernández hace negocio con entidades públicas en las que representa a los empresarios madrileños

El vicepresidente de CEOE es también presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, donde presta el servicio de cafetería y está en el comité de dirección de Ifema, a quién adeuda un millón de euros por la contrata de cátering

Pasó a dirigir la patronal madrileña por designación a dedo de su predecesor, Gerardo Díaz Ferrán, que además es pariente

La mujer de Ignacio González (presidente de la comunidad de Madrid) representa al lobby de la patronal madrileña en Bruselas por decisión de Fernández

Belén Carreño

26/02/2013 - 20:29h

¿Qué imagen daría que la cafetería del Congreso la llevara una contrata de, por ejemplo, Jesús Posada? Muy mala. Pues algo similar sucede en los organismos de titularidad pública que preside Arturo Fernández en Madrid. El empresario hostelero es el presidente de la Cámara de Comercio de la región, una corporación de derecho público que hasta hace muy poco se financiaba con las cuotas de todos los empresarios madrileños y a la que presta el servicio de restauración.

Fernández salió elegido el 5 de julio de 2010, sustituyendo al controvertido Salvador Santos Campano que fue acusado también de favorecer a entidades con las que tenía relación. La fórmula para elegir a Fernández no fue, precisamente, el triunfo de la democracia. El censo electoral de la Cámara se compone de dos tipos de colectivos, con una legitimidad electoral muy diferente. El pleno de la Cámara es el órgano que debe votar al líder de esta institución y está compuesto por 69 miembros. De ellos, 60 son elegidos por todos los empresarios de Madrid (alrededor de medio millón) entre el elenco de candidatos que se presentan.

Los otros nueve miembros del pleno son designados por la organización empresarial más representativa de la comunidad. En este caso, la organización patronal que la Comunidad de Madrid reconoce como interlocutor válido es CEIM, la confederación empresarial que lidera Arturo Fernández. CEIM elige así a los otros nueve miembros que completan el censo electoral de la Cámara. Por supuesto, Fernández es uno de ellos.

Según explica el secretario general de la institución, Manuel López-Medel, la Cámara sí tiene una regulación de incompatibilidades que impide que los miembros de los órganos de dirección se adjudiquen contratas. Sin embargo, esta norma solo se aplica con los 60 representantes elegidos por los empresarios. Los nueve que designa libremente la CEIM no están sujetos a esta restricción.

Esta paradójica regulación permite que Fernández ofrezca el servicio de comidas a los trabajadores del organismo semipúblico que preside. Según las cuentas de 2011 de la Sociedad Arturo Grupo Cantoblanco, la sociedad tiene dos avales presentados ante la Cámara madrileña por valor de 9.300 euros (el más importante respaldado por Unicaja). Aunque desde la Cámara dicen que Fernández solo tiene la contrata de restauración, otra de sus empresas, Cantoblanco Colectividades, también presenta dos avales ante el organismo empresarial, uno por valor de 2.769 euros, garantizado por Bankinter, y otro de 3.600 euros, respaldado por Banca March. Los cuatro avales están registrados como indefinidos.

La Cámara es dueña de un tercio de Ifema

Aunque el caso de la Cámara es paradigmático por la particular redacción de su normativa, Fernández se ha hecho con una contrata aún más importante en una sociedad pública en la que se sienta. Así, el empresario madrileño presta el servicio de catering y cafetería en Ifema, el recinto ferial de la Comunidad de Madrid. Fernández se sienta en el Comité Ejecutivo de Ifema porque preside la Cámara de Madrid, institución propietaria del 31% de la feria.

Aunque un portavoz oficial de Ifema asegura que los tiempos en los que se adjudicó la contrata y en los que Fernández se sentó en el Comité Ejecutivo no coinciden, lo cierto es que no había duda de que sería el restaurador el que se sentaría en la silla que le corresponde a la Cámara. Así, Ifema licitó el anuncio el 2 de julio de 2010 y Fernández fue elegido presidente de la Cámara el 7 de julio. La adjudicación se anunció como cerrada en enero de 2011 con Fernández ya desempeñando la responsabilidad en la Cámara más de medio año.

Se da el caso, además, de que Fernández debe un millón de euros a Ifema por el desfase del canon variable pactado con el recinto ferial. Además, Fernández ha tenido que ir a juicio por su decisión de hacer un ERE a los trabajadores que tuvo que asimilar al quedarse con el contrato (un procedimiento habitual en cambio de contratas). Por ahora los trabajadores han ganado el juicio que está recurrido (ver información adjunta).

Desde Ifema recuerdan que ellos no pueden intervenir en los conflictos entre la empresa y los trabajadores, aunque el negocio se esté haciendo en sus instalaciones. Una razón similar a la que el Congreso ofreció cuando se conoció que los trabajadores de la cafetería del hemiciclo cobraban las horas extra en negro.

Omnipresente Arturo

La privilegiada posición de Fernández en la Cámara de Comercio le permite estar sentado en otras instituciones de financiación pública en representación de los empresarios. Es el caso de Avalmadrid, el organismo que ayuda a las pymes madrileñas a conseguir garantías financieras para sus negocios. De hecho, Fernández tiene mano en este organismo por partido doble ya que CEIM también es propietaria del 12% de la sociedad.

Por el protagonismo que hasta hace poco tenía Caja Madrid, Fernández comparte además mesa con cargos designados por la entidad financiera de la que él fue consejero. En Ifema coincidió, sin ir más lejos, con Rodrigo Rato. También, se sientan en estos organismos el presidente de turno de la comunidad o algún cargo delegado por la misma. Antes Esperanza Aguirre, que también estudió en el Colegio Británico, y ahora Ignacio González. El cargo de Fernández hace que su representatividad se retroalimente, por así decirlo.

La relación de Fernández con el PP madrileño es muy estrecha hasta el punto de que ha nombrado a la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero, como el representante de CEIM en Bruselas. Cavero ha pasado recientemente a la primera plana de los medios al ser la principal compradora del polémico ático de Marbella. Según se ha publicado, Cavero compró el piso con la indemnización que se llevó al terminar su relación laboral con Unesa, la patronal de las eléctricas en su sede regional.

Fernández tiene adjudicados también los servicios de cafetería de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento. Precisamente la contrata con la Asamblea de Madrid saltó a la fama en diciembre ya que la Seguridad Social pidió el embargo de sus cuentas por deber más de 400.000 euros en cotizaciones sociales. Fernández presta los servicios a los diputados madrileños con la sociedad "Grupo Cantoblanco Colectividades". Esta sociedad tiene presentados avales ante el Ayuntamiento de Madrid, la dirección provincial del INSS o el Ayuntamiento de Tres Cantos, entre otras instituciones madrileñas a las que presta servicios. Es la misma empresa con la que también tiene dos avales con la Cámara de Comercio regional.

El círculo de la representatividad del empresario se cierra con su polémica llegada a la CEIM. El anterior presidente de la patronal era Gerardo Díaz Ferrán, su pariente y ahora preso en Soto del Real. Díaz Ferrán se fue a presidir la CEOE y designó, a dedo, a Fernández para pilotar a los empresarios madrileños en 2007. Posteriormente, y tras una cierta polémica por este sistema de elección, Fernández convocó elecciones y salió elegido como presidente de la patronal regional.

Este diario se ha intentado poner en contacto en numerosas ocasiones con la patronal madrileña para conocer el mecanismo electoral que ha llevado a Fernández al poder. Sin embargo, eldiario.es no ha logrado hablar con ningún portavoz de la institución, pese a ponerse en contacto por teléfono y por correo electrónico.

Gracias a su cargo en CEIM, Fernández es el interlocutor en el Diálogo Social regional. También es la patronal que recibe las subvenciones de los presupuestos regionales para cursos de formación, entre otras finalidades. Además, este puesto le ha llevado también a ser designado por Juan Rosell, actual presidente de la patronal española, como uno de los vicepresidentes de la CEOE.

El que otrora presumía de amigo del rey, está ahora en un periodo de reflexión, instado por sus compañeros de CEOE, para decidir si continúa con sus cargos después de que se dieran a conocer sus pagos en negro a empleados y sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

goto escribió:si miramos a los que mandan en la derecha de España están TODOS pringados, por ahora la única que está salvándose es Saenz de Santamaría, por ahora