Arias Cañete propone liberalizar el litoral español
El ministro de Medio Ambiente pretende que la ley de Costas sea "compatible con el crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la crisis" | Cuando se aprobó, en 1988, se pretendía preservar la costa y garantizar un desarrollo perdurable y duradero.
¿Ha llegado el momento en que la ola de liberalismo económico inunde también el litoral? ¿Quiere extender el PP este enfoque a sus planes de ocupación de la costa y a los usos en ella? El primer anuncio de calado efectuado por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, va en esta línea y está llamado a provocar una gran polémica. Se confirma la tesis de quienes ven en Arias Cañete un tercer ministro de economía. Arias Cañete se propone llevar a cabo "una reforma muy profunda de la ley de Costas" para que esta sea "plenamente compatible con el crecimiento económico, la generación de empleo y la contribución a la crisis". El ministro estima, pues, que la referida ley no sirve para crear empleo. Pero, en realidad, cuando se aprobó la ley, en 1988, tampoco era ese su objetivo. Con ella se pretendía preservar la costa y garantizar un desarrollo perdurable y duradero.
La pretensión de reformar la ley de Costas con visión economicista es nueva viniendo de la Administración central. Históricamente, en las administraciones con sede en Madrid había prevalecido una voluntad de conservación del litoral, justificable por el deseo de los habitantes de las mesetas de querer tener un acceso expedito al mar desde el interior. Quienes han contribuido más a deteriorar el litoral han sido justamente los propios nativos de las zonas costeras. ¿La prueba? Desde que se aprobó la ley de Costas, en 1988, apenas se cuentan iniciativas autonómicas para ampliar la protección con medidas adicionales.
Sin embargo, en los últimos años ha habido diversas propuestas (de PP, de CiU e incluso del PSOE) para reducir la protección del litoral. La ley de Costas ha comportado conflictos. Pero los expertos creen que una interpretación legal permitiría resolver la mayor parte de litigios. Por ejemplo, el ocasionado por la aplicación de la ley en Empuriabrava (donde miles de propiedades resultan afectadas por una franja de tránsito que parte las fincas).
Para salvar este tipo de contenciosos no era necesario cambiar la ley. Pero el ministro habla de una "reforma en profundidad", lo que deja abierta la puerta a que no sólo se puedan heredar concesiones inter vivos en zonas de dominio público, sino que se sugieren más ocupaciones temporales de suelo por razones económicas e incluso eliminar o recortar las franjas de protección destinadas a salvar ciertos tramos de costas, dunas y humedales. El alcance de la reforma se verá.
"Buena parte de la burbuja inmobiliaria que nos llevó a la crisis estaba alojada en la costa, y en este camino no hay futuro", dice María José Caballero, de Greenpeace. "Hay que que estar atentos a que no se legalicen edificaciones construidas vulnerando la ley de Costas", dice Francisco Segura, de Ecologistas en Acción.
La mayor parte de las críticas contra la ley de Costas tienen su origen en el retraso con que se hizo el deslinde de las zonas de dominio público marítimo-terrestre, destinado a marcar la raya que señala el espacio público y sus zonas de protección respecto a las zonas urbanizables.
En el ínterin, muchos promotores abusaron de la indefinición; ocuparon espacios aceleradamente para plantar una pica en Flandes antes de que se dibujara la raya roja de deslinde. "Y de ahí vienen muchos de los espantos de la costa", dice Cristina Narbona, que activó estos deslindes, aunque no logró en todos los casos evitar esa ocupación. Pero la aplicación de la ley generó un aluvión de conflictos (aunque sólo un 10% llegaron a la vía judicial). Muchos compradores (en gran parte extranjeros) se toparon con que sus propiedades estaban en zonas de dominio público, escrituradas en zonas ilegales.
Los conflictos se tradujeron durante años en la presión de la Plataformas Nacional de Afectados por la ley de Costas (muchos de ellos extranjeros), que llevaron a cabo campañas en contra de la entonces ministra Cristina Narbona. Incluso trasladaron sus quejas a las embajadas de Berlín o Londres, desde donde llovieron las protestas contra la entonces ministra. Posteriormente, Zapatero la destituyó.
"El ministro habla de compaginar protección de la costa y empleo, pero me temo lo peor", dice hoy Narbona. "La visión que trasciende es un modelo rancio y productivista, antiguo, que entiende la prosperidad como regalos fiscales y menor inversión en ciencia. Es justo lo contrario a lo que necesitamos", agrega. Para la exministra Narbona. "Cañete da la idea de que economía y ecología no pueden ir juntas. Volvemos a un modelo de nuevos ricos que nos lleva al camino de la especulación y la destrucción. Propone una pacto por el agua, pero no por la costa".
Los grupos conservacionistas temen que el ministro imponga una contrarreforma ambiental. Su anuncio de agilizar la tramitación de los estudios de impacto ambiental (que acompañan a los proyecto de obras) y favorecer la frecuentación de espacios protegidos han provocado alarma. Es sintomático que en el organigrama ministerial estén segregadas las competencias sobre la Naturaleza. Medio natural (biodiversidad, fauna, parques) dependen del área que analiza el impacto de las obras; y la política forestal se adscribe al desarrollo rural.
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Fuente: La Vanguardia
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