Nepal77 escribió:Me hace gracia que Feijoo diga que la vivienda está inalcanzable, faltan médicos y la educación esta fatal.
- la competencia de vivienda la tienen las CCAA, la mayoría de ellas están gobernadas por el PP.
- la competencia de sanidad la tienen las CCAA, la mayoría de ellas están gobernadas por el PP. Las CCAA son las que contratan al personal. Si faltan ya sabéis quien no está contratando.
- la competencia de educación la tienen las CCAA, la mayoría de ellas están gobernadas por el PP. El gobierno legisla en materia educativa pero las CCAA ejecutan.
¿Veis cual es el problema de la derecha de este país?
Que solo saben echarle la culpa a los demás, pero si ellos gestionan la mayoría de las CCAA y estas tienen esas competencias parte de culpa tendrán, ¿no?
Pues no. Según ellos no.
Sí, las comunidades autónomas tienen responsabilidad en la gestión de la sanidad, la educación y la vivienda. Nadie lo discute. Pero estás pasando muy de puntillas por una cuestión fundamental: las tasas de reposición de efectivos, que vienen fijadas por la legislación presupuestaria estatal, no por cada comunidad autónoma o entidad local.
El artículo 20 de la
Ley 31/2022, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece una tasa de reposición del 120 % para los sectores prioritarios, del 110 % para los restantes sectores y del 125 % para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estas reglas continúan condicionando la planificación del personal de las distintas administraciones debido a las sucesivas prórrogas presupuestarias.
La tasa no se calcula simplemente en función de las vacantes existentes o de las necesidades actuales del servicio, sino a partir del saldo de altas y bajas de personal fijo del ejercicio anterior, conforme a las reglas establecidas en la propia ley.
Simplificando y tomando las jubilaciones como ejemplo, si la base resultante fuera de 100 efectivos y la tasa aplicable fuera del 120 %, podrían incorporarse 120: reponer los 100 efectivos perdidos y añadir 20 incorporaciones adicionales.
Pero, si las necesidades estructurales fueran de 200 profesionales adicionales, la comunidad autónoma no podría incluirlos indistintamente en la oferta ordinaria de empleo público solo porque fueran necesarios. La capacidad de incorporar personal fijo de nuevo ingreso se encuentra condicionada por la legislación presupuestaria estatal.
Estas tasas funcionan como un instrumento de control del crecimiento del gasto de personal dentro del marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, condicionado, a su vez, por las reglas fiscales europeas. Una oferta de empleo público que excediera los límites estatales aplicables podría ser impugnada. Y existen precedentes bastante ilustrativos, como este caso de la Diputación Provincial de Huesca (enlace
aquí).
En aquel caso, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón anuló dos procesos selectivos porque los Presupuestos Generales del Estado para 2014 impedían incorporar nuevo personal. Varios aspirantes habían superado las oposiciones, pero no pudieron tomar posesión. La Diputación alegó que las plazas ya estaban ocupadas por interinos y, por tanto, no suponían un incremento efectivo del gasto, pero el tribunal consideró aplicable la prohibición estatal de incorporación de nuevo personal.
Eso no exculpa a las comunidades autónomas. Para determinar su responsabilidad habría que comprobar:
- Qué margen de tasa tenía cada una.
- Cuánto utilizó realmente.
- Cuántos puestos estructurales nuevos creó (eso puede rastrearse viendo los diferentes Boletines Oficiales).
- Cuántas plazas correspondían únicamente a la estabilización de personal que ya estaba trabajando.
- Cuántas plazas terminaron cubriéndose.
- Cuántas quedaron desiertas.
- Cuánto tiempo permanecieron los profesionales en los destinos adjudicados.
Del mismo modo, tampoco puede ignorarse la responsabilidad estatal por mantener durante años unas tasas de reposición que no se calculan directamente en función del crecimiento de la población, el envejecimiento, la demanda asistencial o el déficit estructural real.
Por tanto, existe una responsabilidad compartida. Las comunidades autónomas deben utilizar correctamente el margen disponible, crear los puestos necesarios dentro de sus posibilidades, convocarlos y mejorar su cobertura. El Estado, por su parte, debe proporcionar un marco presupuestario que permita aumentar realmente las plantillas cuando las necesidades estructurales lo exijan.
Decir simplemente “si faltan médicos, profesores u otros profesionales, ya sabéis quién no está contratando” es una simplificación que ignora cómo funciona realmente el empleo público.
Con la vivienda sucede algo parecido. Las comunidades autónomas tienen competencias importantes, pero también intervienen el Estado, mediante la legislación civil, procesal, económica y fiscal, y los ayuntamientos, mediante el planeamiento, la gestión urbanística y las licencias. Esta fragmentación provoca que unas administraciones trasladen la responsabilidad a otras y que el ciudadano no sepa con claridad quién debía haber actuado en cada momento.
Al final, cada Administración puede defender que ha cumplido formalmente su parte mientras el problema continúa sin resolverse. Y los perjudicados son los ciudadanos.
Un saludo.
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