Es el sueño dorado de muchos. Cobrar el sueldo sin pasar por la oficina. Así lleva desde marzo de 2004 María Lourdes Sousa. Trabaja como administrativa en Tecniseco, una empresa dedicada al suministro de equipos para el control de la humedad ambiental. Bueno, trabajaba, porque desde el 3 de marzo de 2004, según reconoce la propia trabajadora, ha pisado la oficina poco más de veinte días. Son ya más de siete años encadenando bajas por enfermedad. Lourdes es también concejala por el PSOE en el Ayuntamiento de su pueblo, Fresnedilla de la Oliva.
La otra cara de esta historia es la de la empresa que, todavía hoy, sigue pagando a cambio de nada el sueldo de Lourdes. Su empleador, Juan Boeta, dirige una compañía que hunde sus raíces en la iniciativa emprendedora de su abuelo y que hoy tiene una plantilla de 19 empleados. Boeta cuenta que el salario de esta empleada siempre ausente supone una verdadera rémora. «El dinero que nos gastamos en ella nos impide contratar a otra persona, aunque nos hace falta, y también bloquea cualquier posible mejora en las condiciones de sus compañeros». Sousa no percibe ninguna fortuna. Su sueldo ronda los 1.100 euros pero para una pequeña empresa como Tecniseco esto supone un considerable perjuicio.
Pero, ¿cómo es posible que un trabajador permanezca tanto tiempo enfermo sin que se le reconozca ninguna incapacidad? Sousa ha pasado ya en tres ocasiones por un tribunal médico. En todas ellas le denegaron la pensión alegando que «no concurren las circunstancias». El bucle que se repite a costa de la empresa de Boeta es el siguiente. A Sousa le deniegan la prestación, a continuación vuelve a su médico que emite sucesivos partes de incapacidad temporal hasta que vuelve a agotar el máximo de 18 meses. Entonces vuelve al tribunal médico que otra vez responde negativamente. Y vuelta a empezar.
«Que le den la incapacidad o que trabaje»
La trabajadora refiere un historial médico de pesadilla. «En siete años me han operado seis veces y tengo pendientes otras dos intervenciones», cuenta en conversación telefónica con ABC. Fibromialgia, operaciones de espalda en la que le colocaron una chapa metálica, síndrome de fatiga crónica y un largo etcétera de afecciones salpican el discurso de Sousa, que, reconoce que «de la empresa no tengo ninguna queja».
Ella no tiene queja de la empresa, pero la empresa sí tiene quejas de la situación. Boeta dice que «nosotros no dudamos que Lourdes está enferma pero necesitamos que la Seguridad Social dé una solución, porque la que no tiene culpa de nada es la empresa». Tecniseco se ha dirigido a la Administración para remediar un problema tan persistente como gravoso. La respuesta llegó a través del Subdirector Provincial de Gestión de Incapacidad temporal y Otras Prestaciones a Corto Plazo. El mensaje, redactado con la aburrida parafernalia de la burocracia, venía a decir que Tecniseco tiene que aguantarse y seguir apoquinando.
«En el Ayuntamiento no hago nada»
En la empresa no ocultan tampoco su malestar porque, pese a seguir cobrando su nómina sin trabajar, Sousa ejerce como concejal socialista en el Ayuntamiento de su pueblo. Ella se defiende. A la pregunta de en qué consiste su labor en la oposición municipal responde con una palabra: «Nada», y añade que «voy a un pleno cada tres meses y ya está». Además, recuerda que su cargo municipal no está remunerado.
Sousa fue antes que concejala, delegada sindical en Tecniseco, pero tras sus reiteradas ausencias sus compañeros optaron por elegir a otro delegado. El nuevo representante de los trabajadores, Juan Bravo, corrobora la versión de la empresa: «A esto hay que darle una solución ya, si hay que darle una incapacidad que se la den y si no que vuelva a trabajar», reclama. Bravo también confirma que la presencia de Sousa obstruye hipotéticas nuevas contrataciones. En Tecniseco reconocen que, aunque no sería una solución grata, han pensado en el despido de Sousa, pero, tras echar cuentas llegaron a la conclusión de que, con 57 años y 34 de antigüedad en la empresa, les cuesta menos mantenerla en plantilla hasta que se jubile, aunque no trabaje, que pagarle la indemnización que le correspondería en caso de despido. Ella dice que todavía no tiene edad de jubilarse.
Así las cosas la empresa de Boeta se enfrenta a la perspectiva de seguir pagando el sueldo de una empleada ausente y no poder contratar a nadie que la sustituya. Este viernes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe la nueva reforma laboral. El Gobierno ha declarado como uno de sus objetivos el de terminar con la dualidad y las disfunciones en el mercado de trabajo. El caso de María Lourdes Sousa es un ejemplo claro de sinsentido en las relaciones entre empresarios y trabajadores.
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