Saneamientos del ladrillo por valor de 50.000 millones:
Las cuentas no salían y al final el Gobierno ha tenido que claudicar y buscar la fórmula para prestar nuevo apoyo a las entidades financieras, eso sí, después de exigirles los mayores saneamientos del ladrillo que se han visto hasta el momento en la Unión Europea. Hasta ahora, el Estado ha concedido ayudas por importe de 17.616 millones, de los que 10.065 millones se concedieron en forma de préstamo, que ahora le está reportando intereses de unos 700 millones al año; el resto se entregó a cambio de acciones y es complicado que consiga recuperarlo.
Ahora, aportará otros 6.000 millones de euros para reforzar el fondo de rescate (FROB), que prestará más dinero al 8% de interés. El ministro de Economía, Luis de Guindos, que presentó ayer la reforma en rueda de prensa, no quiso apuntar cuánto dinero más necesitarán las entidades (puede ser más de esos 6.000 millones porque el FROB tiene capacidad de endeudarse), pero sí insistió hasta en seis ocasiones en que no son ayudas públicas porque no generan déficit. Sea cual sea su nombre (Bruselas las califica como ayudas de Estado), lo cierto es que en el primer momento no tendrán coste para el contribuyente y sólo lo tendrá si las entidades que reciban ayudas sitúan su nivel de solvencia por debajo del 8%.
La nueva normativa, que aprueba hoy el Consejo de Ministros, exige a las entidades 50.000 millones en saneamientos de sus activos inmobiliarios relacionados con el ladrillo, desde los créditos concedidos a promotoras y constructoras aunque estén al corriente de pago (un 7% de provisiones), hasta el suelo (que asumirá un descuento del 80% en su valor), las promociones (una pérdida del 65%) y las viviendas (una devaluación del 35%).
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